Evitar el encanallamiento

Todo proceso electoral democrático se descompone jurídicamente en múltiples fases, pero políticamente lo hace fundamentalmente en dos. Una primera, la campaña electoral, en la que se pone el énfasis en el enfrentamiento entre los distintos partidos políticos o coaliciones electorales que concurren a las elecciones. Y una segunda, la votación, en la cual el cuerpo electoral pone fin al proceso a través de su manifestación de voluntad, decidiendo hasta la próxima consulta en quién deposita la confianza para dirigir políticamente a la comunidad. La primera es, por su propia naturaleza, un momento de división de la sociedad, de acentuación de la discrepancia y el conflicto, esto es, opera centrífugamente; en tanto que la segunda debe ser todo lo contrario, un momento de clarificación como consecuencia de la decisión de un árbitro inapelable, y, por tanto, un momento de pacificación y reunificación social, que opera de manera centrípeta.Esto es así y debe ser así. Las elecciones democráticas tienen que ser unas elecciones competidas, en las que exista un enfrentamiento real, pues, de lo contrario, es imposible que el cuerpo electoral pueda formarse una opinión y pueda decidir de una manera mínimamente solvente a quién va a confiar la gobernación del país y la dirección del Estado. Y en este sentido hay que recordar que en todas las democracias asentadas, sin excepción, las campañas electorales suelen ser muy duras.

Veredicto de las urnas

Ahora bien, lo que no se puede poner en discusión, por muy dura y competida que haya sido la campaña, es el veredicto del cuerpo electoral. Comentando las elecciones del 29 de octubre de 1989, esto es, las últimas elecciones generales celebradas en España, escribía un semanario -tan poco sospechoso de casi nada, pero, en todo caso, de proclividad hacia la izquierda, como The Economist, que poner en cuestión los resultados de las urnas no es que sea lo último, sino que es lo único que una democracia no se puede permitir. Pues cuando esto ocurre la vida política se encanalla, dejando el enfrentamiento de ser de tipo político, para convertirse en una lucha de tipo personal, en la que se antepone el insulto, cuando no la injuria o la calumnia, al debate sobre los problemas objetivos a los que los partidos deben proponer soluciones.

Desgraciadamente, esto es lo que ha ocurrido en esta última legislatura que acaba de finalizar. La impugnación de los resultados electorales y posterior anulación en Murcia, Pontevedra y Melilla abrió un paréntesis que ha sido imposible de cerrar y que ha conducido a lo largo de la legislatura a un intercambio de insultos, de acusaciones y golpes bajos, que, en lugar de clarificar absolutamente nada, han generado una confusión notable en la opinión pública y han erosionado gravemente la confianza de los ciudadanos en el funcionamiento del sistema democrático.

Justamente por eso, porque sabemos adonde nos llevan estos disparates, es por lo que sería de suma importancia que siguiéramos el consejo de The Economist, no volviéramos a tropezar en la misma piedra y no empezáramos a poner. en cuestión en la propia campaña los resultados de las decisiones del cuerpo electoral. Ni los de la próxima consulta ni los de las pasadas. Pues la legítimidad de un sistema democrático no se deja dividir en compartimentos estancos. El sistema electoral que tenemos es prácticamente el mismo desde 1977, sin que hayan cambiado no ya sustancialmente, sino de manera significativa, los institutos de garantía de la regularidad del proceso electoral. En consecuencia, si tal proceso ha podido ser manipulado en el pasado, no hay nada que impida que pueda serlo en el futuro.

De ahí la inoportunidad de las palabras del señor Aznar al abrir de facto la campaña electoral del PP para las próximas elecciones. Pues la acusación de que el PSOE ganó las elecciones de 1989 como consecuencia de la financiación irregular conseguida a través de Filesa, no pone en cuestión un resultado electoral concreto, sino todo el sistema democrático. ¿Qué legitimidad pueden tener, las decisiones de las Cortes generales si se constituyeron con tal vicio de origen? ¿Es que el PP, de obtener mayoría, propondría la anulación de todas las decisiones tomadas en esta legislatura pasada por falta de legitimidad democrática del órgano que las adoptó? ¿Es que los cinco magistrados del Tribunal Constitucional designados por el Congreso y el Senado a finales de junio del año pasado tendrían que abandonar sus puestos porque fueron elegidos por un órgano ilegítimamente constituido? ¿Qué valor tendrían las sentencias del Tribunal Constitucional dictadas en estos meses si cinco de sus miembros fueron ilegítimamente elegidos? Las consecuencias de un discurso de esta naturaleza no pueden ser más terribles.

En realidad, la acusación es tan burda que constituye un insulto a cualquier inteligencia mínimamente formada. Pues aunque todas las cantidades que han salido a la luz en la investigación de Filesa hubieran sido invertidas en la campaña electoral del 89, ¿hay alguien en su sano juicio que pueda pensar que ahí estuvo la clave de los resultados electorales de aquella consulta? Si eso fuera así, ¿por qué AP en 1977 y 1979, a pesar de gastar lo mismo que UCD y el PSOE, obtuvo nueve y siete escaños, respectivamente? Y, por cierto, ¿quién pagó aquellas campañas en las que por indemnización electoral AP apenas recobró nada? Si eso fuera así, ¿por qué en la campaña de 1986 hubo una coalición electoral que, a pesar de gastar varios miles de millones, no consiguió un solo escaño fuera de Cataluña? Y, por cierto, ¿quién pagó aquella campaña? Como decía hace unos días Xabier Arzalluz, ¿es que hay algún partido que pueda tirar la primera piedra?

Éste es un debate que no conduce a ninguna parte. En la financiación de las campanas electorales siempre ha habido irregularidades, en España y fuera de España. Es en estos últimos años cuando se está poniendo fin en todo el mundo a dicha financiación irregular. Y por eso cuanto más nos proyectemos hacia el pasado, más irregularidades y menos transparencia encontraremos. En España y fuera de España. Esto es algo sobradamente conocido y que el señor Aznar no puede ignorar.

Acusación grave

De ahí la gravedad de su acusación, no sólo por lo que ha dicho, que es bastante más que una salida de tono, sino por lo que tales palabras pueden indicar en cuanto a la estrategia del PP con vistas a las próximas elecciones.

Ciertamente, la campaña electoral y la votación, como decía al principio, son dos momentos distintos. Pero existe una conexión entre ambos. La campaña no tiene otro sentido que el de presentar un programa para obtener un mandato de los electores. Cuando en lugar de eso lo que se transmite al cuerpo electoral es la duda sobre el valor de su propia decisión, es la posibilidad misma de una política democrática lo que se está poniendo en cuestión.

La sociedad española está en una encrucijada lo suficientemente seria como para que se intente obtener de ella un mandato para hacer una determinada política: de empleo, de enseñanza, de fiscalidad, de sanidad, de infraestructuras, de convergencia, de avance en la construcción del Estado de las, autonomías, etcétera.

Y esto no se consigue con el insulto, la injuria o la calumnia. El insulto y la descalificación personal en una campaña electoral no son más que el reverso de la ausencia de un programa en el que se tenga la más mínima confianza de que puede ser respaldado por el electorado. Confiemos en que, como dice el refrán, "una golondrina no haga verano", y evitemos el encanallamiento de la vida política que resultaría inevitablemente de una campaña electoral que siguiera por los derroteros por los que ha comenzado.

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