Exportar o mentir
EL PRIMER ministro británico, John Major, que va de crisis en crisis, ha sido convocado a comparecer, junto con su predecesora, Margaret Thatcher, el 4 de mayo ante un juez de la Cámara de los Lores -el Tribunal Supremo británico- para que manifieste si estuvo enterado y aprobó a finales de los años ochenta la exportación de armamento a Irak, cuando pesaba sobre este país un embargo total. Es interesante que el magistrado fuera nombrado en noviembre pasado por el propio Major, probablemente para arrostrar así el mal menor de una investigación judicial restringida.Todo había empezado porque un juez que enjuiciaba la violación por un fabricante de armas del embargo impuesto por la ONU a Irak e Irán durante la guerra que enfrentó a estos dos países en la década de los ochenta descubrió que al menos tres ministros conservadores habían facilitado la exportación, entre otras cosas, de máquinas troqueladoras y tornos utilizados para la fabricación de cartuchos. El juez hizo dos cosas: declarar inocentes a los administradores de la fábrica y sacar el tema a la luz pública.
Los últimos escándalos registrados en materia de exportación de armamento han beneficiado a países que luego están dispuestos a usarlo indignamente incluso contra el exportador (el Irán-Contra de Estados Unidos es un ejemplo típico). Asuntos de este cariz evidencian que los Gobiernos prefieren alegar ignorancia en relación con las actividades ilegales de compañías exportadoras y encubrirlas, antes que impedirlas. Lo que es bueno para el comercio, se asume, es bueno para el país.
Durante buena parte de la época en la que varias empresas británicas violaron el embargo (entre 1985 y 1990), Major fue ministro de Hacienda, y luego, de Exteriores. ¿Estuvo enterado de todo? Él lo niega. La norma por la que se definían las modalidades del embargo contra Irak fue establecida en 1985 por el entonces ministro de Exteriores, Geoffrey Howe, y suavizada en 1988 en una reunión de altos cargos de Exteriores, Defensa y Comercio, que ahora todo el mundo parece haber olvidado, ignorando cómo pudo producirse.
En lo que ya se conoce como el Irakgate inciden tres tipos de cuestiones. Primera: las democracias occidentales estuvieron convencidas, durante la década de los ochenta, de que era fundamental sostener a Sadam Husein en su lucha contra Irán, porque creyeron que Irak desempeñaría un papel moderador en Oriente Próximo. Interesante visión política con la que además se justificaba pasar por alto salvajadas como la famosa matanza de kurdos con empleo de armas químicas. Escandaliza pensar que durante una década los líderes democráticos no sólo consideraran conveniente colaborar con aquella tiranía, sino que carecieran de la más elemental visión de futuro hasta el día mismo en que Irak invadió Kuwait. De todos modos, no debían tener la conciencia muy tranquila si se piensa que prefirieron encubrir el asunto antes que permitir que saliera a la luz.
Segunda: el Irakgate, como cualquier otro caso de tráfico de armamento, se apoya en falacias argumentales del tipo "no es la pistola la que mata, sino el que la dispara", o, lo que es lo mismo, las armas siempre son para defensa y el que las vende no es responsable de su mal uso. Además, se dice, la industria de armamento tiene demasiado peso en la economía de un país, alimenta a demasiadas familias y está lo suficientemente deprimida como para desdeñar cualquier contrato, por desagradable que resulte el cliente. Un documento del Foreign Office (distribuido contemporáneamente al genocidio kurdo) afirmaba que las sanciones no son eficaces "para cambiar el comportamiento iraquí en materia de armamento químico y perjudicarían inútilmente los intereses británicos".
Tercera: es un hecho que la Administración británica ayudó sin ambages a los exportadores de armas con total desprecio del embargo de la ONU, que el Gobierno de Londres había contribuido a establecer. Por eso, le será difícil seguir alegando ignorancia y pretender eludir la responsabilidad. .
