El Gobierno se querellará contra los ex gestores de KIO si confirma sus sospechas de falsedad

El Gobierno ha abierto expediente sobre las inversiones de KIO en España y emprenderá acciones legales contra sus anteriores gestores si confirma que en la documentación sobre tales inversiones incurrieron en falsedad, según aseguró ayer el ministro de Economía, Carlos Solchaga. El ministro, que compareció en el Congreso a petición de IU y del PP, manifestó que los ex gestores pudieron mentir al sostener que sus inversiones tenían carácter privado, cuando ahora hay indicios de que eran públicas. La oposición reprochó al Gobierno falta de vigilancia, e IU-IC, en concreto, acusó a los ministros de "cómplices o incautos".

Carlos Solchaga, que compareció ayer ante la Comisión de Economía durante cuatro horas y media, anunció la apertura de un expediente sobre las inversiones de KIO alegando que el grupo kuwaití notificó los días 22 de diciembre de 1992 y 4 de enero de 1993 que las empresas instrumentales holandesas Koolmees y Kookmeuw -a través de las que se realizaron las inversiones del grupo en España- están bajo la tutela del Estado kuwaití.En la mencionada notificación, KIO pidió que se regularizasen las inversiones anteriores. Solchaga contestó que no era necesaria la regularización, pero, según dijo ayer, ha exigido que KIO aclare "desde cuándo están bajo la tutela estatal las inversiones de Koolmees y Kookmeuw para poder tomar las medidas legales". Las investigaciones que abarque el expediente se pasarán al fiscal general del Estado para que éste actúe en consecuencia y encargue a los jueces las acciones legales correspondientes.

Según el ministro, en los documentos entregados a la Administración española al cumplimentarse las distintas inversiones en años pasados se aseguraba que dichas sociedades gestionaban fondos privados de particulares kuwaitíes, motivo por el que habrían incurrido en falsedad en documento público, lo que constituye delito penal y, por tanto, abre la posibilidad de presentar una querella criminal. Además, al estar las sociedades mencionadas domiciliadas en Holanda, están sujetas al derecho comunitario. Estas dos condiciones eran suficientes para que no fuera necesario que las inversiones las aprobase el Consejo de Ministros. Hay que recordar que KIO interpuso querella contra los anteriores gestores por presuntos delitos y que el juez de delitos monetarios, Miguel Moreiras, la rechazó. En la actualidad hay un recurso contra ese auto, sobre el que Moreiras se pronunciará el próximo día 16, según declaró ayer antes de pronunciar una conferencia en la Universidad Complutense de Madrid.

"Incautos o cómplices"

"El Gobierno no podía pensar que fuera de otra manera, ya que KIO es un grupo que invierte y gestiona fondos ajenos públicos y privados kuwaitíes", manifestó Solchaga. "La responsabilidad", prosiguió, "es del solicitante y no del Gobierno, que en ningún momento cometió negligencia cuando admitió las inversiones". En cualquier caso, el ministro admitió que "si hubieran solicitado la autorización al Consejo de Ministros, el Gobierno la habría aprobado" porque la habría considerado legal. El ministro, posteriormente, apostilló: "Nos han parecido bien las inversiones y si KIO quiere seguir invirtiendo será muy bíen acogido".

Francisco Álvarez Cascos, del PP, y Ramón Espasa, de IU-IC, reprocharon al ministro que la responsabilidad no es sólo de los solicitantes, "sino también del Gobierno, que tiene la misión de vigilar". Según el diputado de la derecha, "al amparo de la ley de 1986 habría que anular todas las inversiones aprobadas". Cascos anunció la presentación de una moción pidiendo una comisión de investigación, ya pedida anteriormente por IU y CDS. El diputado del PSOE, Juan Pedro Hernández Moltó, adelantó que "Ias explicaciones del ministro eran suficientes y no había lugar para una comisión".

Álvarez Cascos aseguró en los pasillos del Congreso que acudirá a cualquier instancia para conocer las responsabilidades políticas o penales de KIO y no descartó querellarse contra Felipe González. Según el secretario general del PP, que ayer hizo de portavoz de su grupo, su intención es llegar al final para depurar todas las responsabilidades. El PP ha anunciado repetidamente la presentación de una querella "si no se admitía una comisión de investigación en el Parlamento".

Espasa, por su parte, tuvo una intervención más incisiva. Reseñó que hubo abuso de confianza de las leyes españolas por parte de los inversores kuwaitíes, y acusó a sus gestores de posible connivencia con "algunos gobiernos autonómicos y con el central, aunque queremos tener más datos". Puso en duda que no se supiera la relación de las inversiones con el Estado kuwaití, y preguntó como prueba de ello: "¿Cómo se circunscribe entonces el viaje de Pedro Pérez [secretario de Estado de Economía] a Kuwait a pedir que no desinvirtiera en España antes de que se notificase esa relación?" Y, por último, dijo: "O bien han sido ustedes unos incautos dejando hacer esas inversiones durante siete años o han sido cómplices".

El ministro, que, en cualquier caso, ahora admite la posibilidad de que los gestores de KIO engañasen al Gobierno aunque esté de acuerdo con las inversiones hechas, admitió "la responsabilidad política del Gobierno, pero no que el Gobierno haya pecado de insuficiente tutela en la vigilancia, prevaricación o incumplimiento de la ley". En anteriores comparecencias, otros miembros del Gobierno fueron tajantes al afirmar que el Consejo de Ministros no tenía que haber aprobado dichas inversiones, por lo que ahora, con la información dada por KIO, el Ejecutivo ha cambiado sustancialmente.

Hoy comparecerá ante la misma Comisión de Economía del Congreso el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Luis Carlos Croissier, que responderá a una interpelación hecha por los grupos políticos de la oposición del Congreso sobre la actuación de dicho organismo en las inversiones del grupo KIO.