Los acreedores de Urbanor valoran en 3.000 millones de pesetas el coste de la terminación de las Torres KIO
Los acreedores más significativos de Urbanor, promotora de las Torres KIO actualmente en suspensión de pagos, valoran en unos 3.000 millones de pesetas la inversión necesaria para culminar la obra, algo que podría lograrse con seis meses de trabajo. Este cálculo es uno de los gestos previos a un posible acuerdo entre las empresas más afectadas por la supensión, Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), la Caja de Madrid o Construcciones San Martín.El pasado 12 de diciembre, los responsables de Prima Inmobiliaria y Urbanor decidían presentar ante los juzgados 50 y 11 de Madrid sendas suspensiones de pagos, como consecuencia de la crisis del Grupo KIO, principal accionista de ambas, en España. El principal activo de Urbanor es el proyecto Puerta de Europa -las Torres KIO, situadas en la salida norte de Madrid-, al que sorprendió la crisis en plena construcción.
Hoy, más de tres meses después, las famosas torres siguen a medio construir y se han convertido en una de las claves para solucionar la suspensión de pagos de Urbanor. Una suspensión que tiene como principales acreedores a la Caja de Madrid (encabezando un pool al que se le deben unos 10.000 millones de pesetas), el dúo FCC-Construcciones San Martín (unos 6.800 millones de pesetas), al Grupo Banesto (unos 5.000 millones) y el Banco Bilbao Vizcaya (BBV), en una cantidad menor.
A lo largo de la pasada semana se intensificaron los contactos entre los acreedores, aunque con una mayor intensidad entre la Caja de Madrid, FCC y San Martín. Estas dos compañías formaron una UTE (unión temporal de empresas) para construir la Puerta de Europa en la que FCC tenía el 70% y San Martín el 30% restante. El objetivo de las reuniones ha sido, al margen de cuantificar la deuda que soportan después del cambio de interventores de la suspensión, intentar llegar a un acuerdo para facilitar el final de la construcción de las torres. La intención de los acreedores es evitar el deterioro de la construcción, puesto que desde el pasado mes de octubre prácticamente no se ha producido ningún avance significativo en su desarrollo.
Un segundo paso, después de alcanzar el acuerdo y contar con el consentimiento de las instancias judiciales, sería buscar un comprador, un papel que no están dispuestos a protagonizar ninguno de los actuales acreedores. La política de la Caja de Madrid es no aumentar de una manera tan fuerte sus negocios inmobiliarios, y más en un momento de clarísima recesión en este sector. Algo parecido le sucede a FCC.
