Los órdenes normativos en el México actual

La variedad y extensión de las modalidades criminales que en el México actual se están realizando es un tema del que se habla poco. Tal vez por falta de identificación de los fenómenos, tal vez porque ya se consideran cotidianos o porque parecen preferibles frente a las muertes, las desapariciones y las matanzas. A pesar del negacionismo o ninguneo, se acumula la evidencia sobre las extorsiones a que están expuestos amplios y diversificados sectores de la sociedad. Reporteros, columnistas e investigadores están dando cuenta de las maneras como se imponen pagos a las personas por hacer o no hacer ciertas actividades. A las tradicionales modalidades de los “derechos de piso”, se han agregado cobros a quienes reciben pagos de los programas del bienestar o remesas, agua para riego agrícola o consumo doméstico, o por el número de metros cuadrados de sus propiedades rurales o urbanas.

La falta de identificación y estudio de las criminalidades extorsivas tiene mucho que ver con la manera en la que están asociadas con la violencia. En los programas e informes gubernamentales tienen centralidad los macabros recuentos de personas muertas y “abatidas”, los detenidos y los decomisos. A los daños sufridos por las personas y los entornos familiares y sociales se les ha asignado un papel secundario, prácticamente testimonial o de acompañamiento. Las personas desaparecidas, las levantadas, los huérfanos y las viudas, los daños psicológicos y económicos a las poblaciones, y las pérdidas de sentidos individuales o colectivos han dejado de tener relevancia programática e institucional.

La manera en la que está concebida la lucha contra la delincuencia, parte del supuesto de que la violencia ejercida por las organizaciones delincuenciales puede llegar a competir con el monopolio coactivo del Estado, sobre todo si adquieren dominios territoriales. Esta noción no es equivocada, pero resulta parcial. Ningún Estado puede subsistir si carece de un dominio sólido para imponer las normas jurídicas generadas por sus órganos y autoridades. Tienen razón entonces quienes piensan que no pueden cederse espacios de coactividad a las organizaciones criminales, sencillamente porque estas terminarían por monopolizar o “cartelizar” el uso de la fuerza necesaria para imponer las normas mediante las cuales se pretende que se comporten los integrantes de una sociedad.

Lo que esta visión pierde de vista es que ningún orden social descansa en la constante y común imposición de sanciones, sino que, por el contrario, esta debe ser extraordinaria. Dicho de otra manera, ningún orden social puede sostenerse cuando el grueso de sus destinatarios incumple con sus mandatos y sus autoridades deben imponer sanciones a diario y a muchos. Es por ello que desde el momento en el que la estrategia de combate a la delincuencia se encuentra dirigida a la destrucción de los medios coactivos de las organizaciones, se está dejando de lado la intervención sobre la formación de un tejido normativo-social de carácter delictivo.

Pensemos en lo que acontece en la cotidianeidad con un comerciante, importador, transportista, propietario, beneficiario o, más genéricamente, participante en la vida económica o social de nuestro país. Para actuar frente o en el orden jurídico mexicano, esa persona tiene que obtener diversas licencias o permisos, puesto que las actividades que lleva a cabo están estatalmente reguladas. Los horarios de realización de sus actividades, la calidad de los bienes o servicios prestados, la procedencia de sus mercancías o el destino de sus desechos, deben efectuarse de una determinada manera a efecto de impedir daños a terceros o situaciones que puedan producirlos. Quienes se adentran en prácticamente cualquier actividad han de pagar impuestos por los ingresos obtenidos o derechos por las autorizaciones correspondientes. El incumplimiento del pago de los impuestos o los derechos trae aparejado sanciones en forma de multas, suspensiones, clausuras u otras modalidades coactivas semejantes.

A la posición estrictamente institucional de quien participa productivamente en la industria o el comercio, suelen sumarse otros tipos de amenazas por parte de los servidores públicos, en forma de extorsiones o amenazas. Más allá de contar con todos los requisitos administrativos y legales necesarios para operar, existen medios extorsivos para extraer riqueza de los generadores o prestadores de bienes y servicios en favor de las autoridades. Estas últimas ejercen su poder, respaldadas —desde luego indebidamente— en el aparato coactivo del Estado al tener la posibilidad de —también indebidamente— impedir la realización de esas actividades.

Desde lo que por economía del lenguaje llamaré normatividad o coacción “estatal”, los sujetos sociales están sometidos a las amenazas que rigurosamente se sustentan en las normas jurídicas y a aquellas que provienen de los funcionarios públicos. Con independencia de sus evidentes diferencias, ambas están respaldadas por la coacción estatal en la forma de las antedichas multas, clausuras, años de cárcel u otras modalidades semejantes.

En el México actual, además de estas “normatividades” y coacciones “estatales”, los sujetos se encuentran sometidos a las crecientes “normatividades” y coacciones delincuenciales. Quien tiene un puesto, un camión o una flotilla de ellos, o quien pretende obtener determinados metros cúbicos de agua para una futura siembra, tiene que pagarle en dinero o en especie a un grupo delincuencial para que ello sea posible. El entorno delictivo cuenta con su propia normatividad en lo que respecta a quién puede exigir a otro una contraprestación por permitir u omitir ciertas conductas. También, sobre las modalidades de cumplimiento y las eventuales sanciones en caso de no aceptación o posterior incumplimiento, sea esto en la forma de destrucción de bienes, golpes, desapariciones o privación de la vida propia o de los allegados.

Al igual que con la coacción estatal, aun cuando tal vez de manera más difusa pero no menos amenazante, la coacción delincuencial determina de manera creciente los modos de conducta de diversos sectores sociales y económicos. Quien quiera abrir, operar, mantener o expandir una determinada actividad que por las razones que sean ha sido identificada de interés para la delincuencia, pronto advertirá de la existencia de una normatividad paralela o adicional a la estatal. También, que la subsistencia de su quehacer dependerá del simultáneo cumplimiento de ambas normatividades. Que, por una parte, el incumplimiento de la estricta normatividad estatal puede acarrearle sanciones institucionalizadas. Que, asimismo, el incumplimiento de las ilegales extorsiones funcionariales puede traer consigo la imposición de consecuencias jurídicas. Que, finalmente, el incumplimiento de las normatividades delincuenciales puede acarrearle sanciones del mismo carácter.

En el México actual, un número creciente de personas están sometidas a tres órdenes normativos distintos. Uno, el estrictamente estatal, identificable por las fuentes del derecho –Constitución, leyes, reglamentos, sentencias, etc.— producidas por un sinnúmero de autoridades federales y locales. Otro, por las “normas” generadas por diversas autoridades de un modo no centralizado o institucional, pero finalmente respaldado en el aparato coactivo estatal que sí cuenta con este carácter. Y el tercero, caracterizado por las “normas” de comportamiento generadas por las delincuencias y respaldadas por sus propios “códigos” y acciones coactivas.

La identificación de estos tres “órdenes” normativos y de su coexistencia permite comprender que el enfrentamiento a los aparatos coactivos de grupos de la delincuencia es solo una parte del problema para imponer el orden jurídico nacional. Que si bien es necesaria la supresión o acotamiento de los aparatos de violencia de las delincuencias en tanto mecanismos de respaldo de sus normatividades, ello no basta para desaparecer la pluralidad normativa que está poniendo en entredicho la legalidad y legitimidad del Estado mexicano.

@JRCossio