Las reformas institucionales y los juristas

La trigésimo octava edición de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) tuvo una peculiaridad en su vinculación con el derecho. Como en otros años, se presentaron diversos libros para dar cuenta del estado de los derechos humanos, las instituciones y otros temas jurídicos relevantes de actualidad. Al preparar mis presentaciones, pensé que el papel de los autores y comentaristas sería dar cuenta de la defunción de algunos de los más importantes órganos y funciones del constitucionalismo democrático mexicano; que nos limitaríamos a narrar los logros que, penosa e incompletamente, habíamos alcanzado, para luego dar cuenta de la manera en la que estaban desapareciendo con los cambios constitucionales de los últimos tres meses.

En el orden de las presentaciones en que participé, consideré que primeramente daríamos cuenta de la manera en la que se está devastando al Poder Judicial Federal y al de las entidades federativas; que además de decir —como de hecho lo hicimos— que los innegables problemas de la función judicial en cuanto a acceso, corrupción e ineficacia tenían que enfrentarse decididamente, y advertiríamos que los cambios a que está dando lugar la reforma en marcha, se traducirán en la completa destrucción de la judicatura para quienes menos tienen. Pensé que en otra intervención los presentadores nos limitaríamos a señalar que la función de defensa de los derechos humanos por los órganos constitucionales autónomos quedaría subordinada al Ejecutivo Federal y a su administración pública. En otro ejercicio más, que nuestro papel sería constatar el abusivo uso que del concepto de seguridad pública se está haciendo por parte de las instituciones gubernamentales civiles y militares en materia de transparencia. Finalmente, imaginé que en otra presentación nos limitaríamos a cotejar los avances de la militarización que nuestro país vive y sufre desde hace años y, particularmente, en el último sexenio presidencial.

Lo que parecía que iba a traducirse en meros actos de certificación mortuoria, terminó adquiriendo un sentido distinto en quienes participamos en los actos académicos de presentación de, al menos, cuatro libros. Cada uno expuso y todos convenimos en que los libros y las consiguientes presentaciones eran y debían ser algo más. Algo que nos apartara de los rituales necrológicos a que las reformas constitucionales parecen querernos conducir. De un modo espontáneo, pero, al mismo tiempo, curiosamente concurrente, consideramos que los libros que presentamos debían constituirse en puntos de partida de una nueva conversación y, sobre todo, de una exigencia ciudadana al oficialismo dominante.

Los libros en los que tuve la oportunidad de participar —y estoy seguro de que muchos otros actualmente en publicación— están presentando las condiciones en las que la imperfecta democracia actual le está entregando a la nueva clase gobernante una parte importante de la institucionalidad nacional. En estos libros constan las buenas y malas condiciones en que se encuentran los poderes judiciales, los órganos constitucionales autónomos, la protección de los derechos humanos, la división de poderes, el sistema federal, las responsabilidades públicas, el combate a la corrupción, el control de las finanzas públicas y, aquí sí, un largo etcétera.

Si tenemos a la vista el contenido de los libros que reportan las actuales y, desde luego, difíciles condiciones de operación y los problemas que se están dando en cada una de esas materias, hay mucho que hacer con ellos para no limitarnos a constatar la muerte de la institucionalidad existente. Los libros a los que me refiero deben ser considerados como actas de entrega de lo que se les está dando a las nuevas autoridades gubernamentales para, a partir de ellos, exigirles que cumplan con todas las promesas de mejoramiento que han hecho para justificar los cambios que ellas mismas nos han impuesto.

Para llevar a cabo sus muchas y arriesgadas reformas, el oficialismo nos ha dicho que en adelante habremos de tener mejor impartición de justicia, mayor protección a los derechos humanos, más eficacia en los recursos públicos y, una vez más, otro muy largo etcétera. Con independencia de que en la actualidad podamos creer o no en esas promesas —y yo desde luego no lo hago—, lo cierto es que los libros presentados en la FIL —y muchos otros del mismo tenor— nos permiten elaborar un amplio y detallado listado a partir del cual las tan celebradas reformas debieran implicar sustanciales y notorias mejorías. Los libros como los presentados deben constituirse en la base de distintos observatorios respecto a lo que las reformas vayan deparando y finalmente proporcionen.

Las autoridades actuales han hecho uso de su aplastante mayoría para modificar a su gusto y necesidades la Constitución y las leyes. En esos ejercicios le han negado participación a quienes pensaban diferente o, al menos, proponían soluciones distintas. Han querido y han podido decidir por sí y ante sí, la futura estructura institucional de nuestro país. Al hacerlo no han operado en el vacío. Han recibido una realidad imperfecta a la que aspiran perfeccionar. Democráticamente les es exigible que, habiendo impuesto su voluntad, en el futuro próximo, todos o al menos muchos más que antes, se vean beneficiados por las instituciones que quisieron y pudieron transformar. El papel que en estas justas y necesarias tareas de exigencia y control ciudadano habrán de cumplir los juristas, fue patente en la FIL de Guadalajara y, espero que desde ahí, en otros muchos lugares, personas y afanes.

@JRCossio