La excusa del juez

EL PRONUNCIAMIENTO del juez Marino Barbero sobre la implicación o no del diputado autonómico catalán, y hasta ahora senador, Josep Maria Sala en el caño Filesa se había convertido en determinante a la hora de establecer si el Tribunal Supremo sigue siendo o no competente en dicha causa. Una vez que Carlos Navarro, el otro parlamentario implicado en el caso Filesa, ha perdido esta condición, Sala es el soporte más firme -y seguramente único- sobre el que se asienta la eventual permanencia de este asunto en el Supremo: como diputado catalán, en cuanto que el estatuto de autonomía de esa comunidad prevé esta posibilidad cuando se trata de delitos cometidos fuera del territorio de la misma, como seguramente lo son los de Filesa, y también como futuro senador si, como es previsible, fuera reelegido para este cargo.Pero todo ello no deja de ser una mera hipótesis. Lo único incontestable, de momento, es que no existe inculpación concreta alguna contra Sala, siendo indiferente que ello sea debido, como afirma el juez Barbero en su respuesta a la Sala Segunda del Supremo, a que no ha podido solicitar el correspondiente suplicatorio por haber sido disueltas las Cortes por el adelanto electoral. Si no hay inculpación, será difícil evitar que el caso Filesa vaya a parar a un juzgado de instrucción de Barcelona o, en todo caso, a la Audiencia Nacional. Lo verdaderamente chocante de la contestación de Barbero es que pretenda imputar al "acto político" de la disolución del Parlamento la causa de no haber solicitado el suplicatorio de Sala cuando el Supremo le venía urgiendo desde hace casi tres meses a que lo hiciese. Eso se llama escurrir el bulto y atribuir a decisiones institucionales, tan legítimas como las que adopta el Poder Judicial en su ámbito, los efectos de su propia irresolución.

A hora se ha visto que tanto por respeto a los derechos de la persona como por el bien del procesourgía acabar cuanto antes con una situación procesal tan ambigua como la que permite que un parlamentario no esté formalmente implicado en una causa y, sin embargo, no dejar de estarlo en la práctica. De haber se solicitado el suplicatorio al Parlamento al inicio del proceso o hace tres meses, cuando la Sala Segunda del Supremo -sin duda inquieta por lo anómalo de la situación- urgió al juez Barbero a que concretase los indicios. inculpatorios contra los parlamentarios implicados, no habría lugar para el actual embrollo procesal, y menos para echárselo en cara a instancias institucionales ajenas. En todo caso, el propio juez Barbero ya ha dictaminado, adelantándose a la propia

Sala Segunda del Supremo, sobre el camino a seguir al considerar la previa autorización de las Cortes -conditio sine qua non para actuar contra parlamentarios.

También ha dado respuesta a quienes desde algunos sectores jurídicos y políticos se, empeñan, echando mano de leyes de primeros de siglo, en que el caso Filesa siga porque sí en el Supremo, saltándose tal requisito constitucional.