La Procuraduría General mexicana denuncia el 'cartel' de la prensa
Hace unos meses la Procuraduría General de la República (PGR) de México se quejaba de impotencia en la lucha contra el narcotráfico por la podredumbre del sistema policial. Ahora acaba de revelar que la corrupción salta de las comisarías a las redacciones. Periodistas comprados, asegura, son un obstáculo para investigar la mafia de la droga. Es el cartel de la prensa.
El lunes de Pascua caía acribillado en Cancún Rafael Aguilar Guajardo, jefe en el pasado de la extinta y siniestra Dirección Federal de Seguridad en Chihuahua. Dos meses atrás moría también tiroteado en Nuevo Laredo Carlos Aguilar Garza, compañero del anterior y ex jefe policial en Monterrey, Sinaloa y Baja California Norte. Ambos habían sido subordinados del superpolicía -después reconvertido a narcotraficante- José Antonio Zorilla, hoy en prisión por haber ordenado el asesinato del periodista Manuel Buendía.Rafael Aguilar murió dejando una fortuna: una revista en México, hipotecas con editores de periódicos, dos hoteles en Cancún, una flota de buques en Tampico, centros de apuestas en Tijuana y Ciudad Juárez, y la casa que ocupó en Cuernavaca el fallecido sha de Persia, Reza Palhevi, durante su destierro en México. La prensa mexicana calificó a Aguilar tras su muerte de zar de la droga, con conexiones con el cartel de Medellín. De alguna forma, también era un zar de periódicos.
El otro ex jefe policial asesinado, Aguilar Garza, también dejó a sus herederos una fortuna parecida. Sin embargo, hasta este último fin de semana no se supo que en vida se había convertido en un poderoso, aunque oculto, editor periodístico en Tamaulipas, controlando dos de las publicaciones -Y Punto y El Águila- que circulan en este Estado fronterizo con EE UU.
Ha sido la Procuraduría General, dirigida valientemente por el constitucionalista Jorge Carpizo, la que ha desenterrado lo que hasta ahora era sólo un secreto a voces: la infiltración del narcotráfico en la prensa, mediante la compra de periódicos o, en su lugar, de reporteros.
La compra de plumas en México, según esta versión oficial, está estrechamente vinculada a la corrupción policial. La propia Procuraduría señala a poderosos agentes en activo, pagados por los cinco carteles que operan en el país.
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