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Desfile de altos cargos de Leguina

Los altos cargos del Gobierno de Joaquín Leguina comenzaron a desfilar la semana pasada ante la comisión investigadora del caso Atocha en un ambiente de crispación. Los diputados del PSOE y del PP llegaron incluso a cruzarse insultos y a tildarse de "mentirosos". Las sesiones tuvieron que ser suspendidas en dos ocasiones. Además, las primeras filtraciones a la prensa sobre el contenido de los debates reabrieron la polémica sobre el carácter secreto o público de la investigación.

Un informe jurídico de la Asamblea sostiene que las deliberaciones deben seguir celebrándose a puerta cerrada, en contra de la pretensión del presidente de la comisión, Manuel Cobo, del PP. El PSOE es partidario de mantener el secreto en las deliberaciones. Sin embargo, Izquierda Unida, por boca del vicepresidente de la comisión, Luis Alonso Novo, rechaza que se haya producido un pacto de silencio con los socialistas. "IU quiere llevar la investigación hasta las últimas consecuencias, y, aunque no se opone a que las sesiones sean públicas, el Reglamento de la Asamblea obliga a que se celebren a puerta cerrada".

Por el momento, sólo han comparecido ante la Asamblea directores generales y secretarios técnicos de los departamentos. Los consejeros aún no han sido citados. Fuentes de la investigación han confirmado que sí deberá declarar ante la Asamblea el ex jefe del Servicio de Proyectos y Obras de Cooperación Local, Vicente Martínez Castelló. Este funcionario, que sigue adscrito a la Consejería de Cooperación, aunque ya no desempeña el mismo cargo, recomendó en un informe oficial que se invitase a participar en expedientes de adjudicación de obras a Atocha, Coydecosa y Gemesa. Tres empresas con los mismos gestores. Para el consejero de Hacienda, Ramón Espinar, se trató sólo de "un error administrativo".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 25 de enero de 1993