Por qué es que es imposible la rebaja fiscal

Los contribuyentes españoles sufrirían una notable decepción si pensaran seriamente que se puede rebajar o congelar la presión fiscal tal como propugnan el PP y, con matices, CiU y PNV. Pero en cuestión de impuestos los equívocos no son una prerrogativa exclusiva de España, y su gancho electoral parece ineludible.En España ha arraigado la creencia de que durante el decenio liberal de los ochenta disminuyó la presión fiscal en los países occidentales. Es una idea equivocada. En los 24 países industriales miembros de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, con sede en París), el peso de los ingresos fiscales en relación con el PIB (producto interior bruto) subió del 35,2% en 1980 al 38,8% en 1990. Incluso los Gobiernos de Ronald Reagan, George Bush y Margaret Thatcher -lo que más alardearon de rebajas fiscales- fracasaron en sus planes y tuvieron que elevar los tributos.

Margaret Thatcher rebajó el tipo máximo del impuesto sobre la renta del 83% al 40%, pero en el Reino Unido el IVA ha subido del 8% al 17,5% y en conjunto la presión fiscal ha crecido. En Estados Unidos, los ingresos fiscales subieron poco, pero subieron. A pesar de la contundente promesa de Bush -"lean mis labios: no más impuestos"-, los ingresos fiscales subieron del 29,5% al 29,9% en la última década.

En España, la presión fiscal ha experimentado un brutal incremento, el más fuerte de la CE, pero hoy todavía está seis puntos por debajo de la media comunitaria en porcentaje del PIB (ver cuadro). Un riguroso estudio elaborado recientemente por la firma Price Waterhotíse, recogido por The Economist, ha aclarado mucho más esta realidad. Tomando el ejemplo de un matrimonio con dos hijos con un nivel de renta de 60.000 dólares brutos anuales (6,9 millones de pesetas), sitúa a España entre los países con menor coste fiscal. Los consultores de Price -que han utilizado un avanzado sistema informático para calcular el coste que empresas y empleados pagan por Seguridad Social e impuesto sobre la renta- revela una situación muy dispar entre los distintos países. Desde Bélgica y Suecia, en que el coste -para empresarios y empleados- del impuesto sobre la renta y de las cotizaciones representan más del 70% del salario bruto, al caso de España, en que apenas supera el 30%.

A la vista de estos datos es dificil imaginar cómo puede España alcanzar los niveles de equipamiento en infraestructuras y de gasto social europeos sin tina aproximación paralela en materia fiscal. Además, la congelación o rebaja de impuestos, -se plantea en el momento menos oportuno: de mantenerse la tendencia del primer trimestre, los ingresos fiscales en 1993 caerán en más de un billón de pesetas, lo que ya de por sí constituye un gravísimo problema, sin cambiar nada. Es temerario ignorar que los Estados de bienestar, que todos prometen, se han logrado con un gran esfuerzo fiscal. Dado que los tipos impositivos españoles del IRPF ya están a nivel europeo, la única forma de elevar los ingresos es ensanchando la base de declarantes, eliminando el fraude.

Sin embargo, los costes que soportan directamente los empleados españoles (por IRPF y Seguridad Social) son muy elevados. En España, el tipo medio es el 25,8% (por debajo de Suecia y Bélgica, 39%), similar a Alemania (25,9%), pero por encima de Francia (24,3%). Ello revela tanto la escasez de las aportaciones empresariales como la concentración de la fiscalidad sobre la rentas salariales.

Lo cierto es que el IRPF, que recauda el 38% de todos los ingresos fiscales, se ha convertido básicamente en "un impuesto sobre nóminas" como reconoce un alto cargo de Hacienda. Y el profesor José Luis Raymond ofrece otro argumento: al tratarse de un impuesto progresivo y no adecuarse automáticamente su tarifa a la subida de precios cada año, "la inflación se ha convertido en el principal aliado de la recaudación" al elevar paulatinamente el tipo impositivo para un mismo nivel de renta equivalente. Raymond ha calculado los efectos de este fiscal drag (drenaje fiscal) que ha supuesto una importante disminución de la renta neta disponible para las familias entre 1979 y 1990. Así, a un contribuyente que en 1979 tenía una base imponible de 1.150.000 pesetas se le adjudicaba un tipo del 14,4%; en 1990 le correspondería una base equivalente de 3,2 millones de pesetas, pero con un tipo del 19,4%. Es decir, con el mismo nivel de renta bruta real pagaría cinco puntos más de impuestos. Para rentas más altas el aumento de tipos impositivos llega hasta 15 puntos.

