La OCDE recomienda al Gobierno "mano dura" contra el déficit público para recuperar credibilidad
El Gobierno de Felipe González, según el informe anual de la OCDE específico sobre España, ha tardado en darse cuenta de la gravedad de la situación económica. Cuando ha querido ponerle remedio, ya se había instalado un clima de desconfianza en los agentes económicos nacionales e internacionales. La OCDE reprocha al Gobierno algunas actitudes adoptadas antes de que decidiera una política de saneamiento: excesiva alegría presupuestaria, aumento de la burocracia, protagonismo exclusivo de la política mnetaria en la lucha contra la inflación, templanza en el combate contra el fraude fiscal y debilidad en la reforma del mercado laboral. La organización aconseja una efetiva moderación del gasto público y de los salarios.
El informe sobre la situación económica española que la OCDE presentó ayer en París, y que fue redactado antes de que se conociera el adelantamiento de las elecciones legislativas, advierte con claridad que, "para recuperar la credibilidad", la política económica española debe ser llevada "con mano firme" su lucha para reducir el déficit. "El final de la fase de expansión", afirma el informe, "ha sacado a la luz los desequilibrios macroeconómicos y las lagunas estructurales de la economía española". "Esos factores", añade, "contribuyen a agravar la recesión de la actividad".La OCDE recomienda "firmeza" a la política gubernamental y "sacrificios" a los ciudadanos. España, aseguran los expertos de esta organización multinacional, no debe contar exclusivamente con los factores exteriores que sostuvieron su crecimiento en los ochenta, en particular el aluvión de inversiones extranjeras.
Este flujo de capital foráneo según sus previsiones, seguirá durante un tiempo su tendencia a la baja. "Las multinacionales que desempeñan un papel clave en los sectores más dinámicos de la economía española pueden verse tentadas a aplazadar sus decisiones hasta el regreso de condiciones más normales a los mercados financieros y de cambio", afirma el informe. A corto plazo, se asistirá a una repatriación de beneficios. "España debe contar con sus propias fuerzas", dice.
Clima de desconfianza
El Plan de Convergencia presentado el pasado año por el Gobierno y las siguientes medidas de austeridad presupuestaria, llegaron, deice la OCDE, "demasiado tarde para influenciar de manera significativa el clima de confianza de las empresas". Los medios económicos nacionales e internacionales ya estaban muy inquietos por "el agravamiento del déficit presupuestario y la degadación de los indicadores de la actividad económica". De ahí, entre otras cosas, los ataques especulativos que obligaron a devaluar dos veces la peseta.
En el capítulo quinto y último del informe, la OCDE da una serie de recetas a aplicar por las autoridades nacionales y autonómicas, los empresarios y sindicatos y los particulares. Muchas de ellas están ya previstas por el Gobierno, pero se insiste en que se lleven a la práctica más deprisa o con mayor rigor. "La política económica debe ser llevada con mano firme para hacerla creíble de nuevo", afirma con rotundidad. En primer lugar, señala, es necesario que las medidas de austeridad presupuestaria sean aplicadas totalmente. Un saneamiento de las finanzas públicas es imprescindible, añade.
La OCDE, que en los últimos años ha jaleado la lucha contra la inflación del Gobierno, lamenta ahor aque lapolítica monetaria haya "cargado con el esfuerzo principal" de la misma. El protagonismo casi exclusivo de la política monetaria ha conducido a "tipos de interés muy elevados, una sobrevaloración de la peseta y grandes desequilibrios entre los distitos sectores enocómicos". "Estos factores", añade, "han afectado al potencial de crecimiento de la economía".
El ajuste del déficit presupuestario, sñala la OCDE, deberá centrarse en los gastos del Estado. Ante todo hay que conseguir una Administración más reducida y menos costosa. "En los últimos años", afirma el informe, "la progresión de los efectivos de la Administración y de sus salarios ha sido excesiva a todos los niveles". El Gobierno español "debe atacar de manera sistemática" el problema del exceso de funcionarios. También debe situar sus aumentos salariales por debajo de la inflación.
Otro frente a cubrir con ungencia es, según la OCDE, "la reducción de las subvenciones a las empresas y los servicios públicos". Y ello no sólo por razones presupuestarias, sino para "incitarles a mejorar su eficacia".
A continuación, la OCDE, como ya había hecho en los dos años anteriores, envía un severo mensaje a los gobiernos autónomos. Su participación en el esfuerzo de austeridad presupuestaria es "indispensable". "La descentralización se ha visto acompañada de un neto aumento del empleo en las administraciones regionales sin la correspondiente disminución en la administración central", dice el informe. La OCDE considera que "los gobiernos regionales han procedido a reclutamientos mucho más numerosos de lso que justificaban sus necesidades".
Acelerar privatizaciones
La aceleración de las privatizaciones y de la financiación privada en los grandes proyectos de infraestructura ayudaría a reducir el endeudamiento y el déficit del sector público, afirma la OCDE. "Ello evitaría frenar las inversiones públicas, una solución fácil que adoptan numerosos países enfrentados a déficit importanes", añade.
La OCDE da otro coscorrón al actual Ejecutivo al proclamar: "Es posible frenar el fraude fiscal en materia de IVA y de impuesto sobre la renta de las personas físicas, y el Gobierno debería emplearse en ello más de lo que lo ha hecho hasta el presente".
Tras subrayar que el paro es "muy elevado" en España, la OCDE recuerda su receta clásica para intentar ponerle remedio: una mayor flexibilidad del maercado de trabajo. A falta de acuerdo entre los interlocutores sociales, las autoridades deberían aboolir las Ordenanzas Laborales, calificads de "leyes corporativistas". También tendrían que introducir un sevicio mínimo en los servicios públicos en huelga y simplificar y acortar los procedimientos de despido.
Un nuevo reproche le cae al Gobierno cuando la OCDE afirma: "Ninguna iniciativa ha sido adoptada para remediar el hecho de que el sistema semicentralizado de negociación de salarios esté mal adapatado a laos problemas planteados por las fuertes disparidades existentes entre regiones y empresas".
La organización internacional lanza un llamamiento a los actores sociales y económicos: "Es esencial preservar la competitividad del país". En ese sentido, invita a los empresarios a "oponer una resistencia más firme a las revindicaciones salariales excesivas", y a los sindicatos a "moderar sus demandas".
