Eligio Hernández persigue la nulidad del 'caso Filesa' por vulneración de derechos fundamentales

El fiscal general del Estado, Eligio Hernández, asumió ayer directamente la iniciativa de pedir al Tribunal Constitucional que admita a trámite los recursos de los querellados del caso Filesa, en los que se persigue un pronunciamiento de nulidad de algunas de las actuaciones del juez instructor, Marino Barbero, por vulneración de derechos fundamentales. Esta postura es contraria a la de los fiscales del Constitucional, que consideran "improcedente" la admisión de los recursos y que se han acogido al Estatuto del Ministerio Fiscal para discrepar abiertamente de las órdenes de Hernández.

Hernández; consideró que el registro del Banco de España ordenado por el juez Marino Barbero debía considerarse nulo, al entender que la trascendencia del tema fue "colosal", y calificó tal registro de "allanamiento inesperado". Hernández llegó a decir que igual que Barbero decidió registrar el Banco de España "pudo entrar en el palacio de la Moncloa o en La Zarzuela".El fiscal del Estado subrayó que asumía "directamente" la iniciativa del recurso al Constitucional, pero anunció que la próxima semana se reunirá con la Junta de Fiscales del Tribunal Supremo para que analice si su decisión puede ser ilegal o improcedente, ante la invocación del artículo 27 del Estatuto por los fiscales del Constitucional.

Eligio Hernández argumentó que es conveniente que el alto tribunal admita a trámite el recurso de Navarro, pues, aparte de que no se le debe hurtar la posibilidad de pronunciarse sobre el asunto, así se despejarían las dudas sobre si la no petición de suplicatorio al Parlamento tiene consecuencias en la instrucción de las causas contra aforados y sentaría jurisprudencia sobre cuándo se deben tramitar los suplicatorios a las cámaras en los procedimientos abreviados. El caso Filesa, aunque se encuentra en diligencias previas, se tramita como un procedimiento abreviado.

El recurso presentado por la defensa de Carlos Navarro al Constitucional pretende que este organismo defina el momento en que un tribunal debe pronunciarse sobre una alegación de vulneración de derechos fundamentales. Hasta ahora, ese momento se dilataba hasta el comienzo del juicio oral, en una especie de vista preliminar, tal como se hizo en el caso Naseiro. El resultado fue que se tardaron dos años en decretar la nulidad de las pruebas desde que ésta fue planteda.

Lo que pretenden los abogados del caso Filesa es que el Tribunal Constitucional permita emitir un pronunciamiento sobre vulneración de derechos fundamentales en el mismo momento en que éste se produzca, sin esperar al término de la instrucción y comienzo del juicio oral.

Eligio Hernández pidió a todas las fuerzas políticas que se retiren de todas las causas sobre corrupción en las que estén personados, como primera medida para despolitizar la justicia, eliminar el clima de tensión en la judicatura y salvaguardar la independencia judicial. "Cuando una fuerza política se persona en un proceso, lo que menos le interesa es la búsqueda de la verdad", dijo Hernández.

El fiscal general del Estado afirmó que si el caso Filesa hubiera afectado al Partido Popular en lugar de al PSOE, hubiera actuado exactamente igual, y que sólo ha recurrido tres de las 199 resoluciones del juez Barbero.

Convicciones políticas

Todo esto lo dijo antes de señalar que sigue siendo socialista, aunque tuvo que renunciar al carné cuando se reincorporó a la carrera judicial. "Decir lo contrario", precisó, "no sería ni serio ni creíble, y sé que por eso hay una predisposición en contra de mi persona. Es bueno que se sepan las convicciones políticas del fiscal", añadió.

Hernández explicó que no presentaría querella contra el líder del PP, José María Aznar, que le ha acusado de "cómplice y encubridor" en el caso Filesa, en "aras del prestigio de la institución y del sosiego que debe caracterizar el periodo electoral". Aznar, por su parte, declaró ayer en Alicante que no le extrañaba que Eligio Hernández se pronunciase a favor de la admisión del recurso de Navarro, "pero estoy amenazado por una querella y no me gustaría que fueran dos", dijo.

Por otro lado, la querella de José María Ruiz Mateos y el constructor Christian Jiménez contra Alfonso Guerra, José María Benegas y Francisco Fernández Marugán ha sido remitida a la fiscalía para informe sobre competencia y admisión a trámite. Así, la querella no tendrá por el momento el efecto de mantener al competencia del Tribunal Supremo.