Craxi percibía una parte de comisiones ilegales del PSI, según los jueces

Una parte sustancial de las comisiones ilegales percibidas por el Partido Socialista Italiano (PSI) en Milán terminaba directamente en las manos de Bettino Craxi, sin pasar siquiera por la caja de la secretaría general del partido. Así lo afirma la magistratura de la capital lombarda en la petición de procesamiento del líder socialista recibida ayer por el Parlamento.

En el documento, de 123 páginas, se estiman como directamente relacionados con Craxi al menos 21.000 millones de liras (unos 1.700 millones de pesetas) de los 42.000 millones de liras que suman los presuntos delitos por los que los jueces pretenden procesar al líder.

Las pruebas e indicios recogidos por los magistrados, para cuya eventual investigación ulterior se pide también autorización al Parlamento, se refieren, sobre todo, a las relaciones directas y personales de Craxi con los sucesivos presidente del Metro de Milán, que han sido los principales recaudadores de comisiones ilegales.

Testimonios

En ese sentido, los magistrados citan testimonios como el de Sergio Radaelli, financiero y ex ponente socialista, y de otros que afirman que tales presidentes fueron designados por indicación directa de Craxi como recaudadores del partido y que "operaban fuera de cualquier control de las estructuras territoriales, en virtud de una relación especial de amistad que les ligaba al secretario". La policía fiscal ha establecido, además, que al menos uno de estos dirigentes, Silvano Larini, mantenía una relación empresarial con Bobo Craxi, hijo del dirigente.Los jueces constatan también que el partido milanés se ha mantenido pobre, a pesar de que sólo Larini habría recaudado 21.000 millones de las liras consideradas en el sumario. De ahí, en base a indicios y declaraciones concretas, conjeturan que los fondos recaudados en la capital lombarda eran transferidos ilegalmente a Roma, donde el secretario los gastaba en elecciones y otras campañas, según su personal criterio.

En cuanto a los ingresos directos de la secretaría general, que por lo que se refiere al año pasado la magistratura cifra en más de 30.000 millones de liras en negro frente a algo más de 400 millones de liras declarados, la petición de procesamiento sostiene que la magnitud de la cifra y lo habitual de la práctica hacen impensable que el secretario general ignorara la procedencia del dinero.

Frente a estas imputaciones, que parecen lejos de ser "abstractas", como él mismo había anunciado, Craxi volvió a declararse ayer víctima de "una acción persecutoria" y aseguró que necesitará "muchos menos de 123 folios para demostrar su falta total de fundamento". No obstante, volvió a reunirse con disidentes de su propio partido, a los que ha prometido que dimitirá antes de la asamblea que se celebrará en enero.