El Gobierno regional propone un tributo para los comercios que abran los días festivos

El Gobierno autónomo planteó ayer en la Asamblea regional que se imponga una tasa a los comercios que abran durante los do mingos y días festivos para penalizar así los "horarios no deseados". La recaudación del tributo se destinaría, según precisó el director general de Comercio, Enrique Zaragoza, a modernizar el sector minorista y a rehabilitar las zonas comerciales deterioradas y los mercados municipales. La proposición del Gobierno regional se produce ocho días después del cierre masivo de los pequeños comercios de la región en protesta por la libertad de horarios.

"Veo tiendas abiertas a horas a las que no va nadie. ¿Por qué no puedo comprar el pan a las nueve de la noche, cuando llego a mi casa?", reflexionaba ayer el voz alta el consejero de Economía, José Luis Fernández Noriega, en su comparecencia ante la Asamblea. La exigencia de los pequeños comerciantes para prohibir a la treintena de hipermercados y grandes almacenes radicados en Madrid que abran los días festivos no convence del todo al consejero, que suele comprar los domingos.Pero, tras la jornada de protesta del pasado 26 de enero, cuando echaron el cierre nueve de cada diez tiendas madrileñas, Fernández Noriega ha desempolvado el Plan Estratégico para el Comercio, cuyas grandes líneas esbozó ayer en el Parlamento regional a petición del Partido Popular.

La excesiva atomización del sector minorista -la mitad de los 80.000 comercios madrileños tiene una superficie inferior a los 25 metros cuadrados- ha dejado anticuados sus métodos de venta. Para evitar la desaparición del sector minorista, la Consejería de Economía defiende la creación de asociaciones y cooperativas de comerciantes, integradas en grandes centros comerciales y de ocio, y la modernización de las instalaciones de las tiendas tradicionales, en paralelo a la formación profesional de los vendedores.

"Horarios no deseados"

El director general de Comercio también planteó ayer en la Comisión de Economía de la Asamblea "un tratamiento de tipo fiscal para castigar los horarios no deseados mayoritariamente por los comerciantes [domingos y festivos]". Las cantidades recaudadas por la aplicación de una tasa por apertura en día no laborable -que en ningún caso sería "confiscatoria" de los beneficios- se destinarían a recuperar los centros históricos comerciales, a cerrar al tráfico las calles con tiendas concurridas, e incluso para adecentar y limpiar los más de 50 mercados municipales de Madrid.Sin embargo, los incrementos de los tributos no gozan de buena fama en el Gobierno de Joaquín Leguina. En 1985, el recargo del 3% en la cuota del IRPF tuvo que ser retirado ante las protestas ciudadanas y las recomendaciones del presidente del Gobierno, Felipe González. Aunque el Tribunal Constitucional acabó dando la razón al presidente Leguina, la Comunidad renunció a incrementar la presión fiscal.

La Comunidad de Madrid carece en este momento de competencias para regular cuestiones como los horarios comerciales o las rebajas. Ni siquiera se incluyen estas atribuciones en el último bloque de transferencias estatales, derivado del pacto autonómico entre el PSOE y el PP.

El Gobierno autónomo madrileño, sin embargo, puede imponer tributos y, por supuesto, decidir, con la Ley del Suelo en la mano, dónde se puede o no instalar un nuevo hipermercado. La Consejería de Economía pretende que una Comisión de Urbanismo Comercial analice el "impacto de implantación" de las grandes superficies comerciales en un barrio o en un municipio antes de dar la licencia de obras.

El director de Comercio también llegó a plantear que todos los establecimientos cierren un día a la semana -"el que cada uno decida libremente"-, aunque la Comunidad no tiene atribuciones para imponer esta medida.

Para, el diputado de Izquierda Unida Juan Antonio Candil, la imposición de una tasa por abrir los festivos no serviría para mejorar la situación de los pequeños comerciantes: "Las grandes superficies no tendrán problemas para pagar, mientras que los minoristas se verán perjudicados".

El PP se opone a "cualquier tipo de incremento de la presión fiscal", y aboga -según su portavoz en la Comisión de Economía, Carmen Álvarez Arenas- por un horario semanal de 70 horas, aplicado libremente por cada empresa.

José Serrano Carvajal, presidente de la asociación de grandes superficies comerciales (Anged), ya ha ordenado a sus abogados que investiguen la legalidad del tributo anunciado por la Comunidad: "Aunque fuera legal, no se debería aplicar; al final, sólo serviría para encarcer los productos".