Ayuda al consumidor
LA DECISIÓN del último Consejo de Ministros de regular el sistema de arbitraje en el ámbito del consumo constituye un paso importante en la institucionalización del papel del consumidor en una sociedad basada en la oferta cada vez más compleja de bienes y servicios. Se pretende que el ciudadano consumidor disconforme con un producto o un servicio pueda llegar a un acuerdo con el proveedor evitándose el largo peregrinaje judicial. La decisión no sólo beneficia al consumidor paliando su crónico desvalimiento en un sistema productivo-comercial que, sin embargo, le halaga, le solicita y le encumbra poco menos que a la consideración de rey.... pero despojado de sus atributos y derechos. También sirve, por. añadidura, para aligerar la carga de la justicia civil, en España: el 70% de los asuntos que la atascan tiene que ver con reclamaciones de usuarios y consumidores.Aunque hace tiempo que de forma experimental funciona en España el sistema de arbitraje entre consumidores y comerciantes -en la actualidad existen 24 juntas arbitrales-, se echaba en falta una regulación legal que lo consagrase a los ojos de sus directos, beneficiarios (empresas y usuarios de sus bienes y servicios) y, en general, a los de la sociedad entera. Con ello se acorta un poco más la abismal distancia que ha separado a España del nivel medio comunitario en, cuanto a protección del consumidor, que ha propiciado en el pasado tragedias como las de la colza y que en el presente explica la persistencia de cuantiosos abusos frente a los derechos del consumidor.
