Francia se niega a realizar cualquier despenalización del consumo de drogas

La droga, la violencia urbana y la inmigración clandestina son los tres satanes que se ha propuesto combatir Charles Pasqua, el nuevo ministro del Interior francés. Tras la reciente decisión de despenalizar el consumo de drogas adoptada en referéndum por los italianos, Francia es el único de los grandes países de Europa occidental que sigue enviando a la cárcel a cualquiera que se fume un porro.

La decisión del pueblo italiano no ha hecho cambiar un ápice la posición francesa, como no lo habían hecho en años anteriores la tolerancia de países como España u Holanda y sus distinciones entre drogas blandas y duras y consumo y tráfico de estupefacientes. El último ministro socialista del Interior ya repitió hasta la saciedad que la despenalización del uso de estupefacientes «no es un tema de actualidad" en Francia. Para simbolizar esta actitud, Quiles nombró coordinador de la lucha contra la toxicomanía al durísimo comisario Robert Broussard.Quiles insistía en que la aplicación en Francia de los acuerdos de Schengen sobre la libre circulación de las personas en la Comunidad Europea, dependería de "una armonización de las legislaciones europeas en los terrenos de represión de la toxicomanía y la inmigración clandestina". Holanda, país donde la venta de drogas blandas es autorizada en determinados cafés, fue puesto en la picota por el Ministerio francés de Interior.

En los últimos meses, la policía francesa practica numerosos controles en las autopistas del Norte del país que comunican con Holanda. Para desanimar a los franceses que puedan verse tentados por la idea de viajar a Amsterdam para comprar estupefacientes, los policías suelen invitar a equipos de la televisión a filmar las operaciones en que capturan como si fueran peligrosos criminales a personas que han entrado en Francia con algunos gramos de hachís.

Las experiencias realizadas en Suiza y otros países para garantizar a los heroinómanos un suministro de su droga en centros públicos también son condenadas en Francia. A las autoridades francesas ni tan siquiera se les pasa por la cabeza la idea de legalizar el empleo de metadona en sus hospitales.

Un año de prisión

Francia es, junto con Luxemburgo, el único país de la Comunidad Europea que envía a la cárcel a los meros consumidores, según informa el diario Libération en un artículo titulado: 'Francia, sola en la línea dura'. El uso de cualquier sustancia considerada ilegal, y eso quiere decir un canuto o una raya de cocaína, puede suponer una pena de entre dos meses y un año de prisión. A ese castigo se le puede añadir los entre 2 y 10 años de cárcel que pesan sobre el delito de posesión. Los traficantes, por su parte, arriesgan penas de entre 2 y 20 años de reclusión.En este asunto, Pasqua representa la continuidad. Este antiguo representante de una popular bebida anisada convertido en duro y fogoso ministro del Interior, no hace la menor diferencia entre consumo y tráfico de estupefacientes, o entre marihuana y heroína. Las instrucciones que acaba de dar a la policía son firmes: lucha sin cuartel contra todo lo que coloque, excepción hecha del alcohol.

Francia paga el precio de esta extrema firmeza en términos de bloqueo de la máquina policial, judicial y penitenciaria. En las comisarías, los juzgados y las cárceles se agolpan los pequeños consumidores. Conscientes de los riesgos de esta situación, algunos policías y jueces proponen un menor monolitismo. En los ambientes médicos también hay partidarios de una actitud más matizada.