El Congreso aprueba la ley de huelga pactada entre el partido socialista y los sindicatos

El Pleno del Congreso aprobó ayer el proyecto de ley de huelga con los votos en contra del Partido Popular y del Grupo Catalán y la abstención del Partido Nacionalista Vasco. El texto, enviado ahora al Senado, no ha sufrido cambios de fondo y respeta el pacto logrado entre el Grupo Socialista y los sindicatos UGT y CC OO. Tan sólo se han aprobado seis enmiendas a propuesta del CDS, Izquierda Unida y CIU, que no suponen modificaciones sustanciales. La sesión parlamentaria la quiso cerrar el ministro de Trabajo, Luis Martínez Noval, con una firme defensa del proyecto de ley y con argumentos que entran en contradicción con los hechos públicos por el ministro de Economía, Carlos Solchaga. "Se ha dicho que crea alarma", dijo Martínez Noval. "Esas afirmaciones están infundadas y no me baso en una especulación intelectual, sino en la evidencia empírica".

El pacto logrado entre el PSOE y los sindicatos UGT y Comisiones Obreras en diciembre pasado centró la práctica totalidad del debate de ayer. Unos grupos parlamentarios lo recordaron para mostrar su apoyo -sobre todo IU y CDS- y otros -PP y CIU- para criticar que no bu aceptaran las propuestas defendidas por la patronal CEOE.El momento en el que se logró el citado pacto, precisamente cuando los distintos grupos parlamentarios ya habían presentado sus enmiendas, ha provocado que la mayor parte de esas enmiendas se quedaran sin soporte jurídico, privadas de contenido 0 de coherencia, y así lo destacaron los diputados populares y del Partido Nacionalista Vasco. Celia Villalobos, del PP, aseguró que el verdadero debate tendrá lugar en el Senado.

Las críticas más duras las formuló el diputado del Grupo Popular, Gabriel Cisneros, quien duda que sea deseable una ley que "ha merecido el rechazo de todos los sectores económicos, las patronales y las cámaras de comercio y la sorpresa de las embajadas extranjeras". Algunos de los puntos de la ley que le merecen más rechazo son: que sea perfectamente posible la convocatoria de una huelga a espaldas de los trabajadores, la conversión de huelgas abusivas -las de celo- en actos abusivos, la inimputabilidad de algunas conductas violentas, que las huelgas de respuesta se puedan realizar sin preaviso y que la ley no contribuirá a reducir la alta conflictividad que hay en España.

Cisneros aseguró que el PSOE ha instrumentalizado la Ley de Huelga. "Permítame, señor Barrionuevo, que piense que su Gobierno está lanzado a un intento desesperado de recomponer su base social, y por eso le ha dado la vuelta a la Ley como a un calcetín", afirmó.

Estrategia socialista

El portavoz socialista y ponente de la Ley, José Barrionuevo, reconoció en parte esa aseveración. Le respondió que el pacto logrado con UGT y Comisiones Obreras "es bueno per se, pero no era nuestra única intención. Es el eslabón de una cadena acertada para nuestro partido: consistente en lograr acuerdos con los sindicatos".

Los representantes de Izquierda Unida, José Luis Núñez, y del CDS, Carlos Revilla y Laura Morso, fueron los mejores aliados del diputado socialista, José Barrionuevo, en la defensa del proyecto de ley. Núñez incluso trató con más dureza que Barrionuevo los argumentos del Partido Popular. "Algunos necesitan anclarse en su conservadurismo", dijo Núñez. "Y dejan claros los intereses a los que representan". También recomendó a Gabriel Cisneros y a Celia Villalobos que "no busquen escudarse en interpretaciones jurídicas".

A Gabriel Cisneros se le escapó un exabrupto -pidió disculpas de inmediato- al responder al diputado de IU, y con cierto enfado dijo a José Luis Núñez: "No le consiento que formule una interpretación de intenciones ni que me atribuya la representación de intereses determinados".

Varias veces agradeció Barrionuevo a José Luis Núñez y a Laura Morso sus apoyos. Y subrayó la contradicción de que los diputados populares acusaran al PSOE de no pactar la ley con la CEOE, cuando ellos no han recogido tampoco sus propuestas -"algunas de ellas inconstitucionale?, dijo- Ello demuestra, según el representante socialista, que "el acuerdo con la patronal era imposible".

El CDS e IU no tuvieron éxito, en cambio, en lograr una enmienda por la que se reconozca el derecho de huelga a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, magistrados, jueces y fiscales.

El Pleno del Congreso envió la ley al Senado tras aprobar el dictamen de la comisión con 201 votos afirmativos -PSOE, CDS e IU y parte del grupo mixto-, 108 en contra -PP y CiU- y 8 abstenciones -del PNV y tres del Grupo Mixto- La abstención del PNV, según explicó Emilio Olabarría, se debe a "razones procedimentales" y anunció enmiendas en el Senado que pretenden "subsanar deficiencias técnico-jurídicas" y otras referidas a la exclusión del cierre patronal del proyecto de ley.