Todos los cargos electos deberán declarar públicamente sus bienes

Todos los cargos electos de las administraciones central, autónoma y municipal deberán hacer una declaración pública de sus bienes. Ésta es una de las medidas del paquete anticorrupción que el presidente del Gobierno, Felipe González, presentará en el debate del Congreso sobre el estado de la nación, previsto para el 20 de abril. El paquete de medidas incluirá desgravaciones a las donaciones privadas a partidos.

Altos funcionarios de Presidencia y de los ministerios de Economía y de Administraciones Públicas, amén de un grupo de diputados socialistas en el Congreso, están confeccionando un plan de medidas legislativas contra la corrupción, con el que González tratará de tomar la delantera en este terreno a sus adversarios políticos en el debate sobre el estado de la nación.Las principales ideas que barajan los encargados de elaborar el paquete anticorrupción son, además de generalizar la obligatoriedad de declarar sus bienes a todos los cargos electos de la Administración, la aplicación de desgravaciones fiscales a las donaciones privadas a los partidos, la ampliación de las competencias del Tribunal de Cuentas, el endurecimiento de las sanciones y la creación de un registró público de licitaciones y contrataciones de las administraciones central y autónoma. No así de la municipal, pues la existencia de más de 9.000 ayuntamientos en España haría dicho registro prácticamente inmanejable, según fuentes conocedoras de los trabajos previos.

Todas estas propuestas no son definitivas, pues están en proceso de redacción. Otra de las ideas que en algún momento se llegaron a tomar en consideración fue la de que los cargos electos de la Administración hubieran de hacer pública su declaración del impuesto sobre la renta.

La espina dorsal del plan será la modificación de la Ley de Financiación de los Partidos Políticos, que se realizará a partir de un proyecto de ley o bien de una propuesta que elaboraría una comisión independiente creada a tal efecto. Esta modificación persigue otorgar carácter de utilidad social a las donaciones de particulares a los partidos políticos, así como conceder beneficios fiscales a los donantes.

De este modo, señaló una fuente socialista, se intentaría vencer la resistencia de las empresas a hacer públicas sus contribuciones a los partidos, que en su gran mayoría acaban realizándose de forma sumergida aun en el caso de que su cuantía esté dentro de los límites legales.

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