Caiga quien caiga

El colapso del Grupo Torras ha provocado una reacción sin precedentes en los parlamentarios kuwaitíes, que han intensificado sus pesquisas para esclarecer las irregularidades fiscales cometidas en esta sociedad española en la que la agencia Kuwait Investment Office (KIO), el principal brazo inversor del Estado kuwaití, tiene el control. Es una tenaz campaña que analistas locales y occidentales creen que será capaz de exponer por primera vez la magnitud de la corrupción en círculos financieros oficiales.

"Querernos que las investigaciones lleguen hasta el final, caiga quien caiga vamos a exigir el máximo castigo a los responsables", declaró a EL PAÍS Abdulah al Nibari, uno de los más ardientes críticos del Gobierno y figura prominente de la coalición dominante en la Asamblea Nacional. Para Al Nibari, un economista de 50 años que encabeza la corriente Foro Democrático, el caso KIO marca sólo el comienzo de lo que define como la nueva era de riguroso escrutinio parlamentario del Gobierno."El caso KIO es una prueba para nuestras instituciones. Hemos recibido garantías de las autoridades judiciales de que iremos al fondo en la investigación de KIO y tenemos fe en esas promesas", agregó Al Nibari.

Ley contra el fraude fiscal

"El escándalo de KIO en España ha destapado la olla", comentó en privado un funcionario gubernamental que no disimula su asombro por la agilidad y libertad con que se está movilizando el nuevo Parlamento en una causa potencialmente peligrosa para el régimen. "Sin duda nos encontraremos con más de una sorpresa", añadió.Ansiosa por evitar que se repita en otros países, la Asamblea aprobó la semana pasada una ley que contempla penas de hasta 20 años de cárcel para delitos de fraude fiscal. Esa ley otorga, además, acceso parlamentario a informaciones relacionadas con todas las inversiones estatales.

La ley, denominada "de protección de fondos públicos", debe ser ahora sancionada por el emir de Kuwait, el jeque Jaber al Ahmad al Sabaj, y podría entrar en vigencia dos semanas después de recibir la aprobación real. En medios parlamentarios hay certeza de que el procedimiento será fácil. "El Gobierno ha prometido poner la legislación en vigencia cuanto antes", declaró el diputado Yacub Hayati.

Para parlamentarios como Al Nibari, la primera reacción ha sido alentadora. El fiscal general ya ha ordenado la congelación de las cuentas de tres prominentes empresarios kuwaitíes implicados en el escándalo KIO: Fahad Mohamed al Sabaj, presidente de KIO y del Grupo Torras hasta el pasado abril; Khaled Nasser al Sabah, su número dos, y Fuad Khaled Jaffar, el exgerente general. Los tres están siendo investigados y es probable que los resultados se conozcan en unos 10 días.

Fahad al Sabaj, primo del emir, es miembro de la familia real y si es enjuiciado y declarado culpable, el veredicto inevitablemente va a adquirir impredecibles dimensiones políticas.

El escándalo de KIO ha dado lugar a la primera demostración de fuerzas de la oposición que sospechan la existencia de vínculos entre círculos allegados a la familia real y los responsables de la catástrofe en España.

A pesar de las pérdidas para Kuwait -se estiman en 5.000 millones de dólares en España y una cantidad similar en el Reino Unido-, en medios diplomáticos y financieros se afirma que la nueva ley puede llegar a tener un impacto tan o más profundo que el de la crisis en el Golfo Pérsico. "Sólo una segunda invasión iraquí sería capaz de distraer la atención de la opinión pública", comentó un veterano columnista.

A juicio de varios analistas, en otras circunstancias el Gobierno kuwaití podría fácilmente neutralizar el golpe olvidándose de las pérdidas en España. Pero la instalación del nuevo Parlamento en octubre pasado ha dado voz y poder a políticos que desde hace años pugnan por descorrer el velo de secretos que cubre prácticamente todas las actividades financieras del emirato.

El escándalo de KIO, que el ministro de finanzas Nasser al Rodhan describió como "una desgracia para la historia de Kuwait", ha asestado un grave golpe a la credibilidad del emirato en momentos en que trata de refinanciar su enorme déficit fiscal.

Pero, sobre todo, ha estimulado la curiosidad de los parlamentarios del llamado grupo popular, la coalición de fuerzas (en el peculiar sistema político de Kuwait los partidos no son legales) que controla 35 de los 60 escaños.

Implicados

La semana pasada, Al Nibari pidió formalmente documentación relacionada con los sueldos y beneficios de los tres principales implicados y añadió el nombre de otro funcionario de KIO, Munir al Sabah. A fin de mantener constante presión sobre el poder judicial y ampliar las investigaciones a los niveles más insospechados, Al Nibari pidió un informe detallado para aclarar denuncias de que la Compañía de Tanques de Petróleo estaba involucrada nada menos que en contrabando de alcohol.Según informes de la prensa local, otros parlamentarios están investigando actividades de la Kuwait Airways Corporation (KAC) y las razones que indujeron al Banco Central de Francia a retirar la licencia de operaciones al Banco Kuwaití Francés.

El diputado Khaled al Adwan ha solicitado formalmente nombres y salarios de los miembros del directorio de KAC, así como el valor y condiciones de un contrato firmado con Boeing, supuestamente negociado a través de un agente y no directamente con la firma estadounidense.