Seguridad por puntos

CON ALTIBAJOS -más accidentes de tráfico en Semana Santa, pero menos en Navidad, respecto de 1991-, el año 1992 ha significado una disminución global importante en la siniestralidad de las carreteras españolas. Sin duda, las 5.088 víctimas mortales habidas ese año, 656 menos que en 1991, todavía sitúan a España en uno de los primeros puestos de Europa en siniestralidad automovilística, pero tal cifra supone una clara reducción del número de habitantes de "esa pequeña ciudad que se nos muere todos los años por causa del tráfico", como expresivamente describió el ministro del Interior, Jose Luis Corcuera, la tragedia representada cada año en las carreteras españolas.El punto de inflexión de esa tendencia parece situarse en el momento en que entró en vigor, a mediados de 1992, el nuevo Reglamento de Circulación, que concretó en medidas precisas las líneas orientativas de la Ley de Seguridad Vial aprobada en 1990. Fundamentalmente, un mayor rigor sancionador en la retirada del carné de conducir, la obligatoridad del uso de cinturón para circular en vías urbanas y la del uso del casco a bordo de los ciclomotores. Menos decisivas han sido otras medidas, quizá sencillamente porque la mayoría de los conductores no las cumplen -es el caso de las limitaciones de velocidad en vías urbanas e interurbanas-, lo que plantea si son adecuadas y si existen medios para hacerlas cumplir.

En todo caso, ninguna de las nuevas propuestas, y otras que desde hace algún tiempo se vienen adoptando en España para reducir la sangría de la carretera, serán del todo eficaces si no se inscriben claramente en una especie de pacto estratégico sobre la seguridad vial que comprometa a todos: poderes públicos, en primer lugar, pero también a la industria automovilística, a las empresas de publicidad, a las asociaciones de usuarios y de consumidores y a los conductores en general. Las 61 recomedaciones del Plan Estratégico de Seguridad Vial que el Gobierno ha remitido al Senado para que estudie su viabilidad, coste y aplicación, parecen responder a esta filosofía: su eficacia dependerá, fundamentalmente, del grado de compromiso en su aplicación de los distintos eslabones de las administraciones públicas y de la conciencia cívica de los ciudadanos.

De todas ellas, la más novedosa y, seguramente, la que resultará más efectiva, es la implantación del permiso de conducir con crédito de puntos que se descuentan en función de las infracciones. El sistema ha dado buenos resultados en Estados Unidos, en Alemania y en Japón. También en Francia, a pesar del áspero recibimiento que le dieron los camioneros por miedo a los efectos negativos que pudiera tener sobre su oficio. Desde julio de 1992, en que entró en vigor el sistema, hasta diciembre siguiente, la reducción del número de víctimas ha sido drástica: el 11,6%. Se comprende el alivio con que ha sido acogida esa disminución en un país en que los muertos de la carretera rondan los 10.000 desde hace algunos años. Y es que, contra lo que pudiera parecer a primera vista, el sistema del carné por puntos es menos drástico e inapelable que el actual, en el sentido de que su pérdida no se produce de golpe, sino como resultado de una progresiva concatenación de infracciones. Lo que permite al conductor tomar medidas previsoras para evitar tal desenlace, convirtiéndose de ese modo en un mecanismo disuasorio.

Por supuesto que, aun tratándose de recomendaciones bien orientadas, su puesta en práctica no es suficiente para garantizar un tráfico seguro. Como señala el informe sobre seguridad vial elaborado por el Senado en 1991 -antecedente del plan que ahora le remite el Gobierno-, este tipo de medidas no pueden desligarse de la constante. mejora de la red viaria -principal y secundaria- y de la definitiva eliminación de los numerosos puntos negros que aumentan la peligrosidad de la circulación: pasos a nivel, cruces en vías rápidas o curvas pronunciadas.