La investigación del 'caso Atocha' saca a la luz sospechosas entregas de materiales de obras

Los diputados de la Asamblea de Madrid que investigan las contrataciones del Gobierno de Joaquín Leguina con la empresa Construcciones Atocha, SA, han decidido desbrozar los "errores administrativos" de la maraña de más de 20.000 folios de expedientes y centrar sus indagaciones en los ladrillos. La Comisión de Vigilancia de las Contrataciones pretende localizar el paradero de los materiales de obras -las facturas presentadas por Atocha y sus empresas afines fueron pagadas por la Comunidadcuya existencia no se ha podido constatar en los informes de los técnicos.

Las pasadas navidades, los responsables de la Consejería de Cooperación -que gestiona las obras en los pequeños municipios- permanecieron enclaustrados en una sala de juntas, convertida en cuartel general del caso Atocha dentro del Gobierno regional. Poco después entraron en el registro del Parlamento autónomo más de 20.000 folios que contenían los expedientes firmados con Construcciones Atocha.El portavoz del Partido Popular, Alberto Ruiz Gallardón, que había denunciado la existencia de irregularidades, falsedades y trato de favor en las contrataciones, consiguió que todos los grupos políticos, incluidos el PSOE e Izquierda Unida, crearan una comisión investigadora. Entre 1988 y 1992, la Comunidad adjudicó a Atocha obras por cerca de 3.000 millones de pesetas.

Mañana, martes, se reanudará el testimonio del interventor general de la Comunidad, Eduardo Albarracín, quien ya declaró ante los diputados el pasado viernes. Las explicaciones sobre el informe interno que redactó Albarracín fueron "reveladoras", a tenor de lo manifestado por el presidente de la Comisión, el diputado del PP Manuel Cobo. Fuentes parlamentarias subrayan que sus aclaraciones han servido para que la comisión dirija ahora sus indagaciones hacia las irregularidades "de bulto". En concreto, la sospecha de que los materiales de obra que pagó a las empresas la Comunidad no fueron acopiados en los terrenos que iban a ser edificados.

"Documentos adicionales"

En el seno de la comisión investigadora se destaca que las inspecciones efectuadas por arquitectos de los servicios técnicos de la Comunidad revelaron que los materiales o no se encontraban en el lugar indicado o tenían un valor inferior al que constaba en las facturas cobradas. La comisión va a pedir "documentos adicionales para salir de dudas".

En los expedientes del caso Atocha -una gran parte de los cuales ya está en manos de la fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid- se refleja que a finales de 1988 la empresa Gemesa, vinculada a Atocha, presentó 24 horas después de una adjudicación de obras una certificación de 72 millones "por acopios de materiales". En estas instalaciones ganaderas, localizadas en el municipio de Algete, no se ha constatado la existencia de "todos los materiales".

En otra obra de la Comunidad, un centro sanitario en el municipio de Villarejo de Salvanés, los técnicos de la Consejería de Salud certificaron que había materiales por importe de 45 millones, y otros 15 millones en trabajos ya ejecutados. Sin embargo, la Consejería de Política Territorial no aceptó esta evaluación, que consideró excesiva.

El testimonio del interventor general de la Comunidad ante la comisión investigadora ha servido para aclarar que un documento -sospechoso de, falsedad, en opinión del PP- está ajustado a la legalidad. Algunos gastos del mes de diciembre se pagan en enero, pero se computan, a efectos del cierre del año, en el ejercicio anterior, con la autorización de la ley anual de presupuestos regionales. La empresa Defensas Hidráulicas y Caminos, también vinculada a Atocha, presentó en un expediente de contratación una declaración sobre el IVA fechada el 30 de enero de 1990, según consta en el sello de una entidad bancaria, pero en realidad, la adjudicación de las obras se había otorgado un mes antes.