España responde con una oferta de cero pesetas a la demanda de dos billones de Ruiz-Mateos
ENVIADO ESPECIALEl Tribunal Europeo de Derechos Humanos dejó ayer vista para sentencia la demanda de la fámilia Ruiz-Mateos contra el Estado español, en concreto contra el Tribunal Constitucional, al que acusa de tardar dos años en resolver una cuestión de inconstitucionalidad y de no oírle durante su tramitación, lo cual, según los demandantes, viola el derecho a un juicio justo garantizado por el convenio europeo. Los abogados de Ruiz-Mateos piden una reparación de dos billones de pesetas, mientras el representante del Gobierno estimó que, si el Estado es condenado, la publicación de la sentencia "sería suficiente satisfacción". La resolución se demorará más de tres meses.
La diferencia de posiciones entre la familia Ruiz-Mateos y el Estado español quedó de manifiesto al término de la vista, cuando los abogados de los demandantes calcularon en dos billones de pesetas la indemnización, como "pálido reflejo de los verdaderos perjuicios causados", en palabras del letrado salvador Sánchez Pardo, que invocó el valor económico de Rumasa en 1983, superior al 2% del Producto Interior Bruto (PIB), según dijo.La respuesta del agente del Gobierno español, Javier Borrego, fue que tal importe "no tiene relación ninguna con las quejas, sino con el caso Rumasa, pendiente todavía ante los tribunales españoles". A la vista de que no existe reclamación sobre costes, Borrego ofreció cero pesetas si la sentencia es condenatoria para España.
Varios jueces europeos mostraron interés por el alcance práctico de que el Constitucional no hubiera oído a Ruiz Mateos antes de resolver la cuestión de inconstitucionalidad, planteada contra la ley expropiadora de Rumasa por dos órganos judiciales ante los que los antiguos propietarios del holding de la abeja reclamaron la posesión de las acciones.
Borrego reconoció que si, como consecuencia de esa audiencia a Ruiz-Mateos, el Constitucional hubiera declarado la ley expropiadora contraria a la Constitución, ello habría influido en la victoria de los ex propietarios de Rumasa, pero añadió que el Constitucional sólo ejerce sobre las leyes un "control abstracto". Esta expresión fue vivamente contestada por uno de los abogados de Ruiz-Mateos, el francés Franoçois Ruhlmann, quien la calificó de "aberración", ya que tal. control sobre las leyes afecta, como en este caso, a "ntereses particulares de una familia expoliada sin indeninización".
25 jueces europeos
La vista fue una pugna entre los abogados de Ruiz-Mateos por vincular el juicio de Estrasburgo con la expropiación de Rumasa y el representante del Estado español por minimizar su alcance. La vista duró cuatro horas, presidida accidental mente por el alemán, R. Bernhart, por enfermedad del noruego Rolv Ryssdal. Integraron el tribunal 25 de sus 27 jueces. España estuvo ayer representada por el magistrado Dámaso Ruiz-Jarabo.
En primer lugar intervino el finlandés P. Pellonpää, delegado de la Comisión Europea de Derechos Humanos, que defendió el dictamen de este órgano según el cual el Constitucional no estudió la impugnación de la ley expropiadora de Rumasa en un plazo razonable ni con la igualdad de armas que exige el artículo 6 del convenio europeo, ya que Ruiz-Mateos no fue oído, mientras que sí lo fueron el fiscal y el abogado del Estado.
El primero de los letrados de Ruiz-Mateos que intervino, Marcos García Montes, se refirió a "la larga persecución contra la familia Ruiz-Mateos" y a la actuación "heterodoxa" del Constitucional (a cuyo actual presidente, Miguel Rodríguez Piñero, acusó de amistad con el presidente del Gobierno). También calificó de "bomba jurídica" la propuesta de la Comisión de Reglamento del Parlamento Europeo de no levantar la inmunidad al eurodiputado Ruiz-Mateos para juzgarle por su agresión física contra Miguel Boyer, ministro de Economía en el momento de expropiarse Rumasa.
El letrado Sánchez Pardo se apoyó en las alegaciones gubernamentales de que el Constitucional actúa como una tercera cámara legislativa para tildar a dicho tribunal español de órgano político, parcial y falto de equidad. Resaltó la importancia del interdicto, instrumento jurídico para recuperar la posesión, que prospera "si se demuestra que la Administración actuó por la vía de hecho en la expropiación", prueba que no fue posible practicar, porque Ruiz-Mateos no fue oído por el Alto Tribunal. Consideró grave que el Gobierno justificase la expropiación de Rumasa en el peligro para el sistema financiero, cuando la empresa auditora Arthur Andersen declaró en su día, ante el juez, que no podía contestar si Rumasa estaba en situación técnica de quiebra cuando fue expropiada.
Por su parte, el agente del Gobierno aseguró que era la primera vez que se juzgaba en Estrasburgo a un Tribunal Constitucional sin justificación, porque conoció las alegaciones de Ruiz-Mateos, a las que calificó en su sentencia de "amplias y exhaustivas", ante los órganos judiciales que cuestionaron la ley.
El empresario pretende forzar la negociación
B. DE LA C. José María Ruiz-Mateos -que asistió a la vista sin disfraz e hizo el signo ole la victoria ante las cámaras de televisión- considera que la segura condena del Estado español en Estrasburgo "pone al Gobierno en una posición de negociar". El empresario declaró a este diario: "Para. el Gobierno es mejor negociar antes de que lleguen las elecciones". Ruiz-Mateos se muestra "disponible, pragmático, positivo y real" , así como condescendiente con el Ejecutivo: "No busco la destitución del Gobierno, sino un final justo". Asegura que sólo hablará de cifras con un "interlocutor válido".
El letrado del Estado en este caso, José Luis Fuertes, que asistió ayer a la vista junto al agente del Estado español, Javier Borrego, manifestó a este diario que si la sentencia estima que ha sido violado el derecho a un juicio justo, la ejecución de la misma "puede conducir a que el Tribunal Constitucional oiga, a Ruiz-Mateos". En consecuencia, si el alto tribunal considera probado que no hubo justificación para expropiar, podría modificar su criterio sobre la ley expropiadora de Rumasa -formulado cuando el tribunal tenía otra composición- y anularla.
El letrado Fuertes consideró la hipótesis de que Ruiz-Mateos pida una reparación por no haber sido oído por el Constitucional y éste se vea obligado a subsanar aquella omisión. Aunque este tipo de reparación no es usual en la jurisdicción de Estrasburgo, Fuertes invocó el caso Bultó, la primera condena del Estado español en Estrasburgo por no proporcionar un juicio justo en la Audiencia. Nacional a los tres acusados de dar muerte al industrial catalán José María Bultó.
Los implicados en el caso Bultó pidieron que se repitiera el juicio. La Audiencia Nacional se mostró dispuesta, pero el Supremo declaró que no era procedente. Por último, el Constitucional amparé a los acusados y estimó adecuado la repetición del juicio, que aún está pendiente de celebración.
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