Rapiña gratuita

Escribo esta carta para dar conocimiento de un hecho del que he sido víctima y que me produce tal alarma que considero mi obligación darlo a conocer para que cada uno saque sus consecuencias.Soy residente del distrito 35 de Madrid y dispongo, corno tal, de tarjeta de residente para el aparcamiento en mi zona. Pero, para mi sorpresa, el 1 de agosto del 91 me encontré en mi automóvil una denuncia -efectuada el día anterior, 31 de julio- por el aparcamiento sin tarjeta de la ORA. Tuve que esperar al día siguiente, lunes, para buscar al controlador, que me dijo que no había sido él, que cambian todos los días, pero que no me preocupara porque en el Ayuntamiento comprueban si se es residente. No ocurrió así, y a su debido tiempo recibí notificación de la multa.

Pocos días después recibí notificación de otra nueva multa por el mismo concepto de aparcamiento con tarjeta de la ORA, pero esta vez fuera de in¡ distrito y, por tanto, válida en principio. Sin embargo, la infracción había sido hecha por otra persona en uso de mi automóvil y, por tanto, fue recurrida, facilitando nombre y dirección de la persona infractora.

Las dos multas, junto a una tercera, fueron siempre debidamente contestadas con sus pliegos de descargo en los plazos previstos y enviados por correo certificado al Departamento de Gestión Integrada de Multas. Pero de nada sirvieron mis diligencias, ya que pasado un tiempo recibí el requerimiento ejecutivo de pago con la notificación providencia de embargo. Notificación que de nuevo fue contestada en forma y tiempo previsto por las ordenanzas el 19 de septiembre de 1992. De nuevo silencio total, hasta el día 8 de marzo, que recibí notificación de mi banco del embargo del Ayuntamiento por el importe de las tres multas.

Inmediatamente traté de hablar con los departamentos correspondientes sobre el tema, y lo único que he podido sacar en claro es que en el Registro General del Ayuntamiento (plaza de la Villa, 5) no están dispuestos a identificarse, ignorando la nueva Ley del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo.

El importe del embargo no es cuantitativamente importante: 10.800 pesetas, pero sí es, a mi entender, un importantísimo atentado contra los derechos del ciudadano y contribuyente, un paso atrás en los derechos democráticos que tanto nos ha costado conseguir, un caso de juzgado de guardia, en definitiva.

Los hechos expuestos en mi descargo son tan fácilmente comprobables que todavía no puedo comprender cómo el Ayuntamiento de Madrid puede tener la osadía de apropiarse de dineros que no le pertenecen. Ante semejante indefensión, parece que no cabe otra medida que retirar nuestros dineros de los bancos, esconderlos de la rapiña gratuita y la sinrazón de unos administradores que ignoran sus propias normas.-