A vueltas con la flexibilidad laboral

Considera el articulista que, en general, ni los partidarios de la mayor flexibilidad ni los opuestos a ella suelen exponer análisis globales sobre el mercado de trabajo, sino que insisten en los aspectos parciales que más les convienen desde sus posiciones.

Incluso en épocas de fuerte crecimiento, la oferta de ocupación en España es tradicionalmente menor que la población en edad de trabajar, y en los últimos tiempos, además, la contratación temporal se ha extendido más allá de lo razonable. Ese doble impacto repercute negativamente en las condiciones de vida de millones de ciudadanos, conduce a la infrautilización de los recursos humanos, limita las posibilidades de expansión de las políticas sociales y contribuye a explicar la baja productividad de empresas con plantillas inexpertas y poco formadas. Desde la óptica del empleo, nuestro país es injusto e ineficaz, y la corrección de sus carencias pasa, entre otras respuestas, por reformas en el mercado laboral. El empeoramiento de los datos de paro de los últimos meses hace que la reforma sea inaplazable.Es verdad que ahora la coyuntura adversa explica buena parte del empleo que se destruye, pero hay otros factores que también son relevantes, tanto en esta fase como en los momentos de reactivación. Por eso, todos podemos estar de acuerdo en que la cantidad y calidad del empleo puede ser mayor o menor bajo unas condiciones económicas dadas. Las discrepancias comienzan a la hora de, diseñar y aplicar medidas institucionales, sociolaborales y económicas capaces de traducir los buenos diagnósticos en resultados concretos.

La OCDE, que ha analizado en profundidad las carencias de empleo sufridas por los países industrializados desde la crisis del petróleo, apuesta por una serie de reformas estructurales, entre las que se encuentra la de la regulación y funcionamiento del mercado de trabajo. Éste debe ser más flexible, más adaptable a las nuevas circunstancias. Según la OIT -que también ha dedicado mucha atención a las políticas de empleo-, a finales de los años ochenta existía a ese respecto un convencimiento bastante generalizado tanto entre los Gobiernos como entre las organizaciones de empleadores y de trabajadores. Aquí, no obstante, incluso mentar la flexibilidad es problemático.

Informe Dahrendorf

Tanto la OCDE como la OIT sostienen la amplitud y complejidad del concepto de flexibilidad laboral. El Informe Dahrendorf, que constituye una magnífica síntesis de las reflexiones realizadas al respecto, afirma que la flexibilidad o rigidez del mercado de trabajo depende de muchos factores, que agrupa en seis categorías: costes laborales, condiciones de empleo, modalidades y hábitos de trabajo, disposiciones reglamentarias, movilidad externa o interna y, por último, educación y formación. Como puede verse, estamos ante una cuestión que no admite tratamientos simplistas y para la que difícilmente cabe evitar la discusión.

La OIT también dice, advirtiendo contra las recetas fáciles, que los métodos para mejorar la eficiencia del mercado de trabajo, es decir, su adaptabilidad a las nuevas circunstancias en orden a facilitar la creación de empleo, varían según el contexto económico, social e institucional de cada país, y que "la inadecuación de las formulaciones teóricas en relación con muchos aspectos de la flexibilidad es impresionante".

Además, estos organismos han prestado atención a la eficacia de las distintas estrategias de implantación de ese tipo de políticas. Una cita del ya mencionado Informe Dahrendorf ofrece una excelente síntesis de las conclusiones que se han ido decantando a ese respecto. Dice el informe: "A primera vista al menos, toda tentativa de flexibilizar el mercado de trabajo provoca inevitablemente un conflicto entre los intereses individuales y las necesidades económicas. Si así sucediera, la primera consecuencia que debe extraerse es que conviene conceder prioridad a los aspectos más equilibrados de la flexibilidad La segunda consecuencia es la necesidad imperativa y continua de consultas y de negociaciones entre los que quieren el cambio y los que sufrirán sus efectos. La flexibilidad del mercado de trabajo no debe convertirse en un arma utilizada por un grupo contra otro. Si esto se produjera, habría conflictos que impedirían todo progreso. Lo que hace falta es un pacto social mediante el cual todos los interesados se comprometan a buscar los medios necesarios para conseguir tanto la eficacia económica como el progreso social".