También es cierto que las rentas más bajas han resultado favorecidas, pero influyen poco en .la opinión pública. El 25% más pobre, que en 1982 pagaba por IRPF el 5,3%, en 1992 quedó exento. En cualquier caso, el fuerte encarecimiento de la fiscalidad en las clases medias de los asalariados ha ido generando un progresivo descontento. Este malestar se ha agudizado en buena parte por la persistencia de importantes diferencias de las rentas declaradas. Mientras la renta media declarada por los trabajadores en 1990 era de 1.836.942 pesetas anuales, la de los empresarios se situaba en la mitad (1.069.295) y la de profesionales y artistas en 1.986.378 pesetas anuales.

Sin duda, lo más notable de la gestión de Hacienda en este periodo ha sido la afloración de un importante número de contribuyentes que hasta ahora escapaba del fisco. En el último decenio el número de empresarios que pagan por renta ha crecido de 720.000 a 1,5 millones; y el de agricultores, de 87.471 a 833.500.

Pero este aumento de la contribución de los empresarios ha culminado con una práctica revuelta fiscal, especialmente de los pequeños comerciantes, al coincidir con la introducción de un nuevo tributo, el impuesto sobre actividades económicas QAE), que en algunos casos ha supuesto aumentos de hasta el 200% de la tarifa. A la falta de gradualismo -repitiendo el mismo error del catastrazo- se ha añadido la coincidencia de su aplicación con un periodo de crisis económica.

Para Fernando Peña, presidente del Registro de Economistas y Asesores Fiscales, "el error ha sido al trasladar el razonamiento de gravar con similar criterio las rentas periódicas y regulares que perciben los asalariados con las cíclicas de los empresarios". Los cálculos de Hacienda podrían ser correctos si se considerasen las rentas medias

obtenidas durante un periodo de cuatro o cinco años. Para Peña, no tiene justificación aplicar una subida fiscal de esta naturaleza, de golpe y en un momento en que muchas empresas han reducido fuertemente sus beneficios o están en pérdidas".

Varios analistas coinciden en criticar el trato de privilegio que se da a los, patrimonios ociosos Las plusvalías obtenidas con la venta de antiguas propiedades no pagan impuestos si tienen más de 20 años, mientras que los beneficios de las empresas productivas tributan al 35%. También censuran que los capitales invertidos en fondos de inversión tengan una tributación casi nula mientras que al ahorro popular se le retiene el 25%.

Todo este descontento ha quedado reflejado en las últimas encuestas del CIS. Hoy, un 75% de ciudadanos cree que los impuestos no son justos, cuando hace siete años lo creía un 68%.

Este Panorama de malestar ha convertido a los impuestos en uno de los campos de batalla de las próximas elecciones. El Partido Popular, que hace unos meses lanzó su propuesta de rebajar impuestos, ha corregido el tiro y hora una congelación propone a, para rebajarlos más adelante. Luis Gámir, uno de los responsables de la política fiscal del Partido Popular, afirma que se trata de aplicar la rebaja "en un plazo de cuatro años, pero todo depende de la herencia recibida".

IU plantea una reforma en un sentido distinto. Elevar la progresividad del IRPF y del impuesto sobre el patrimonio, considerar corno renta las prestaciones del desempleo y eliminar la exención ¿le las plusvalías obtenidas en cuantías inferiores a 500.000 pesetas. IU dedica especial atención a la recaudación sobre las grandes fortunas, diferenciando entre patrimonio productivo e improductivo.

Los socialistas, más próximos a la gestión del gasto, y por tanto a la necesidad de mantener los ingresos, se han mostrado muy cautelosos en ofrecer rebajas. Sus propuestas son genéricas y afectan a la reforma del impuesto de sociedades, del IAE y de la Ley General Tributaria para potenciar la lucha contra el fraude.