Los jueces de vigilancia penitenciaria tendrán menos discrecionalidad para conceder permisos carcelarios

Los jueces de vigilancia penitenciaria tendrán menos margen de maniobra y de discrecionalidad personal para tomar decisio-nes y, en concreto, respecto a los permisos carcelarios. El ministro de Justicia, Tomás de la Quadra-Salcedo, sugirió ayer ante la Comisión de Justicia e Interior del Congre-so que la reforma de la Ley General Penitenciaria mantendrá las funciones de control judicial pero introducirá elementos objetivos que los jueces tendrán que respetar.

De la Quadra-Salcedo compareció ante la comisión para informar, a petición del Grupo Popular, sobre las meclidas para garantizar el rigor en la concesión de beneficios penitenciarios a condenados; por delitos de violación y tráfico de drogas.El debate dio lugar a un cruce de acusaciones agrias entre el propio ministro, el Grupo Popular, el de Izquierda Unida y los socialistas.

Rogello Baón, como portavoz de los populares, aseguró que el sistema penitenciario español "está en crisis" y acusó al Gobierno de pretender suplantar las decisiones judiciales y acaparar las competencias de la política penitenciaria.

Para el diputado Baón, las normas sobre restricción de permisos que se han dictado recientemente suponen que el Gobierno admite "el fracaso del sistema".

De la Quadra-salcedo replicó que donde existe "una profunda crisis es en el Partido Popular y en sus posiciones sobre la Ley General Penitenciaria". El ministro, dirigiéndose a Rogelio Baón, le aseguró que los populares "han dejado de creer en la Ley General Penitenciaria".

Pero el portavoz popular tuvo que escuchar, además, acusaciones de demagogia por parte de la portavoz de Izquierda Unida, Cristina Almeida, y que el representante socialista en la citada comisión, Álvaro Cuesta, tachase su discurso de "reaccionario, demagógico e hipócrita".

Cristina Almeida y Álvaro Cuesta le recordaron a Baón la actitud del alcalde del Partido Popular de la localidad toledana de Navalcán, que encabeza la protesta de los vecinos por la condena a tres jóvenes de la localidad que violaron en tres ocasiones cada uno a una deficiente mental.

José Antonio Souto, en nombre del Centro Democráticó y Social, argumentó que es necesario establecer en la reforma de la Ley General Penitenciaria que el juez quede vinculado por dictámenes técnicos rigurosos a la hora de conceder permisos penitenciarios. Si ello no fuera así, añadió el diputado, habría que establecer mecanismos para exigir responsabilidades penales a los propios jueces.

1.232 condenados

Durante la comparecencia, que se centró fundamentalmente en los delitos contra la libertad sexual, mucho más que en los relacionados con el terrorismo, el ministro De la Quadra ofreció una serie de datos estadísticos y destacó que en la actualidad están internadas en las cárceles españolas por delitos de aquella naturaleza 1.232 personas, lo que supone el 3,49% de la población reclusa.De ese total, sólo 10 son mujeres; 901 cumplen actualmente condena, 312 están con carácter preventivo y 19 son internos judiciales.

De los 901 condenados por sentencia, 359 son reincidentes, lo que supone que el 40% de los reclusos condenados por delitos sexuales lo han sido en más de una ocasión.

Este problema llevó a la diputada de Izquierda Unida Cristina Almeida a protestar por lo que entiende como falta total de medios para reeducar a este tipo de delincuentes.

La parlamentaria de IU destacó la peligrosidad que este tipo de delincuencia encierra ya que consiguen permisos por buena conducta en el centro penitenciario que, dijo, sin duda observan pero sin que se ofrezca ninguna garantía de que puedan volver a delinquir en cuento obtienen un permiso carcelario.

Delincuentes jóvenes

El ministro dio también algunos datos sobre edades de estos delincuentes. El mayor número de penados, en concreto 262, se encuentran entre los 26 y los 30 años, casi la misma cifra -261- que ofrecen los comprendidos entre 31 y 40 años. Los mayores de 60 años son una minoría, y solamente 11 personas cumplen en este momento condena por transgresiones sexuales penadas en el código.El ministro de Justicia res-pondió también a una pregunta del diputado del CDS Manuel Alonso, sobre la objeción de conciencia, e informó que el Consejo Nacional de Objeción de Conciencia reconoció en 1992 a 35.584 objetores, mientras rechazó la solicitud de 1.064.

En cuanto a la prestación social sustitutoria, De la Quadra-Salcedo informó que en este momento existen 5.846 solicitudes reconocidas para aplazar la prestación sustitutoria; las más numerosas -5.382-lo son por estudios y 266 por necesidades económicas familiares. Entre las peticiones de aplazamiento de la prestación social sustitutoria destacan 77 por desempeño de cargo público.