Ni el equilibrio entre los intereses de trabajadores y empleadores ni la apelación al diálogo social suelen estar presentes en el planteamiento de esta cuestión en nuestro país. Es verdad que a nuestro mercado de trabajo, dados sus resultados insatisfactorios, no se le conocen defensores acérrimos y sí en cambio muchos detractores. Existe una amplia mayoría convencida de la necesidad de reformarlo, pero no siempre en el sentido de una mayor flexibilidad. Unos critican con más o menos énfasis la rigidez de los salarios, las dificultades a la movilidad o los mecanismos de despido, pero otros -los sindicatos principalmente- lo que atacan es la propensión de los empleadores -facilitada por la actual regulación- a la precariedad de los contratos, y por ahora se niegan en redondo a discutir siquiera sobre los mecanismos de salida del mercado. En general, ni los partidarios de la mayor flexibilidad ni los opuestos a ella suelen exponer análisis globales sobre el funcionamiento y los fallos del mercado, sino que insisten una y otra vez en los aspectos parciales que más las convienen desde su posición respectiva.

Los argumentos utilizados tienden a descansar en posiciones de principio -sí o no a la flexibilidad, sí o no al despido libre o a la autorización administrativa de los expedientes de regulación- a las que se atribuyen, respectivamente, efectos taumatúrgicos o perversos; se echan en falta juicios sosegados acerca del funcionamiento real del sistema y de las causas concretas de la carencia de empleo. Frente a los sabios consejos del Informe Dahrendorf, el debate se degrada por el uso de armas arrojadizas en todas las direcciones, sin conducir a ningún resultado. Incluso en un tema sobre el que hay un amplio acuerdo, como el abuso de las contrataciones temporales, las conclusiones del llamado Informe Segura no han encontrado aún, al cabo de dos años, ningún eco normativo, si exceptuamos algún precepto aislado del Real Decreto-Ley sobre fomento del empleo y protección del desempleo de la primavera pasada.

Programa de Convergencia

Tampoco se han conseguido avances significativos -pese a los deseos expresados por el programa de Convergencia y por los interlocutores sociales- en lo que concierne a la sustitución de más de un centenar de ordenanzas laborales y reglamentaciones de trabajo aún vigentes por una regulación pactada de las categorías o grupos profesionales, con lo que la movilidad funcional dentro de las empresas se dificulta en alto grado. También existen numerosos obstáculos, por causas culturales e institucionales, a la movilidad geográfica, y la reforma del Inem sigue esperando, aunque todos la reclaman. De los mecanismos de ajuste de los excedentes de plantilla no se ha hablado seriamente en torno a una mesa de negociación desde 1979, ni se vislumbra cómo pueda hablarse. Pues aunque nadie propugna la implantación del despido libre -impensable en el contexto de la Constitución Española y de las directivas comunitarias-, se agita ese espantajo para tratar de esquivar cualquier modificación de los mecanismos de extinción de los contratos: mientras, quienes defienden tal modificación se dejan imputar esas intenciones y- ni siquiera se esfuerzan demasiado por argumentar frente a sus oponentes.

Ante la dificultad de entablar un verdadero diálogo -en lo que todos deben asumir su parte de responsabilidad-, la reforma del mercado de trabajo se aplaza una y otra vez, mientras que la situación del empleo la demanda cada vez con mayor urgencia. Por eso hay que encontrar cuanto antes un calendario, un método y un orden del día. En 1984, cuando se reformó el sistema de contratación, se acertó en el momento -al final del ajuste- y en el método -diálogo social-, pero faltó un análisis global que enmarcase las medidas que se adoptaron. De ahí el que ese planteamiento global sea ahora imprescindible para producir una reforma equilibrada, además de negociada.

El que estemos en año electoral no es argumento para aplazar una vez más esta discusión. La oferta lanzada en este sentido por Felipe González, y precisada por Luis Martínez Noval, no merece caer en saco roto. El Ejecutivo propone abordar las reformas que sean necesarias desde una perspectiva de equilibrio -entre los intereses de las partes y entre los diferentes aspectos a considerar- con voluntad de encontrar posiciones de consenso, sin prejuicios ni tabúes, y sugiere el marco del Consejo Económico y Social para albergar ese debate. La oferta conecta con el sentido común y la inteligencia que incorporó Dahrendorf a su informe, hace ocho años. Por eso, y porque no hay razones para perder más tiempo discutiendo si son galgos o podencos, es por lo que, no se comprenden algunas reacciones que se han hecho públicas en contra de esa propuesta. Desecharla sería, además de una injusticia, una gran irresponsabilidad.

es diputado del PSOE por Madrid.