España deplora el traslado irregular

El Ministerio de Asuntos Exteriores indicó ayer que "deplora el traslado irregular" de Enrique López Reyero. El embajador de España en México, Juan Pablo de la Iglesia, reveló, por su parte, que, en nombre del Gobierno, había pedido explicaciones a las autoridades mexicanas sobre las circunstancias en que se produjo la detención del ciudadano español.Las autoridades mexicanas omitieron informar del apresamiento de López Reyero a la Embajada española, que se enteró por familiares. Las gestiones diplomáticas españolas no han recibido hasta el momento ninguna respuesta oficial.

"Hemos seguido el caso desde el principio con la natural discreción entre Estados que se llevan bien y también por razones de eficacia", indicó De la Iglesia. "Las gestiones se han llevado a cabo a nivel consular y diplomático. La Embajada ha formulado una petición oficial al Gobierno mexicano pidiendo explicaciones y que se aclaren las circunstancias. Una vez nos den la respuesta, la valoraremos y obraremos en consecuencia", añadió.

Además del embajador De la Iglesia, días pasados, aprovechando una visita de trabajo que realizaba a México, se interesó personalmente por este caso el director general de Iberomérica, Yago Pico de Coaña, en el curso de un encuentro que sostuvo con el subsecretario mexicano, Javier Barros.

De la cancillería mexicana se esperaba una versión de los hechos antes del día 17, fecha en que inicia una visita a México el ministro español de Asuntos Exteriores, Javier Solana, que previamente habrá pasado por Washington. A Solana le preocupa que esa gira nortemericana, que empieza el próximo domingo, sea enfocada por los medios de comunicación bajo el prisma del secuestro de López Reyero.

Para consolarse, altos cargos de Exteriores recordaban ayer que justamente impulsaron en julio, durante la cumbre iberoamericana que se celebró en Madrid, un párrafo que quedó recogido en el documento final de la reunión. En él se manifestaba el rechazo a la aplicación de la extraterritorialidad a las decisiones judiciales y se proclamaba la intención de consultar la legalidad de la medida al Tribunal Internacional de Justicia de La Haya.

Ayer, en un almuerzo organizado por la Fundación Humanismo y Democracia, vinculada al Partido Popular, Solana comentó que nunca hubiese pensado que un ciudadano español fuese algún día víctima de esta práctica. Ante la prensa rehusó después hacer comentarios adicionales.