Atocha, Sol, Callao

Dejando al margen el aspecto penal de la corrupción en aquellos casos que tengan cabida en el Código Penal -en cuyo caso corresponderá decidir al poder judicial y por lo cual sólo cabe, desde el poder político, dotar de mayores medios y fundamentalmente de independencia a los jueces-, y centrando el comentario en el aspecto de la responsabilidad política y social sobre las situaciones que se pueden denominar como irregularidades, corruptelas o más comúnmente como corrupción, cabe hacer las siguientes reflexiones.Es habitual oír a los ciudadanos, al enterarse de un asunto de corrupción en el que se ha comprobado la responsabilidad de un político, que aquí no pasa nada, que aquí no dimite nadie, etcétera; frases que reflejan el desencanto ante la patente de corso que parecen tener los políticos en estos casos. Es comprensible y perfectamente lógica esta queja de la ciudadanía, haciendo referencia a la impunidad política de los cargos públicos en un Estado democrático.

La explicación, que no justificación, de este fenómeno se debe a que las situaciones de corrupción se producen prácticamente siempre por un político cuyo partido se encuentra en una situación de poder, normalmente de gobierno, de la correspendiente Administración.

La denuncia de corrupción se suele producir bien por un partido político en la oposición o bien, como ha venido sucediendo de forma reiterada en la España de la década socialista, por un medio de información, por la prensa -entendida ésta de forma genérica, incluyendo por tanto los periódicos, revistas, radio y televisión-; lo que ha reforzado enormemente a la prensa como verdadero cuarto poder y, por tanto, la ha convertido en ese inconfesable objeto de deseo (inconfesable, pero evidente casi siempre) para el poder político, que ha intentado, también en estos últimos años, un gran movimiento de compra de prensa, o quizá, con otra composición gramatical, lo que ha intentado conseguir haya sido una gran prensa del Movimiento comprada (afortunadamente, en muchos casos no lo ha conseguido).

La investigación, la prueba y la denuncia de la corrupción son por tanto de una gran dificultad, por la desigual posición del que denuncia -oposición o prensa- y del que, en el mejor de los casos, defiende -poder-; en el peor, oculta, obstruye o ampara -al corrupto-.

Si a pesar de las dificultades se consigue probar la corrupción, y que los hechos denunciados se puedan constatar, no se tiene ninguna garantía de condena política, puesto que esta decisión corresponde tomarla a la mayoría del poder legislativo -administraciones central o autónomas- o a la mayoría de concejales en una Corporación local. Pero, como ha quedado expuesto, esta mayoría es del mismo signo que la del cargo político cuya responsabilidad se cuestiona.

Sanción política

La reprobación también puede ser decidida por el poder ejecutivo, así, cuando la responsabilidad en casos de corrupción afecte a los más altos niveles de la Administración, debería ser exigida por el presidente del Gobierno de la nación, el presidente del Gobierno autónomo o el alcalde, dependiendo de la Administración de que se trate.

Esta vía de sanción política impuesta por el poder ejecutivo es todavía más utópica, según demuestra la realidad diaria, incluso en aquellos casos en que el poder se ejerza por personas que han adornado su imagen con una aureola de independencia, ética, sentido crítico y condena de la corrupción -de otros, se entiende-, porque cuando afecta al propio ámbito prefieren el dontancredismo, o incluso la crítica al denunciante, acusándole de atacar a las instituciones, cuando no a la propia democracia, identificación injustificable en un Estado democrático, y sin embargo moneda corriente en cualquier dictadura.

Ante este cúmulo de dificultades existentes para que conductas reprobables tengan la correspondiente respuesta del poder político, y para evitar la justa reprobación social de la autoexculpación de los políticos, el camino más adecuado es el de la prevención, que se consigue con la existencia de los necesarios controles que impidan, en la mayor medida posible, la posibilidad de que se produzca cualquier tipo de irregularidad en las diferentes actuaciones administrativas, que es precisamente todo lo contrario de lo que han hecho las distintas administraciones socialistas, que han procurado eliminar este tipo de controles, o, dicho con más rotundidad, han apostado por el descontrol.

En la misma línea, después de Atocha, pasando por Sol, llega Callao.

Manuel Cobo Vega es diputado autonómico del Grupo Popular