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Las acusaciones de corrupción llegan al pleno

Juan Antonio Carbajo

La guerra de la corrupción, que enfrenta al PSOE y al PP en la arena nacional, también ha llegado al Ayuntamiento de Madrid. Los puntos más polémicos del pleno de ayer (que no era precisamente de gran riesgo) estuvieron aderezados con acusaciones de favoritismo. Se trataba, en ellos, de adjudicar las obras del túnel de Alfonso XIII (aprobado pese a que la oposición encontró ofertas mejores que la seleccionada por el PP) y de autorizar dos proyectos a sendas congregaciones religiosas de Chamartín, "cuya edificación amenaza con macizar el distrito" criticó el PSOE.

"Esta adjudicación es un error o tiene otros intereses". El concejal socialista Eugenio Morales espetó esta conclusión al responsable de Obras, Enrique Villoría, después de analizar el proceso de adjudicación del aparcamiento y paso subterráneo de Alfonso XIII. "¿A quién interesa adjudicar la obra a Ocisa?", preguntó Morales. "Las empresas Ortiz y Elsan ofrecen hacer la misma obra en menos tiempo y con las plazas de aparcamiento más baratas". (Ocisa es la principal empresa implicada en el caso de las comisiones pagadas a intermediarios para conseguir adjudicaciones de la Junta de Andalucía, del PSOE).Morales y el concejal de IU José Luis Pestaña, quien pidió la retirada del expediente, dudaron seriamente de la selección realizada por el PP. Según dijeron, la firma elegida propone construir plazas de aparcamiento de un ancho inferior al legal. Además, ofrece menos dinero para arreglar las aceras de la zona que otras empresas, y no protege al arbolado.

Villoría defendió el trabajo realizado por los servicios técnicos del Ayuntamiento, que, según dijo, son "los que proponen" a la mejor empresa y no se limitan a informar, "como ocurría cuando gobernaba el PSOE". "Acepto los informes técnicos y no puedo compartir que se busque otro argumento", comentó.

En ese momento pidió la palabra el concejal presidente de Chamartín, Miguel Cantos, distrito donde se construirá el túnel. Cantos repuso a Morales: "A ver si le duele Ocisa por algún lado". Cantos quiso intervenir porque era la tercera vez que se hablaba "de intereses" en Chamartín en el pleno de ayer. En las dos oportunidades anteriores fueron protagonistas dos proyectos urbanísticos de sendas congregaciones religiosas.

Uno de ellos, el Instituto de Religiosas Franciscanas de María, propietario del sanatorio San Francisco de Asís, pretende conseguir el consentimiento municipal para construir un nuevo edificio en el patio de su sede de la calle de Joaquín Costa, 28, pese a que la edificabilidad de la parcela está agotada.

Residencia de las hermanas

El gobierno municipal, no obstante, está dispuesto a autorizar el proyecto porque "la idea es montar un pabellón para los servicios de rayos X y medicina nuclear", comentó José Ignacio Echeverría,, concejal de Urbanismo. Sin embargo, José María de la Riva, socialista, aseguró que en el proyecto presentado por "las monjitas" se habla "de crear velatorios, en competencia con la recién privatizada funeraria, una residencia para las hermanas de la congregación y zonas de quirófanos o urgencias". "Y todo ello en uno de los pocos espacios libres de la zona".

En otro proyecto, la Congregación de Religiosas Sagrados Corazones pretende construir viviendas unifamiliares en un solar de su propiedad situado en la calle de Romero Girón, 10. "Parece que hoy vamos a resolver los problemas a las congregaciones de religiosas", expuso De la Riva con sorna. "Y todo a costa de macizar el distrito de Chamartín".

"Aunque sean monjitas, son propietarias de un terreno y tienen derecho a hacer sus peticiones. Se pone nervioso cuando se habla de monjitas", le dijo Echeverría a De la Riva. "Lo que me pone nervioso es su forma de diseñar el urbanismo. Esta congregación obtiene 13 parcelas donde sólo le corresponden seis. Se están ganando el cielo así", le contestó el socialista.

Con el mismo tono espiritual, el concejal de IU Franco González intentó que los concejales del PP estimaran el recurso de la coalición contra el plan de mejora del Parque de Atracciones (modificación de los aparatos y ampliación del aparcamiento). "Arrepiéntanse", les dijo. Como el PP no hizo caso de la admonición, IU decidió seguir con su oposición en los tribunales, lo que empieza a ser ya algo habitual en el Ayuntamiento. En el último pleno, el PSOE anunció que llevaría al juez el proceso de semiprivatización de la funeraria.

. Izquierda Unida también levantó sus dudas en este punto. "Nos presentan a la concesionaria [del parque] como un auténtico mecenas del pueblo de Madrid. Nos ha salido un nuevo benefactor, y van muchos: Ocisa [adjudicataria del paso de Alfonso XIII], Funespaña [de la funeraria], etcétera".

En este mar de dudas también se bañó el alcalde. El PSOE criticaba la transmisión a la empresa Aparcamientos y Construcciones -"que es del Banesto", aclaró Morales- de los derechos para explotar tres subterráneos. Entonces intervino Álvarez del Manzano: "No debe decir la titularidad de las empresas porque si no parece que tiene algún deseo de resaltarlo por algún motivo".

Fue el pleno de las suspicacias.

El alcalde levanta a alerta atmosférica

La inestabilidad atmosférica que está afectando a la Península y el descenso de los índices de contaminación motivaron ayer al alcalde, José María Álvarez del Manzano, para suspender las medidas de alerta preventiva (limitación del encendido de calderas de carbón y del aparcamiento en determinadas vías) que decretó el lunes. En estos cinco días, el dióxido de azufre presente en el aire descendió un 40%, y las partículas en suspensión, un 18%. No obstante, los niveles actuales, que el Ayuntamiento considera moderados, duplican la media anual.El alcalde levantó la alerta a las dos de la tarde, poco antes de que se aprobara en pleno una propuesta del PSOE para poner en marcha un plan de saneamiento atmosférico. La concejal de Medio Ambiente, Esperanza Aguirre, estaba dispuesta a admitir también una parte de la moción que pedía -que se destinaran 150 millones para la reconversión de calderas de carbón (dinero reducido este año a 40 millones), aunque con la condición de que la Comunidad de Madrid colaborara en la financiación. El alcalde enmendó a su edil, y se aprobó el espíritu de la propuesta (el plan), pero sin el dinero.

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