Leguina impone su primer veto al PP

El PP se ha estrellado contra un muro de ladrillos socialistas. La Comisión Regional de Urbanismo, último filtro de control para los planes de los ayuntamientos, vetó el martes el programa estrella del gobierno municipal: los pisos de precio tasado destinados a la clase media. El grupo municipal socialista, en coordinación con el Gobierno de Joaquín Leguina, completó ayer la carambola al presentar un recurso contra la adjudicación del primer paquete de pisos. La Empresa Municipal de la Vivienda (EMV), en medio de la tenaza socialista, tuvo que aplazar la entrega. El Ayuntamiento, que considera que la Comunidad ha tomado una decisión política, que no legal, recurrirá la decisión.

En concreto, el Gobierno regional vetó la iniciativa municipal de construir viviendas de precio tasado (VPT) en terrenos que el Plan General de 1985 determinó que fueran para viviendas de protección oficial (VPO). El programa del Ayuntamiento de Madrid era recortar el número de VPO (para familias con rentas inferiores a las 280.000 pesetas mensuales) y favorecer la construcción de pisos de clase media (con ingresos de hasta 428.000).

Para ello, en marzo de 1992 el pleno municipal modificó el Plan General, a fin de incluir la nueva modalidad inmobiliaria en la categoría de "viviendas con algún tipo de protección". El documento sólo recogía hasta entonces dos tipos de viviendas: de protección oficial -subvencionadas y libres -regidas por el mercado ininobiliario

El aro regional

Ése es el acuerdo que llegó a la mesa de la Comisión Regional de Urbanismo, que preside el consejero de Política Territorial, José María Rodríguez Colorado. La Comunidad no pasó por el aro. "Hasta ahora hemos aprobado casi todas las reformas urbanísticas propuestas por el Ayuntamiento, no queríamos bloquear su actividad. Pero lo de las viviendas protegidas lo denegamos, sin más", aseguró ayer el vicenconsejero de Política Territorial, Oswaldo Román.La Comunidad penaliza el programa de viviendas de precio tasado al rebajar el número pisos de esta categoría que se pueden edificar en un solar reservado para VPO, lo que en la práctica significa hacer inviable el plan. El gerente de Urbanismo, Pedro Areitio, indicó ayer que esta decisión del Gobierno regional "va en contra de la ley y de la autonomía municipal".

Areitio considera que disminuir el número de VPT que pueden construirse en un terreno, menos que si fueran de VPO, "es una decisión que no está respaldada por la Ley del Suelo". "El voto de la Comunidad ha sido meramente político", comentó. "Sin embargo, la ley sí indica que los ayuntamientos deben hacer las viviendas de protección oficial que el Estado o las comunidades financien. En Madrid no han aportado un duro para ello. No es serio que encima que no nos dan dinero nos penalicen".

El Plan General de 1985 calificó suelo para más de 190.000 viviendas, de las que 85.000 se reservaban para protección oficial. En la actualidad aún quedan parcelas disponibles para cerca de 50.000 pisos, según datos de la Comunidad.

"En el fondo, se trata de una operación para sacar más dinero por el mismo suelo", subraya Román. Según el viceconsejero, el Ayuntamiento puede obtener 10.000 pesetas más por cada metro cuadrado construido con viviendas de precio tasado. "Por esta razón podrían haber ingresado hasta 50.000 millones si se hubiese aprobado su propuesta".

En los presupuestos de la Gerencia de Urbanismo constan este año unos ingresos de 13.600 millones por venta de viviendas de precio tasado, un 55% de lo que este organismo manejará este año. Sin embargo, Areitio asegura que las VPT también cuestan dinero al Ayuntamiento. "La obtención del suelo y su urbanización vale 43.000 pesetas por metro cuadrado y de una vivienda de precio tasado sólo se obtienen 22.000".

La Comunidad sostiene que se debe mantener la oferta de vivienda para los ciudadanos con rentas más bajas. "El 90% de la gente gana menos de 300.000 pesetas, y además, son los que demandan más pisos". El Ayuntamiento, sin embargo, cree que se debe atender a la clase media porque es el segmento más amplio con dificultades para acceder a una vivienda.