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La historia interminable

Después de una década de las 800 empresas de Rumasa sólo sobrevive la cuarta parte

Hay 215 empresas reprivatizadas, 565 fusionadas o absorbidas y sólo una pendiente de liquidación. La historia del holding Rumasa en los últimos diez años -desde su expropiación, el 23 de febrero de 1983- se puede resumir en un puñado de datos. Pero detrás de la fría estadística -y de más de 40 millones de documentos- hay gastados casi 700.000 millones de pesetas de dinero público; más de 9.000 empleos desaparecidos; pleitos en medio mundo y mucha polémica sobre la reprivatización llevada a cabo por el Estado. Después de una década, el caso del holding de la abeja está dando sus últimos coletazos. En lo económico, la operación está prácticamente cerrada. En lo jurídico, a pesar de la insistencia del ex presidente de Rumasa José María Ruiz- Mateos, también se está llegando al final. Las altas instancias jurídicas españolas -tribunales Supremo y Constitucional- han fallado' en su contra. Los tribunales británicos y estadounidenses tampoco han atendido sus argumentos. Sólo le resta el Tribunal de Estrasburgo, aunque su reclamación no tiene nada que ver con el fondo de la expropiación.

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"Quiero llegar a saber qué es Rumasa". Mariano Rubio, subgobernador del Banco de España en esa época, manifestó este deseo en el despacho del abogado Eduardo García de Enterría en octubre de 1982, apenas cinco meses antes de la expropiación del holding de la abeja. Rubio, enfrentado desde hacía tiempo al presidente de Rumasa, José María Ruiz-Mateos, expresaba en voz alta sus sospechas. Para el Ministerio de Economía y para el Banco de España, Rumasa era oficialmente, antes de febrero de 1983, un conglomerado de 225 sociedades y bancos sobre el que se disponía de una información muy limitada. Tras la expropiación, se descubriría que el holding estaba compuesto por más de 700 sociedades estructuradas de forma compleja y con una titularidad difuminada a través de fiduciarios.Los recelos del subgobernador están recogidos en una carta remitida a Ruiz-Mateos por uno de sus empleados y archivada entre los 40 millones de documentos de la historia del grupo. En la carta, el empleado espía cuenta al presidente de Rumasa lo tratado en la reunión de altos cargos, a la que asistieron, además de Mariano Rubio, algunos miembros del equipo de García de Enterría y el responsable del Fondo de Garantía de Depósitos (la uvi bancaria), Aristóbulo de Juan.

La reunión estaba convocada para dar los últimos toques jurídicos a la creación del Fondo de Garantía de las Cajas Rurales. Pero la conversación derivó hacia la posibilidad de preparar un decreto ley para ampliar los sistemas de inspección de la banca privada. Rumasa, el imperio que nació en Jerez el 16 de mayo de 1961 con 300.000 pesetas de capital y la asociación de seis hermanos, estaba en el punto de mira de las autoridades.

El gato y el ratón

Ruiz-Mateos había aprovechado las lagunas legales existentes para, desde 1961, adquirir participaciones bancarias a través de sus empresas, y estaba jugando al gato y al ratón con el Banco de España al menos desde 1978, año en que recibió la primer a amonestación grave de la autoridad monetaria.

Con ambición, tesón, personalismo y desprecio por las normas, el tercero de los hermanos Ruiz-Mateos había construido en dos décadas un gran mecano: más de 700 empresas, 20 bancos, 48.000 trabajadores, un déficit patrimonial de 259.339 millones, pérdidas acumuladas de 346.000 millones, un capital social de 17.000. millones y unas reservas restringidas de 69.753 millones.ç

Dos cifras resumen la situación de Rumasa en el momento de la expropiación: con unas deudas frente a terceros de 1,08 billones, el valor contable de los activos del grupo sólo alcanzaba los 821.737 millones. El grupo estaba en situación de quiebra técnica.

Mariano Rubio conocía de sobra las múltiples advertencias del gobernador del Banco de España, José Ramón Álvarez Rendueles, a Ruiz-Mateos. Según recoge el profesor y economista Julio Argüelles en su tesis doctoral Análisis del grupo Rumasa, Álvarez Rendueles advirtió al empresario Jerezano cinco años antes de la expropiación de que "la función de los bancos no puede consistir principalmente en financiar a las empresas directamente vinculadas a ellos". Era lo que venía haciendo Rumasa. Se había acabado la complacencia oficial con Ruiz-Mateos. Se habían acabado la facilidades que permitieron la expansión del grupo hasta 1975.

Las inspecciones continuas en bancos y en empresas de Rumasa no habían servido de nada. Los intentos de saber qué era Rumasa se habían intensificado desde 1977, tras el nombramiento como vicepresidente económico del profesor Fuentes Quintana. Pero, a pesar de designar dos grupos de inspección -en Comercio y en Hacienda-, Rumasa seguía siendo una incógnita. Sencillamente, los inspectores no podían inspeccionar.

