El Congreso pide al Gobierno que se pronuncie sobre la regulación de los grupos de presión

El Congreso acordó ayer pedir al Gobierno que se pronuncie sobre la conveniencia de regular la actuación de los grupos de presión, o lobbies, en España. Con esta fórmula, propuesta por el Grupo Socialista, el CDS obtuvo un apoyo parcial a su propuestade crear un registro público de intereses y regular el funcionamiento de los grupos de presión en la vida política. Izquierda Unida se desmarcó del resto de los grupos del Congreso y no apoyó la proposición, que recibió 267 votos favorables. Hubo 17 abstenciones, cuatro de ellas del Grupo Mixto.

La iniciativa del diputado del CDS Rafael Martínez Campillo era inicialmente mucho más ambiciosa, ya que trataba de conseguir del Parlamento un mandato al Gobierno para que en el plazo de dos meses enviase un proyecto de ley para regular los lobbies.

Sin embargo, las cautelas finales del grupo socialista le llevaron a proponer una enmienda, aceptada por el resto de la Cámara con la excepción de IU, en la que textualmente se establece que: "El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a estudiar la conveniencia de establecer un registro público de grupos de interés y, en su caso, remitir a la Cámara el proyecto de ley correspondiente en el que se establezca las condiciones para acceder a este registro, así como el marco de funcionamiento de los grupos de interés en su relación con los poderes públicos y la Administración". Martínez Campillo, portavoz adjunto del CDS y diputado por Alicante, defendió la necesidad de esta regulación ante el pleno del Congreso. Para el diputado centrista, "si los ciudadanos conocen quiénes son, qué o a quiénes representan [los grupos de interés] y sus objetivos, aumenta enormemente la seguridad de que su actividad se reducirá al mundo de la información y las propuestas".

Martínez Campillo afirmó ante el pleno que "los grupos que pretendan algo más sabrán, desde el principio, que están delinquiendo, y también lo sabrá el político que esté dispuesto a aceptar este tipo de presiones". El promotor de esta iniciativa defendió ante los diputados que "la situación actual mantiene un clima ambiguo que sólo conviene a los que quieren ocultar los intereses que defienden y las armas o presiones que están dispuestos a utilizar si se les deja".

El resto de los grupos parlamentarios apoyaron la proposición del CDS, y aceptaron la enmienda socialista, y así lo argumentaron Joan Marcet, en nombre del grupo socialista; Joan López de Lerma, por Convergència i Unió; Emilio Olabarría, en representación del PNV, y Joan Oliver, del Grupo Mixto. También Jaime Ignacio del Burgo, portavoz de los populares, apoyó la necesidad de encontrar un cauce legal para regular la actividad de los grupos de presión.

Izquierda Unida anunció que no podía apoyar la pretensión, por entender que ofrece riesgos para la transparencia de la vida política. Pablo Castellanos anunció que su grupo no apoyaba la propuesta centrista y se mostró muy reticente porque, según él, la regulación de los grupos de interés podía suponer "la profesionalización de los conseguidores, los mensajeros o presionadores" y porque, dijo, en Izquierda Unida "no nos gustan las entidades mercantiles dedicadas a la mediación política"