Irresoluble

HE AQUÍ el dilema: para que continúe el proceso de paz, en Oriente Próximo es imperativo obligar a Israel a dar marcha atrás en la deportación de los 396 palestinos. Formulado así, el asunto no tiene solución, porque Israel considera que su "decisión es irreversible". O, mejor dicho, la tiene, pero la única llave está en posesión del presidente Clinton. Y entonces el dilema será ver si se decide a abrir la puerta o pretende empujar a los negociadores por la cerradura.El incidente que mantiene a los 396 palestinos confinados es un ejemplo típico de la estrategia de chalaneo de zoco que utilizan en muchas ocasiones los israelíes. Después de que el Tribunal Supremo israelí confirmara la legalidad de la deportación y Tel Aviv se ratificara en ella, pese a que la resolución 799 del Consejo de Seguridad hubiera exigido el retorno incondicional a Gaza de los confinados, las voces de protesta subieron de tono. ¿Cómo era posible que se siguiera tolerando a Israel el desprecio de las más elementales reglas del derecho? ¿No sería capaz la comunidad internacional de doblegar la testarudez vengativa de los israelíes? El proceso de paz, tan auspiciosamente iniciado con la Conferencia de Madrid, estaba en serio peligro de embarrancar. ¿Quién manda en el mundo?

Se ha avanzado mucho en la potenciación del papel de la ONU como garante y propiciador de la paz (especialmente desde la asunción de la secretaría general por Butros Gali), pero a la hora de la verdad, en el disciplinar a Israel, manda EE UU. Dispone para ello de un arma poderosa: el veto en el Consejo de Seguridad. Hace dos años y medio que no la utiliza, pero una propuesta seria de sanciones contra Israel provocaría sin duda el no de Washington.

La Organización para la Liberación de Palestina (OLP), tras asegurar que no volverá a la mesa de negociaciones hasta tanto no hayan vuelto los deportados a las de sus casas, ha propuesto unas sanciones moderadas, pero que escuecen: excluir al Estado israelí de la participación en cualquier foro en el que se discuta sobre derechos humanos y boicotear a las compañías israelíes que operan desde los territorios ocupados. Una propuesta incómoda para un Clinton que no desea entrar en el mundo de la política internacional polemizando con todos.

Y aquí interviene el particular sentido de la transacción que tiene Israel. Hace unos días, el primer ministro Rabin ofreció una fórmula de compromiso: permitir el regreso de un centenar de los deportados y, en cuanto a los restantes, reducir la deportación de dos años a uno. Mientras tanto, el Tribunal Supremo revisará de oficio cada caso. Warren Christopher, el nuevo secretario de Estado, mostró inmediatamente su alivio. Aseguró que la fórmula es excelente y que, con ella, Israel llega a medio camino de las exigencias ajenas. Olvida que un plan que no incluya el regreso inmediato de todos los deportados es contrario a la resolución 799, a la que Estados Unidos sumó su voto favorable. Desdeña también la posición de la OLP -recientemente incorporada a la respetabilidad internacional al admitirla Tel Aviv como interlocutora- y de los restantes países árabes, que, aunque con no excesivo entusiasmo, supeditan la continuación de las negociaciones de paz al regreso de los deportados. Y olvida a los propios deportados, que han afirmado inequívocamente que "o todos o ninguno".

Empieza de este modo un complejo proceso negociador en el Consejo de Seguridad: el de encontrar una solución que satisfaga a todos, no haga perder la cara a nadie y no fuerce a Washington a imponer su veto. Una primera prueba de fuego para la diplomacia española que se sienta en el Consejo de Seguridad, y que hará bien en no llamarse a engaño sobre su fuerza e influencia.