La directora del Clínico de Zaragoza culpa del accidente a la empresa General Electric

Rosario Jaquotot, directora del hospital Clínico de Zaragoza, acusada en el juicio por el accidente de] acelerador que causó 20 muertes en 1990, culpó ayer de las consecuencias del fallo del aparato a la empresa General Electric, fabricante y encargada del mantenimiento del mismo. Jaquotot aseguró que en 1989 y en 1990 había enviado dos cartas a la dirección de la multinacional en España instándola a que comunicara cualquier reparación del acelerador al servicio de protección radiológica del hospital. "No sabía que incumplían las normas que yo había dado", dijo.

La directora del hospital, una de las 11 personas sentadas en el banquillo de los acusados, precisó que dio dos tipos de instrucciones relativas a la instala ción del acelerador. Una de ellas a General Electric, con la que se firmó un contrato de mantenimiento. El citado contrato, por el que el Insalud ha pagado 14 millones de pesetas anuales, fue firmado por el director provincial del Insalud en Zaragoza. "Yo informé favorablemente para el contrato, aunque no lo firmé porque la cifra excedía el máximo que yo tenía autoriza do", matizó Jaquotot.

La otra instrucción dada por la máxima responsable del hospital, según manifestó al ser interrogada, fue dirigida a todos los jefes de servicio del hospital Clínico que tenían a su cargo instalaciones y aparatos radiológicos.

La orden les obligaba a comunicar cualquier incidencia al servicio de protección radiológica. Jaquotot afirmó que ni esa instrucción interna ni la di rigida a la General Electric se cumplieron al registrarse el fa llo del acelerador el 5 de diciembre de 1990.

Aclaró que esas instrucciones no fueron ordenadas en ningún momento a la directora de enfermería, Pilar Comet, que entonces ocupaba ese cargo y es otra de las inculpadas en el juicio.

Normas incumplidas

A preguntas de uno de los abogados sobre quién incumplió las normas al producirse el fallo del acelerador, la directora contestó: "Yo di instrucciones al jefe de servicio de oncología radiológica [en referencia a la comunicación de averías de los aparatos], pero la que seguro que incumplió las normas fue General Electric. No me refiero al técnico Mariano Conte, sino a la empresa, porque sabía que tenía que comunicar cualquier reparación al servicio de física", zanjó.

La querella presentada por parte de las familias de los afectados el pasado lunes contra el consejo de administración de la multinacional en España se encuentra en el Juzgado de Instrucción número 1 de Zaragoza, aunque su titular no ha tomado aún una decisión.

Portavoces de las familias que han impulsado la nueva acción judicial señalaron la posibilidad de que el ex presidente del Senado y firmante de la querella José Federico de Carvajal se traslade estos días a Zaragoza.

Licencias de operadores

La directora del hospital afirmó que no recibió quejas de la falta de licencias para operadores del acelerador y tampoco del servicio de protección radiológica del centro.

Igualmente, Rosario Jaquotot aseguró que el Consejo de Seguridad Nuclear no le planteó problemas sobre la capacitación y número de licencias de operadores del acelerador.

Jaquotot precisó que, con posterioridad al accidente, la General Electric le ofreció un cuarto sistema de seguridad para el acelerador. Se trata de un mecanismo que impide que el aparato irradie dosis mayores a las programadas por los operadores.

"Me lo ofreció Pietro Torrisio [directivo de la empresa en España] en una carta". A continuación, "coste cero" fue la respuesta de la directora cuando fue preguntada sobre el coste del aparato.

Por su parte, la ex directora de enfermería del Clínico de Zaragoza Pilar Comet se exculpó ayer al declarar en el juicio afirmando que las instalaciones radiactivas del centro no eran competencia de la dirección de enfermería.