La reforma de Hillary

Al llegar frente al mostrador de un hospital, donde una displicente enfermera pregunta sobre la forma de pago de los servicios médicos solicitados, un ciudadano norteamericano tiene cuatro opciones: enseñar su tarjeta del seguro público Medicaid, mostrar su tarjeta de un seguro privado, cargarlo a su tarjeta de crédito o dar media vuelta y soportar estoicamente el dolor. Más de 37 millones de estadounidenses se ven obligados a optar por esta última solución. Para poner remedio a esta situación, Hillary R. Clinton prepara una profunda reforma sanitaria.

No faltan razones por las que la reforma del sistema sanitario, en la que ahora mismo trabaja Hillary Rodham Clinton al frente de un equipo de 500 personas, sea la gran prioridad de la Administración demócrata, sólo comparable con la solución de los problemas económicos. Esos 37 millones de personas sin acceso al cuidado sanitario son, únicamente, la prueba más evidente de un sistema que no funciona, un sistema en el que Estados Unidos gasta cada año casi un billón de dólares (120 billones de pesetas), que contribuye casi al 50% del aumento del déficit público anualmente, que supone más del 12% del Producto Interior Bruto de este país, y que, sin embargo, deja desprotegidas a millones de personas o en manos de compañías de seguros pirañas a otros muchos millones.La ambición de la reforma que se plantea el Gobierno de Bill Clinton es, nada más y nada menos, proveer cobertura sanitaria a toda la población. Hacer eso únicamente a costa del erario público supondría, según los cálculos que se barajan, el de sembolso de hasta 100.000 millones de dólares en el plazo de cuatro años, cantidad que la defici taria economía norteamericana no puede, ni aproximadamente, permitirse.

Clinton quiere corregir los problemas del actual sistema sanitario sin que éste deje de ser fundamentalmente privado"Necesitaríamos que los empresarios paguen por sus empleado y que el Estado pague por lo que no tienen empleo, dentro de un sistema que le exija a cada uno pagar con arreglo a sus posibilidades", afirma el presidente.

Poner en movimiento, sin embargo, la actual estructura sanitaria norteamericana para aproximaría a los deseos de Clinton puede ser una misión que exceda con mucho los cuatro años de gestión de una Administración.

Asistencia pública

La sanidad estadounidense está actualmente asentada sobre dos pilares fundamentales: los seguros privados, que amparan a cerca de 180 millones de personas, y la asistencia pública, conocida como Medicaid, y que afecta tansólo a los 35 millones de norteamericanos que viven por debajo del nivel de la pobreza.

El Medicaid permite una asistencia sanitaria básica y prácticamente gratuita a los individuos con ingresos inferiores a los 7.000 dólares (840.000 pesetas) anuales, a las familias de dos miembros con no más de 9.500 dólares (1.140.000 pesetas) al año, 11.000 dólares (1.320.000 pesetas) si se trata de una familia de tres y así sucesivamente.

Por encima de esas cantidades, el Estado sólo cubre los gastos sanitarios en caso de emergencia por accidente, catástrofe natural u otros casos excepcionales. Es impresindible, pues, para la clase media afrontar el gasto y las condiciones que exigen las compañías de seguros.

Estas compañías, que abundan por docenas en los diferentes Estados del país, ofrecen toda una gama de modalidades de seguro, cuyo precio, en función de la edad del beneficiario y de la cobertura de la poliza oscila, entre los 100 y los más de 1.000 dólares mensuales.

Algunas ideas que se barajan en el nuevo proyecto sanitario son, por un lado, recortar los gastos que genera la actual estructura y, por otro, hacer que las empresas contribuyan en mayor medida al pago de los servicios sanitarios de sus trabajadores. Se calcula que el 20% de los gastos sanitarios están motivados por los altísimos salarios de los médicos. Un cirujano norteamericano gana, como media, 250.000 dólares (30 millones de pesetas) al año, y un médico de medicina general, 112.000 dólares (13.440.000 pesetas). Casi otro 20% más de los gastos están dedicados al pago de la burocracia creada por el actual sistema.

En cuanto a las contribuciones de las empresas, según un estudio del Departamento de Tra bajo, el 48% de los empleados en compañías de más de 100 traba jadores tienen su seguro privado pagado, aunque no el de sus fa milias. Si se incluyen a las familias, ese porcentaje desciende hasta el 30%. En las empresas de menos de 100 trabajadores, la cobertura sanitaria al empleado es prácticamente inexistente. Tampoco se aplica esa cobertura a los trabajadores con contratos de tiempo parcial.

Todas estas imperfecciones del sistema norteamericano han provocado que en los últimos años se hayan levantado varias voces en favor de un sistema total o mayoritariamente público. El modelo al que se mira con mayor entusiasmo es el de Canadá, donde el Estado es la principal compania aseguradora y donde su gasto en salud supone un 6% de su producto interior bruto, exactamente la mitad del estadounidense.

Sueño imposible

El problema, sin embargo, es de tal dimensión en Estados Unidos que, si el Gobierno de este país quisiera de repente hacerse cargo de la atención de los 37 millones de personas sin ningún tipo de seguro, le costaría, según los cálculos del equipo de Hillary Rodham, unos 175.000 millones de dólares (21 billones de pesetas). Un sueño imposible, incluso en América.Los seguros de enfermedad suelen estar básicamente divididos en individuales y familiares, y estos últimos cubren, por lo general, a los dos cónyuges y a todos los hijos menores de 25 años. Un buen seguro en una compañía de prestigio para una familia cuyo titular se encuentra entre los 40 y los 45 años cuesta 385 dólares (46.000 pesetas) al mes con cobertura para todos los miembros de la familia.

Según advirtió esta semana Ira Maganizer, director del equipo de trabajo de la primera dama, las enfermedades crónicas que actualmente no cubren los seguros privados tampoco podrán incluirse dentro de la reforma de la sanidad pública.