El 'informe Navajas', caso "maldito"

Cuatro años después de su redacción, el informe sobre el narcotráfico en Guipúzcoa elaborado por el fiscal jefe de San Sebastián, Luis Navajas, sigue proyectando la sombra de la sospecha sobre una larga relación de mandos, de la Guardia Civil, y particularmente, por su relevancia, sobre el jefe de la 513ª Comandancia y hombre clave de la lucha contra ETA, el coronel Enrique Rodríguez Galindo. Invocado de manera soterrada, pero persistente en los ambientes políticos y periodísticos, el informe Navajas sigue desafiando los supuestos de quienes lo interpretan como "la calculada venganza de los inevitables resentidos" o como fruto de "una conspiración contra los primeros espadas de la lucha contra ETA".

De hecho, el propio coronel y, una decena de mandos de la Guardia Civil, así como un inspector de la policía, figuran como sospechosos en las diligencias que instruye actualmente el juez donostiarra Fernando Andreu. Esas diligencias, inspiradas en el informe redactado en mayo de 1989 por Luis Navajas y fundamentadas en posteriores averiguaciones, parten de la sospecha de que miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado han protegido, a cambio" de fuertes sumas de dinero, a tres redes de narcotráfico y contrabando de tabaco en Guipúzcoa. Según el informe fiscal, algunos de los agentes -oficiales y suboficiales en su mayoría- llegaron a estar a sueldo de los narcos y disfrutar de asignaciones mensuales de un millón de pesetas.La filtración a la prensa de la supuesta implicación del coronel Rodríguez Galindo y las cautelas a que obliga la inexistencia de acusación formal han creado en tomo al caso una atmósfera de clamoroso silencio oficial y la extravagante situación de un alto cargo policial sometido desde hace dos años a la sospecha pública. Durante este tiempo, el informe Navajas se ha ganado con creces el apelativo de "maldito" que le adjudican unánimemente las partes implicadas.

Las investigaciones de la fiscalía donostiarra permanecieron paralizadas durante los mandatos como fiscales generales de Javier Moscoso y Leopoldo Torres, hasta que, tras las primeras filtraciones, éste último optó por la reactivación del caso.

A falta de otras explicaciones, la actitud de la Fiscalía General fue asimilada como "la típica reacción de vértigo" suscitada a la vista del nombre del laureado coronel, responsable directo de la red de información antiterrorista de la Guardia Civil. Tras subrayar que fue él, en todo caso, quien puso a disposición de Navajas los medios humanos y materiales que había reclamado, Leopoldo Torres indica que el informe de la fiscalía donostiarra era un "boceto de sospechas", surgidas, en origen, por una denuncia anónima y el testimonio de dos guardias civiles sindicalistas. En su opinión, "lo sorprendente es que siga abierta una investigación que, según mis informaciones, lo único que ha ofrecido como resultado es un asesinato". Asegura que el coronel Galindo habría sido procesado "si se hubiera encontrado algo contra él", pero añade que no tiene sentido mantener abierto el caso contra el jefe de la 513ª Comandancia cuando no se ha encontrado nada tras "haber investigado hasta las cuentas corrientes de sus familiares en tercer grado".

Veinte meses después, y pese a que el fiscal Navajas había solicitado expresa y reiteradamente el mayor secreto posible, las sospechas sobre el jefe de la 513a Comandancia fueron filtradas a la prensa. Una nueva filtración puso al cabo de la calle el nombre de José Antonio Santamaría, empresario vasco y ex jugador de la Real Sociedad, que fue asesinado por ETA el pasado 19 de enero, cuando estaba formalmente inculpado de haber tratado de comprar el silencio de un guardia civil de la brigada anticorrupción infiltrado en la red. La muerte del ex jugador de la Real Sociedad, siniestro desenlace de una cadena de despropósitos, ha agostado seriamente las posibilidades de una investigación ya mermada por el paréntesis de la Fiscalía General y las filtraciones.

Aunque la inculpación por cohecho a José Antonio Santamaría y a otros presuntos integrantes de su supuesta red., Pedro Luis Miguéliz y el sargento Enrique Dorado Villalobos, constituye hasta el momento el único resultado judicialmente sustantivado del informe Navajas, puertas adentro de la investigación se esgrimen otros datos como prueba del fundamento del informe. Así, se apunta que el teniente: de la Guardia Civil Andrés Palomino, que condujo a la red de Andalucía desmantelada en la Operación Pitón, fue descubierto en Guipúzcoa gracias al seguimiento y control de un sospechoso que sí aparece en el informe.

