FIlesa, el caos está servido

La batalla jurídica y de opinión pública organizada en tomo al caso Filesa está condicionada por el hecho de que los partidos situados detrás de querellados y querellantes se juegan el poder en unas elecciones a siete semanas vista. El PSOE, al que pertenecen los querellados, tiene evidente interés en impedir que prosiga la investigación en periodo electoral. El Partido Popular, que es uno de los querellantes, pone el máximo empeño en que la instrucción se mantenga en manos del juez Marino Barbero. La polémica divide también a los juristas, entre los cuales se han producido pronunciamientos a favor y en contra de que el Supremo mantenga la competencia sobre el caso Filesa.

La polémica sobre la permanencia del caso Filesa en el Supremo ha arreciado tras el anuncio de una reunión de los 15 magistrados de la Sala Segunda del alto tribunal, presidida por Enrique Ruiz Vadillio, para la próxima semana, con el fin de decidir la competencia sobre esta y otras muchas causas en las que están implicadas personas que tenían la condición de diputados o senadores.Dicha reunión aún no ha sido convocada, si bien varios magistrados de la sala daban ayer por hecho que se producirá en breves fechas. Lo único que está convocado para el lunes es una reunión de una sala distinta, a cuyo frente se encuentra el presidente del Supremo, Pascual Sala, que habrá de decidir sobre la recusación de Enrique Ruiz Vadillo, Luis Román Puerta y José Augusto de Vega como magistrados competentes en el caso Filesa, planteada hace meses por la Asociación contra la Injusticia y la Corrupción (AINCO).

La Sala Segunda del Supremo se ha caracterizado siempre por su respeto a las garantías procesales, hasta el punto de que anuló la investigación del caso Naseiro y la sentencia contra los culpables del derrumbamiento de la presa de Tous por motivos, formales, sin dejarse amedrentar por las consecuencias políticas de una y otra decisiones.

Esa reconocida vocación garantista va a ser puesta a prueba por el caso Filesa. El responsable de asuntos jurídicos del Partido Popular, Federico Trillo, discute incluso la competencia de dicha sala para decidir si el Supremo se queda o no con la causa, competencia que el dirigente del PP atribuye al instructor, Marino Barbero. Trillo sostiene también la existencia de un 'fraude procesal" por el hecho de que hayan dejado sus cargos los presuntos responsables de los delitos relacionados con Filesa, provocando así que los querellados Carlos Navarro y Josep Maria Sala no sean parlamentarios, con lo cual se ha perdido la razón más clara de que dicha causa permanezca en el Supremo.

División entre juristas

P ara evitar que el alto tribunal pierda el caso, el Partido Popular ha exhumado una ley de 1912, cuyo artículo 1 decía que la competencia del Supremo para conocer de las causas contra diputados y senadores "se extenderá hasta la conclusión del proceso, con independencia de la vida legal de las Cortes a que pertenecieran los acusados". Si esa ley estuviera vigente, Navarro y Sala seguirían sometidos al Supremo.

Frente a esta interpretación, lo cierto es que el alto tribunal ha remitido a la jurisdicción ordinaria, en años anteriores, las causas de los aforados que dejaban de serlo. Sólo los parlamentarios encausados por delitos de opinión han sido juzgados por el Supremo cuando han dejado de ser aforados, debido a una expresa previsión constitucional.

Los magistrados de la propia Sala Segunda, consultados por este periódico, reflejan un grado considerable de dudas, cuando no de divergencias, entre ellos. Son numerosos los que consideran rácticamente imposible sostener la vigencia de una ley de 1912, anterior a la Constitución actual, a los reglamentos de las cámaras y a los estatutos de autonomía.

Algunos estiman que si se entra en la dialéctica de que dicha ley está vigente, no se cumple con el requisito, incluido en la misma norma, de que se haya concedido el suplicatorio de los implicados. Otros magistrados no ocultan en privado su malestar por el hecho de que Barbero decidiera por su cuenta paralizar la instrucción del caso Filesa tras la disolución de las Cortes.

Todo este galimatías procesal añade nuevos ingredientes al caos que se cierne sobre la causa. E-1 hecho de que Josep Maria Sala sea diputado autonómico le Cataluña implica que el Supremo continuaría siendo competente, siempre que se considere que los hechos que le afectan han ;ido cometidos fuera de Cataluha. Pero si se entiende que se cometieron en dicha comunidad autónoma, la causa debería ir al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Si Sala volviera a ser acreditado como senador tras el 6 de junio recuperaría su aforamiento ante el Supremo.

El PP , contra Pascua¡ Sala

El juez Barbero, que ha mantenido varias reuniones con el presidente de la Sala Segunda, Enrique Ruiz Vadillo, no se ha pronunciado todavía, aunque en los últimos días ha estudiado la cuestión de competencia.

En paralelo con las opiniones de los magistrados aludidos, personas con gran relevancia institucional se han apresurado a señalar la conveniencia de que el caso Filesa regrese a la jurisdicción ordinaria. Entre los que han hecho estas manifestaciones se encuentran el propio presidente del Supremo, Pascual Sala, así como el fiscal general del Estado, Eligio Hernández, y el presidente del Senado, Juan José Laborda.

Tales pronunciamientos han enojado profundamente al PP, cuyo responsable de asuntos jurídicos, Federico Trillo, imputa a Pascua¡ Sala haberse interferido en la esfera de competencia del magistrado Barbero.

Otros juristas de prestigio, ajenos al Supremo, se muestran también divididos. Andrés de la Oliva, catedrático de Derecho Procesal y miembro del Consejo del Poder Judicial a propuesta del PP, declaró ayer: "Nadie ha cuestionado que no esté vigente la ley de l9l2". También el penalista Luis Rodríguez Ramos considera aplicable dicha ley.

Frente a tales opiniones, el penalista Miguel Bajo entiende que la ley de 1912 "está derogada por la Constitución, la Ley Orgánica del Poder Judicial y los reglamentos del Congreso y del Senado". Y el constitucionalista Manuel Jiménez de Parga alega la existencia de jurisprudencia suficiente del Tribunal Constitucional como para afirmar que, una vez desaparecidas las prerrogativas de diputados y senadores, el Supremo deja de tener competencia sobre ellos.

Al margen de los intereses en juego, lo cierto es que la causa de Filesa puede seguir una suerte distinta según que el Supremo sea o no competente. En Barcelona estalló el caso, pero las denuncias judiciales fueron tramitadas ante el Supremo. No existe ningún juez ordinario que haya conocido del asunto Filesa y al que deban devolverse las actuaciones si el alto tribunal decidiera inhibirse.