El informe oficial reconoce errores en un 30% de los pisos municipales adjudicados

La asesoría jurídica de la Empresa Municipal de la Vivienda (EMV) ha admitido en un informe que la documentación de un 30% de los 233 agraciados con viviendas municipales contenía errores. De los 68 casos irregulares, 25 lo son "absolutamente" mientras que los 43 restantes presentan errores que se podrían subsanar requiriendo más documentación a los interesados. Los expedientes del diputado regional del PP Jesús Valverde y de tres trabajadores municipales están entre los incorrectos.

La oposición en el Ayuntamiento tiene trabajo por delante. El PSOE obtuvo ayer el compromiso del equipo de gobierno de tener acceso, como pretendía, a todos los expedientes del caso de la adjudicación irregular de pisos municipales. Los socialistas e IU comenzarán hoy su propia revisión de los documentos.Las conclusiones que se obtengan tomarán dos caminos. Por un lado, se pondrán en la mesa de la comisión especial creada para revisar el proceso -que se reunió ayer por primera vez- Pero además la oposición quiere hacer llegar las conclusiones al fiscal del Tribunal Superior de Madrid, que también ha iniciado una investigación propia del caso.

A la espera de los resultados de estas tres investigaciones, la EMV ha ofrecido las conclusiones de la suya. La asesoría jurídica de la empresa ha revisado los 233 expedientes de los agraciados y la puntuación que les permitió entrar en el sorteo de los pisos. Resultado: 68 expedientes presentaban irregularidades de diversa índole.

En 25 existen "errores no subsanables", según el concejal de Urbanismo, José Ignacio Echeverría, por lo que no tienen derecho a la vivienda que obtuvieron. En otros 43 expedientes se han cometido errores que Echeverría considera "subsanables". "La mayoría de estos casos se deben a que falta documentación [que acredite los requisitos para entrar en el concurso] o que no es totalmente correcta la presentada".

En estos supuestos está el caso de un diputado regional del PP y su esposa, secretaria del director de la EMV. En este expediente, los técnicos que han efectuado la revisión apuntan que la declaración de la renta está incompleta y que se "detectan" deducciones por inversión en viviendas.

Javier Villasante, arquitecto de la EMV, reúne estas observaciones: no presenta libro de familia, ni certificación de haberes, ni impuesto del patrimonio. José Rey-Joly, funcionario de la Concejalía de Obras, no alcanza, en esta segunda baramación, los puntos exigidos para entrar en el sorteo. En el expediente de Jorge Presa, trabajador de la Gerencia de Urbanismo, se encuentra una inversión para vivienda de dos millones de pesetas.

¿Qué hacer ahora con estos 68 adjudicatarios?

El PSOE es partidario de anular todo el proceso. "Es lo más prudente", explicó el concejal José María de la Riva. "Hay 43 casos a los que se puede pedir nueva documentación, pero eso también se debería hacer con las 2.520 personas que se excluyeron del sorteo sin esa oportunidad", comentó. El PSOE, no obstante, repara en que "habría que salvar la situación de las personas con buena voluntad que han sido agraciadas".

Izquierda Unida es partidaria de "suspender de manera inmediata las adjudicaciones que se consideren irregulares". Para IU puede haber dos tipos de delitos en el proceso: falseamiento de la verdad en documento público por parte de algunos solicitantes y prevaricación en los casos en que los técnicos hayan puntuado en exceso.

Según Echeverría, también se revisarán los expedientes de las personas excluidas que, si se demuestra que cumplían los requisitos, serán rescatadas para sustituir a los irregulares.