Un procedimiento similar ha hecho aflorar el nombre del comandante Máximo Blanco, segundo jefe de la 513ª Comandancia. Blanco ha sido trasladado de destino y, según fuentes de la investigación, va a a ser llamado a declarar, si bien el Gobierno Civil de la provincia ha negado que su traslado, "voluntario cambio de destino", obedezca a esta clase de razones.

El informe cita a un total de 13 guardias civiles -uno de ellos condenado por torturas y otro por torturas y atraco-, un inspector de la policía y 17 civiles de las tres redes descubiertas. De acuerdo con el informe, la primera de estas redes se dedica indistintamente al tráfico de drogas (cocaína, hachís, anfetaminas) y al contrabando de tabaco; la segunda opera fundamentalmente con tabaco y la tercera está especializada en el tráfico de hachís.

Los integrantes de esta última red, formada por el guipuzcoano Bonifacio Sagarzazu Virto y los gallegos Luis Falcón Pérez, Falconeti, y Benito Prado Vázquez se encuentran en prisión por haber sido sorprendidos con una tonelada de hachís desembarcada en Hondarribia (Guipúzcoa).

La "evidente implicación"

Las otras dos redes, que contaban con infraestructura común en determinados niveles, están dirigidas por antiguos contrabandistas gallegos, vascos y franceses. Los pagos a los miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado no se realizan directamente, según el informe fiscal, sino a través de un elemento vinculado a las distintas organizaciones, "sistema", se señala en el escrito, "que permite mantener un alto nivel de anonimato de los funcionarios policiales".Todo empezó en noviembre de 1988. El capitán Juan Manuel Castañeda Becerra y el guardia segundo Garcilaso Casado Muñoz, adscritos a la Unidad de Servicios Especiales del Servicio Central de Información de la Guardia Civil, visitaron al fiscal jefe de San Sebastián para alertarle de la "evidente implicación" de una serie de miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado de Guipúzcoa en actividades de tráfico de drogas y contrabando. Los guardias dijeron haber llegado a esas conclusiones gracias a las confidencias de traficantes y a informaciones "obtenidas desde dentro de las propias redes". Semanas después, el mismo capitán Castañeda, acompañado en esta ocasión por el teniente coronel Quintero, responsable de la jefatura del Servicio Fiscal de la Guardia Civil, visitó nuevamente a Luis Navajas y le entregó documentación escrita de las supuestas conexiones entre miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado y narcotraficantes.

El fiscal donostiarra tomó declaración por separado a cinco presuntos delincuentes que, "por una u otra razón", habían mostrado su disposición a colaborar. El informe indica que, tras siete entrevistas grabadas sin que los declarantes "tuvieran conocimiento de las conversaciones que se mantenían con los demás", Luis Navajas llegó a la conclusión de que la coincidencia fundamental de los datos responde no a su previa puesta de acuerdo, sino a la realidad de la situación existente".

El 12 de mayo de 1989, el fiscal donostiarra entregó a su superior, entonces Javier Moscoso, el escrito con los nombres y actividades de los 31 sospechosos. Tras plantear al fiscal general del Estado la posibilidad legal de que las investigaciones fueran dirigidas a partir de entonces por la fiscalía antidroga, Navajas propuso en su informe que, en cualquier caso, "al ignorarse la profundidad con que se halla arraigada la corrupción que ahora se denuncia", las averiguaciones deberían ser llevadas a cabo, tal y como se hizo, "por 15 o 20 guardias civiles del Servicio Central de Información". Precisaba que estos agentes deberían actuar a caballo entre Madrid y San Sebastián, y que las primeras medidas deberían ser, además de la inspección de los patrimonios familiares de los sospechosos y de sus allegados más íntimos, la interceptación de los teléfonos, "pero no en las centrales telefónicas, sino fuera de los mismas, para evitar que sean detectadas". Tras la filtración y el anuncio de interpelaciones parlamentarias, la Fiscalía General optó por reactivar el caso y el juez instructor de San Sebastián, Fernando Andreu, asumió la investigación.