El Congreso inicia la reforma del derecho de asilo para que no sea usado por motivos económicos,

El Congreso de los Diputados, a propuesta del Gobierno, inició ayer una reforma de la ley de asilo para tratar de impedir que sea usada como un subterfugio por quienes emigran de sus países por motivos económicos y pretenden esquivar los requisitos que la ley de extranjería les impone para legalizar su residencia en España. El pleno de la Cámara rechazó una redacción alternativa de la ley elaborada por Izquierda Unida, aunque el Grupo Socialista aceptó varias de sus propuestas a fin de garantizar los derechos de quienes huyen de sus países por motivos políticos.

Con el rechazo del pleno a la enmienda a la totalidad de Izquierda Unida, el proyecto de ley inicia su trámite de debate en el Congreso de los Diputados.El proyecto de ley que modifica las normas reguladoras del derecho de asilo aprobadas en 1984, suprime la distinción entre los estatutos de asilo y de refugiado.

La reforma en curso define exactamente como asilo la protección al extranjero que se encuentre fuera del país de su nacionalidad o que, careciendo de ésta, no tenga posibilidad de regresar a su patria por fundados temores a ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas.

El Gobierno señala en la exposición de motivos de la reforma debatida ayer que debe interpretarse en sentido amplio el concepto de "perseguido por opiniones políticas".

El derecho de asilo por razones humanitarias es remitido a la Ley de Extranjería, sin mayores precisiones, lo que mereció ayer la crítica de Izquierda Unida.

Examen previo

La modificación aprobada ayer por el Congreso establece una fase previa en el examen de las solicitudes de asilo que permita la denegación de forma rápida de las peticiones que sean "manifiestamente abusivas o infundadas" y de aquéllas cuyo examen no le corresponda a España, en virtud de tratados internacionales.El Grupo Socialista introdujo una enmienda a este respecto para que el silencio de la Administración durante siete. días equivalga a una aceptación de la solicitud realizada por el solicitante del refugio político en España.

Quienes se encuentren en la frontera española y vean denegada su petición de asilo podrán presentar una solicitud de reexamen de su demanda con la automática intervención del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

La nueva ley señala que la entrada ilegal en territorio español no será sancionada cuan do se haya realizado por una persona que reúna los requisitos para ser considerado como refugiado.

Asimismo, el texto indica que la mera admisión a trámite de la petición de asilo hecha en, cualquier frontera española por un inmigrante supondrá la autorización de entrada y de permanencia provisional en suelo español del solicitante.