El Tribunal Supremo obliga al juez Barbero a paralizar la investigación del 'caso Filesa'

El Tribunal Supremo dio ayer un fuerte varapalo al juez Marino Barbero. La Sala Segunda, a la que pertenece el magistrado, dictó un auto en el que le obliga a paralizar su investigación sobre el caso Filesa y a presentar un informe en el que explique los indicios de delitos existentes en la causa contra el diputado Carlos Navarro y el senador Josep Maria Sala, ambos socialistas, con el fin de que se tramiten los correspondientes suplicatorios al Congreso y al Senado.

La resolución del alto tribunal fue adoptada con los votos favorables del presidente de la sala, Enrique Ruiz Vadillo, y el magistrado Luis Román Puerta Luis. En el borrador del auto se fijaba un plazo perentorio de 10 días para que el juez Barbero emitiera su dictamen sobre los indicios de criminalidad que ha detectado en las conductas de los dos parlamentarios, si bien posteriormente el texto fue suavizado y el plazo fue sustituido por la expresión "en un término lo más breve posible".El tercer miembro del tribunal, José Augusto de Vega considerado próximo al PSOE en fuentes de la judicatura, redactó un voto particular en el que destaca: "No se puede poner en duda que el PSOE es el gran afectado en un proceso en el que no le está permitido ejercitar ningún derecho de defensa". Fuentes de las acusaciones pusieron de manifiesto, sin embargo, que el defensor del en causado Alberto Flores e Francisco Virseda, asesor jurídico del PSOE, que en esa condición ha estado presente en los registros de la sede socialista, precisamente cuando el sumario era secreto para las partes y, por ende, para él mismo, en su condición de defensor.

El auto del tribunal insta inequívocamente a Barbero a paralizar la investigación de Filesa "hasta que las cámaras resuelvan, actuándose y continuándose, a partir de entonces, de la forma legalmente establecida", aunque precisa que "ello no implica, en absoluto, ningún obstáculo, por mínimo que sea, a la investigación".

El Supremo indica al magistrado que cuando se detectan indicios racionales de criminalidad en la conducta de parlamentarios hay que pedir autorización a las cámaras para continuar el proceso, y recuerda que Barbero, en el último informe remitido al tribunal, decía: "En la actividad del instructor ha sido decisivo ( ... ) una vez que existen en lo precedentemente actuado indicios racionales de criminalidad, la consideración del particular valor que tal carácter de aforados los querellados poseen".Por ello, el tribunal pide a Barbero que le informe de los indicios existentes para tramitar inmediatamente los suplicatorios. Igualmente le precisa que se abstenga de continuar el procedimiento hasta obtener la autorización de las cámaras y, "mientras el Congreso o el Senado no resuelvan sobre la autorización pedida, han de suspenderse las diligencias, excepto las relativas a la detención, prisión o procesamiento".

Sobre las nulidades de pruebas solicitadas por varias de las defensas, la Sala Segunda precisa que "no es procedente pronunciarse" por el momento, pues hacerlo exigiría un conocimiento en profundidad del caso que por ahora no se tiene.Voto particular

En el voto particular, José Augusto de Vega señala que se ha producido indefensión respecto al partido socialista y los acusados, ya que "la instrucción se ha generalizado", y alude a la adopción de medidas de vigilancia para "corregir, si preciso fuere, los excesos jurídicos del instructor". De Vega considera que el tribunal debería decidir sobre las peticiones de nulidad solicitadas por las defensas para evitar posibles perjuicios por haberse vulnerado el principio de proporcionalidad y haber causado indefensión.

Por otro lado, ayer declararon ante Barbero FranQois Georges de Boyer, consejero delegado de Pryca, y José Luis de la Torre Sánchez, director general de Saneamiento Urbano de Focsa, en relación con los informes encargados a Filesa y por los que Pryca pagó 28 millones y Focsa, 106,4.

De Boyer señaló que fue designado consejero delegado en octubre de 1992 y que los directivos de la época en la que se gestionaron los dictámenes han sido trasladados a Turquía y Taiwan. Agregó que desconocía cualquier dato sobre los informes relativos a un supuesto asesoramiento sobre inversiones en Albacete, Alcira y Almería, ya que su empresa funciona de forma muy descentralizada.

Los informes, que se encuentran aportados al sumario, son, según los abogados de la acusación, fotocopias de ordenanzas municipales y recortes de periódicos, como La Verdad de Murcia, sin valor alguno.

De la Torre, por su parte, admitió que contrató con Luis Oliveró un informe sobre las posibilidades de implantación de Focsa en Francia y Gran Bretaña y que autorizó los pagos. Añadió que desconoce el paradero del informe.