"Los inspectores", diría luego en el Congreso Fuentes Quintana, "estaban hartos de comparecer en domicilios de empresas inexistentes, de ir y encontrarse con la empresa cerrada". Por si fuera poco, Ruiz-Mateos no paraba en barras y, en ocasiones, ofrecía trabajo a los funcionarios. El éxito de las ofertas obligó, según recoge Argüelles en su tesis, a enviar a los inspectores en grupos de cuatro o cinco para contrarrestar tentaciones.

Mariano Rubio tenía, por tanto, muchas razones para estar enfadado. La vigilancia del Banco de España culminó en un informe a Economía, 14 días antes de la expropiación, en el que se detalla parte de las irregularidades. El informe demuestra que la autoridad monetarias, a finales de 1982, había podido hacerse ya una idea de lo que verdaderamente era Rumasa y de cómo actuaba.

Elusión de limitaciones

"Es muy frecuente", se afirma en el informe, "la utilización del crédito por una sociedad distinta de la que figura como titular del mismo ( ... ); no son ciertas las cifras que se declaran a la Central de Información de Riesgos; se eluden las limitaciones sobre volumen de créditos; es práctica generalizada que el pago de intereses de los créditos se realice mediante la concesión de nuevos créditos".

El nudo, a finales de 1982, estaba apretándose, y Ruiz-Mateos lo sabía. El empresario lo había intentado todo. Había explorado sus apoyos aprovechando sus vinculaciones con el Opus Dei tal y como narra Ernesto Ekaizer en su obra José María Ruiz-Mateos, el último magnate. Había conversado con el jefe de. la oposición, el joven Felipe González, semanas antes de las elecciones de octubre de 1982 en encuentros organizados por su abogado Crispín de Vicente. Había visitado al presidente de la banca privada, Rafael Termes. Había contratado como asesores a dos miembros del que fue partido gobernante, UCD, Alejandro Rebollo y Fernando Castedo.

Nada servía. El nuevo Gobierno socialista, con el ministro Miguel Boyer como punta de lanza, había llegado a la conclusión de que Rumasa podía estallar. Boyer y sus compañeros de Gabinete disponían de cuatro posibilidades para actuar, y la de

La historia interminable

la expropiación no era la más fácil. Los socialistas, que acababan de devaluar la peseta, temían que la expropiación se interpretara como la primera de una serie de grandes nacionalizaciones.Las cuatro alternativas estaban preparadas por el Banco de España desde el 9 de febrero: continuar con las recomendaciones y advertencias; expulsar a los bancos de Rumasa del Fondo de Garantía de Depósitos; intervenir los bancos provisionalmente y, finalmente, expropiar.

Las cuatro fórmulas se discutieron el lunes 14 de febrero en comisión delegada. Estaban presentes Miguel Boyer; el ministro de Industria, Carlos Solchaga; el de Agricultura, Carlos Romero; el de Obras Públicas, Julián Campo` el de Transportes, Enrique Barón; el de Trabajo, Joaquín Almunia; el de Sanidad, Ernest Lluch; el secretario de Estado de Economía, Miguel Ángel Fernández Ordóñez; el director general de Economía, Pedro Pérez, y el portavoz del nuevo Gobierno, Eduardo Sotillos.

Nuevo debate

Los reunidos acordaron un nuevo debate en Consejo de Ministros. La deliberación no se mantuvo en secreto mucho tiempo. Apenas finalizada, el flamante presidente del Gobierno, Felipe González, recibió, una llamada en La Moncloa. Eran las nueve de la noche y al otro extremo del hilo telefónico el ex presidente Adolfo Suárez preguntaba a González si era cierta la intervención de Rumasa. González, según la versión más extendida, contestó a Suárez que no había nada decidido.

La, expropiación se decidió el miércoles 23 de febrero, en un largo Consejo de Ministros. Los acontecimientos se habían precipitado. El periódico Tribuna Vasca, que hasta diciembre de 1982 había estado dirigido por Eduardo Sotillos, adelantó, el viernes 18 de febrero, los rumores sobre las dificultades de Rumasa; el periodista Mariano Guindal preguntó directamente a Boyer ese mismo viernes 18. Boyer, en su respuesta, reveló que las relaciones con Ruiz-Mateos eran más que tensas. Los nervios estaban desatados. El lunes 21 de febrero, Boyer y Ruiz-Mateos se vieron las caras. No hubo acuerdo sobre las auditorías que pedía el Ejecutivo, ni sobre un posible comunicado conjunto. Sotillos, portavoz del Gobierno, anunció a las 11.40 del miércoles 23 de febrero, por televisión, que el Ejecutivo había decidido expropiar el holding.

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