Pascual Sala contesta a Corcuera: "Los jueces no experimentan, aplican la Constitución y la ley"
Las acusaciones a los jueces del ministro del Interior, José Luis Corcuera, y la insistencia del ministro de Justicia, Tomás de la Quadra-Salcedo, en reducir la función judicial en materia penitenciaria a fiscalizar las decisiones de la Administración desencadenaron ayer nuevos rechazos jurídicos y políticos. El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Pascual Sala, replicó así a Corcuera: "Los jueces no hacen experimentos con las leyes, sino que, como dice la Constitución, las aplican, que es el nervio de la misión del Poder Judicial". El CGPJ lamentó las palabras de Corcuera.
Pascual Sala calificó de "desafortunadas" las acusaciones de Corcuera y respaldó la posición adelantada el lunes por el vocal Javier Gómez de Liaño, quien ayer acusó de "inmoralidad" a ambos ministros "por intentar rentabilizar la desgracia de los familiares de las niñas asesinadas en Alcàsser". El CGPJ hizo ayer público una nota sobre las declaraciones de Corcuera en el que "lamenta que las mismas se hayan producido exentas de la prudencia y serenidad con que deben pronunciarse todos los responsables políticos, como ha recordado recientemente este consejo"."En unos momentos de especial sensibilidad de la ciudadanía, el intento de desplazar supuestas responsabilidades hacia el Poder Judicial", prosigue la nota, "no contribuye en modo alguno a la necesaria reflexión que debe presidir cualquier valoración u opinión sobre el ordenamiento penitenciario y sobre la actuación en el ejercicio de sus funciones constitucionales de los jueces de vigilancia, pieza clave de todo el sistema penitenciario".
El CGPJ precisa "ante la opinión pública que el permiso de salida de seis días otorgado al interno Antonio Anglés, presuntamente implicado en los tristes sucesos de Alcàsser, fue concedido por la Junta de Régimen y Administración del Centro Penitenciario de Valencia, dependiente del Ministerio de Justicia, tras el informe favorable del Equipo de Tratamiento, y finalmente, según establece la legislación vigente, autorizado por el juez de Vigilancia Penitenciaria, con fecha 28 de febrero de 1992".
Matización de Interior
El Ministerio del Interior matizó ayer las palabras del martes de Corcuera ("los experimentos, en casa y con gaseosa", dijo) sobre los permisos penitenciarios. Según un portavoz de dicho departamento, el ministro no se refería sólo a los jueces de vigilancia, sino "a todos" los implicados en estas medidas, informa Efe. "El ministro manifestó su absoluto respeto a la justicia" y sólo hizo evaluaciones "sobre casos muy concretos y en uso de su libertad de expresión", agregó.
Mientras, Quadra-Salcedo explicó en RNE que la Administración penitenciaria hace el seguimiento y tratamiento del interno y debe conceder los permisos, mientras que los jueces de vigilancia deben fiscalizar que se respetan los derechos de los reclusos, lo cual no debe conducir, dijo, a "sustituir el criterio de la Administración por el suyo propio". Asimismo, la reforma que propone incluye que el recurso del fiscal suspenda la concesión del permiso hasta que decida el juez competente.
El magistrado Ramón Rodríguez Arribas, presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura, mayoritaria y conservadora, en respuesta a las acusaciones del ministro del Interior, señaló: "El señor Corcuera no es nadie para echar una bronca a los jueces". Recordó la necesidad de respetar las relaciones institucionales y advirtió del riesgo de que el Ejecutivo dé más protagonismo a la Administración, "restándoselo a los jueces".
También el portavoz de la asociación progresista Jueces para la Democracia, Cándido Conde-Pumpido Tourón, admitió una reforma legislativa "siempre que mantenga y aun refuerce la orientación resocializadora y el control jurisdiccional impuestos por la propia Constitución". En cuanto a la reforma, propone "mejorar el control de personalidad y peligrosidad para la concesión de permisos, introduciendo un mayor rigor y profesionalidad en los equipos de tratamiento y eliminando las concesiones automáticas".
La dirección de la Unión Progresista de Fiscales se manifestó opuesta a que se aprovechen sucesos como los de Alcàsser para "reformas legislativas que supongan un notable retroceso de los avances democráticos en materia penal y penitenciaria", como serían "limitar la intervención judicial en el control de la ejecución de las penas o instrumentalizar al Ministerio Fiscal como brazo jurídico de la Administración".
Pilar Fernández, de la Asociación de Fiscales, la primera mujer que accede a fiscal del Supremo, declaró que "debe ponerse un cuidado exquisito en la concesión de permisos a individuos que hayan cometido delitos como violación o asesinato de niños".
El responsable de asuntos jurídicos del PP, Federico Trillo, acusó ayer a los ministros de Justicia e Interior de "faltar absolutamente a la verdad" y de "tratar de confundir a la opinión pública sobre el cumplimiento de las condenas de privación de libertad". Agregó que en el caso de Corcuera "se podía pensar que es por ignorancia lo cual es gravísimo siendo ministro del Interior", pero en el de Quadra-Salcedo dijo que es por "ganas de exculpar a la Administración penitenciaria, porque efectivamente es la que tiene la responsabilidad de la propuesta de decisión, estudio y tratamiento de los presos".
Por IU, José Luis Núñez señaló que Corcuera "a la tosquedad en la expresión, une el desconocimiento de la normativa actual" y le sugirió que, en vez de arremeter contra los jueces, "debería pensar también que las órdenes de busca y captura deben cumplimentarse con la mayor rapidez posible".
