La policía cree que alguno de sus miembros colabora en la red de escuchas telefónicas de Barcelona

La policía sospecha que en la red que se dedica en Barcelona a intervenir teléfonos ilegalmente colaboran personas vinculadas directa o indirectamente a los cuerpos de seguridad del Estado. En los últimos tres meses, políticos, periodistas y fiscales de Barcelona han sido víctimas de este tipo de escuchas. Duran Lleida, Jiménez Villarejo, Rafael Ribó y Enric Sopena han sido víctimas de los pinchazos.

La existencia de una red que tenía pinchados teléfonos de diversas personalidades se descubrió a raíz de la denuncia presentada por Iniciativa per Catalunya (IC). Las escuchas ilegales contra IC y el fiscal jefe del Tribunal Superior, Carlos Jiménez Villarejo, se produjeron cuando estalló el caso de los pagarés, en el que estaba implicado el ex director general del Institut Catalá de Finances, Jordi Planasdemunt.La policía sostiene la hipótesis de que una de las redes de espionaje telefónico tenga relación con personas vinculadas con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. También en algunas de las empresas de contraescucha -las que se dedican a limpiar los despachos de dirigentes políticos o institucionales rastreando las huellas de espionaje-, colaboran antiguos policías. Es el caso, por ejemplo, de la compañía Chek & In, SA, que efectuó el rastreo del domicilio del dirigente democristiano, Josep Anton Duran Lleida.

Participan en la propiedad. de esta empresa las esposas de (los ex agentes: Francisco Álvarez y Jesús Gutiérrez Argüelles, quienes prestan sus servicios profesionales en la compañía. Alvarez y su esposa son también accionistas de la empresa Mantenimiento Instalaciones Telefonía, SA, que según su objeto social es el montaje, venta, reparación de productos de telecomunicación, vídeo, electrónica e informática y comercio relacionado con la actividad telefónica.

Álvarez es un comisario que se encuentra en situación de excedencia voluntaria. Gutiérrez Argüelles está en régimen abierto tras haber salido recientemente de prisión, donde cumplía condena por homicidio. Ambos han sido citados a declarar en procedimientos judiciales relacionados con la trama de los GAL. Entre sus clientes figura algún abogado barcelonés de máxima notoriedad, así como financieros y políticos en excedencia. Además, también antiguos miembros de cuerpos policiales prestan servicios en los últimos años en los equipos de seguridad privados de algún gran financiero, que ha acompañado sus tareas de una sofisticada maquinaria de contrainformación.

El presidente de IC, Rafael Ribó, calificó ayer el hecho de "grave", ya "que atentan contra los derechos de privacidad y significa una manipulación del Estado de derecho". Duran Lleida admitió ayer que se ha visto obligado a utilizar otros medios distintos a los del teléfono para comunicarse con sus compañeros. El director de TVE en Cataluña, Enric Sopena, denunció en dos ocasiones la existencia de micrófonos ilegales en su despacho.