Transportes propone que una sola empresa de mayoría publica explote toda la producción eléctrica

El Ministerio de Transportes tiene ideas muy distintas al de Industria sobre el funcionamiento del sector eléctrico. El departamento de José Borrell quiere que toda la actividad de producción de electricidad la controle una sola empresa -tendría mayoríapública al aglutinarse activos-, y no varias como prevé la ley eléctrica elaborada por Industria. También sugiere que se unifique en otra empresa la actividad de transporte y distribución, y que la comercialización se reparta de manera que dos entidades no puedan operar en un mismo territorio.

El planteamiento de Transportes supone un cambio importante en la ley eléctrica de Industria, que lleva ya más de un año en fase de elaboración y ha sido examinada por el Consejo de Ministros y la Comisión de Subsecretarios, que mañana vuelve a debatirla. No obstante, responsables de Transportes han asegurado que se trata de unas sugerencias para que se incluyan en la ley y que no pondrán ningún impedimento formal a Industria para su desarrollo y aprobación. Fuentes de Industria, por su parte, han manifestado que ese planteamiento "es una reflexión que no supone ninguna dificultad".En cualquier caso, las sugerencias de Transportes constituyen, de raíz, una dificultad para los objetivos de Industria, cuya intención es que el Ejecutivo apruebe la ley entre finales de febrero y primeros de marzo. La ley prevé la separación jurídica en distintas empresas de los negocios de generación, distribución y comercialización, hasta ahora agrupados en una sola compañía. Asimismo, permitiría la entrada en la comercialización de operadores ajenos al sector.

Según el proyecto de ley, las empresas generadoras verterían a la red toda su producción y una corporación de derecho público se encargaría de vender la energía a las comercializadoras. El transporte de esa energía hasta las plantas de transformación (red de alta tensión) lo realizaría -como hasta ahora- Red Eléctrica de España, y el de las transformadoras hasta el consumidor (fábricas o casas) lo realizarían las distribuidoras. Por tanto, las comercializadoras tendrían que comprar la energía a la corporación y pagar a las distribuidoras por usar sus redes de transporte. La nueva figura permitiría al consumidor elegir aquél que le ofrezca mejor servicio en calidad y precio. La Secretaría General de la Energía, que ocupa Ramón Pérez Simarro, pretende también que los negocios atípicos se separen del balance para que "haya total transparencia".

Nacionalización

Transportes plantea un modelo absolutamente diferente en el que busca, según fuentes del departamento, "un sistema más integrado en el que se optimice el consumo y disminuyan los costes". En ese sentido, subraya que eso se lograría con la existencia de una sola empresa que se encargue de explotar la generación y otra que gestione el transporte y la distribución.

El planteamiento de Transportes se asemeja al que existe en otros países comunitarios (Francia, Italia, Irlanda ... ), donde las empresas pertenecen al Estado. Fuentes de las compañías argumentan que la propuesta "es una nacionalización de la energía". Transportes matiza que la empresa generadora estaría participada por todas las compañías de acuerdo con lo que correspondiera por los activos que aportaran. De esta forma, la mayoría de la participación -y, por tanto, el control- recaería en manos públicas por la aportación de ENDESA. Según dichos planes, esa única sociedad tendría que abordar las nuevas inversiones.

La otra parte de la propuesta de Transportes es que en comercialización sólo exista un operador, "sea público o privado", por territorio. Según Transportes, habría que definir lo que se entiende por territorio, pero subraya que, en cualquier caso, "dos comercializado res no deberían operar en uno mismo". Transportes coincide con las eléctricas en rechazar al comercializador.