La Junta andaluza reconoce que hubo irregularidades en una adjudicación

El consejero de Gobernación de la Junta de Andalucía, Ángel Martín Lagos, reconoció ayer en el Parlamento regional que los contratos con la empresa Inpiasa para el seguimiento informático de las elecciones autonómicas de 1990 registraron al menos tres irregularidades administrativas y "una incompatibilidad moral".Los dueños de esta sociedad, los primos Urbano Cepas Rojas y Urbano Cepas Fernández, así como el ex jefe de seguridad de la Junta, Manuel Guitérrez Copado, están imputados por presuntos delitos de falsedad y cohecho en relación con esta adjudicación, valorada en más de 100 millones de pesetas, que investiga la juez de instrucción número 17 de Sevilla, Pilar Llorente, dentro del sumario del caso Ollero.

El consejero admitió que en los dos primeros contratos (en total fueron cuatro) no se depositó la fianza preceptiva a su tiempo ni tampoco se hizo publicidad de la adjudicación. El tercero de ellos, del alquiler del soporte infórmático, se firmó a pesar de que la empresa no tenía la clasificación fiscal exigida.

Las esposas de los titulares de Inpiasa, Antonia Ruiz y Francisca Milla -a su vez poseedoras cada una del 10% de las acciones de la empresa-, fueron nombradas funcionarias interinas de seguridad por Gutiérrez Copado, quien mantenía una larga amistad con los primos Cepas y había sido socio de unos de ellos. Gutiérrez Copado, según aseguró el Partido Andalucista (PA), colocó también como agentes a otros cuatro paisanos suyos y a un sobrino de su esposa.

Inpiasa, constituida pocos meses antes de las elecciones, tiene como primer objetivo social "el corte, elaboración y tratamiento de la piedra".