El fraude del PER en un pueblo de Granada supera los 1.000 millones

El fraude al subsidio agrario dentro del Plan de Empleo Rural (PER) cometido en la localidad granadina de Pinos Puente entre 1987 y 1990 puede ascender a más de 1.000 millones de pesetas, según estimaciones de la fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). En sus conclusiones provisionales solicita penas de entre uno y 11 años de prisión para los principales implicados, el ex alcalde, un concejal y varios funcionarios.La fiscalía, tras efectuar una depuración a fondo de todas las personas relacionadas con la estafa a la Seguridad Social, ha decidido excluir a la mayoría de los habitantes del pueblo, que percibían habitualmente el subsidio por desempleo agrario, y acusar únicamente a los funcionarios implicados en la firma de falsas peonadas y a aquellas personas que, teniendo suficientes medios de vida, cobraban el paro.

Según las conclusiones de la fiscalía, el fraude podría rondar los 1.000 millones, teniendo en cuenta los ingresos que se realizaron como cotización al régimen especial agrario, el salario mínimo interprofesional fijado y la cantidad de días que se hicieron constar en las falsas peonadas, según informó la Cadena SER.

La Fiscalía acusa en su escrito a 15 implicados, entre quienes destacan el ex alcalde del pueblo, el socialista Juan Ferrandis; el secretario de la corporación, Rafael H. G. ; el concejal, José H. N. ; el alcalde pedáneo del anejo de Casanueva, Juan de Dios T. B., y un empleado de ese Ayuntamiento, José M. O.

Todos ellos están acusados del delito de falsedad, en tanto que dos vecinos de Pinos Puente, Isabel G. R. y Francisco G. D., como perceptores, lo están del delito de estafa. Otro implicado es Antonio R. V., secretario en esa época de CC OO del Campo y que, a pesar de tener un automóvil BMW y un inmueble de su propiedad, cobró el subsidio entre 1985 y 1989.

El fiscal del TSJA solicita penas de entre seis y ocho años de prisión para los acusados del delito de falsedad.