KIO atribuye "beneficios fraudulentos" de 70.000 millones a Quail, empresa de De la Rosa

La empresa Quail y otras sociedades controladas por Javier de la Rosa obtuvieron más de 70.000 millones de pesetas, presuntamente "de forma fraudulenta", mediante su participación en "operaciones injustificables" en el Grupo Torras, según la querella presentada por los nuevos responsables en nombre de su principal accionista, Kuwait Investment Office (KIO). Esa cifra responde a las investigaciones efectuadas por los nuevos gestores y refleja la existencia de este volumen de pérdidas de forma genérica. Además existen otros 55.000 millones de pesetas en operaciones concretas, también presuntamente anómalas. La querella se presentó el día 8 de enero ante el Juzgado de Delitos Monetarios de la Audiencia Nacional.

Según la querella, KIO invirtió en España entre 1984 y 1992 un total de 5.108 millones de dólares (más de 550.000 millones de pesetas al cambio de hoy). El grupo kuwaití, sin embargo, denuncia que el equipo al que encargó la gestión de sus inversiones en España -encabezado por los kuwaitíes Mohamed al Sabah y Fouad J. Jaffar y el español Javier de la Rosa- realizó "operaciones injustificables" que produjeron pérdidas que "prácticamente absorben el total de las inversiones realizadas por KIO en España", y que constituyen el fundamento de la querella.De momento, las investigaciones que se han hecho para preparar la querella -encargadas a los bufetes de abogados de José María Stampa y al británico Stephenson Harwood-, han detectado una desviación superior a los 70.000 millones de pesetas para Quail, la sociedad controlada por Javier de la Rosa a través de la que ha dirigido la mayor parte de sus negocios. La querella certifica esta pérdida y ofrece datos sobre varias operaciones, aunque en las oficinas de Torras no apareció la documentación completa, según fuentes de este grupo.

La documentación presentada recoge, según esas fuentes, otras de las denominadas "operaciones injustificables" por valor de casi 55.000 millones y que, son, principalmente, las siguientes: la fusión de Coma Cros con Industrias Burés; la transacción del 18% de las acciones de Ercros a la empresa Mesa Redonda, propiedad de Javier de la Rosa, con el aval de esos mismos títulos; las plusvalías obtenidas por la venta de Industrial Cartonera (ICSA) que no llegaron al Grupo Torras; el contrato entre Torras y Adone, sociedad creada por el anterior equipo gestor como tenedora de acciones de Ebro; el presunto cobro por parte de los anteriores administradores de seis talones al portador de La Caixa por valor de 490 millones, unos 15 días antes de irse del grupo, y la existencia de contratos laborales con "cláusulas de escudo" para varios directivos (Javier de la Rosa, 800 millones; Jorge Núñez, 2.200; Miguel Soler, 600, y Narciso de Mir).

Testigos

En las diligencias contempladas en la querella, se solicita que comparezcan, además de los siete querellados, varios testigos. Entre éstos figuran: Javier Juncadella, miembro de la familia propietaria de Industrias Burés; José María Sot Casas, secretario del consejo de Torras; Modesto González Mestre, representante de ICSA en la venta de esta empresa; Plinio Coll y Maurice Perera, ambos relacionados con las sociedades de Gibraltar que intervinieron en la venta de ICSA, y Sal Alan Sand, entre otros. También tendrá que testificar un representante de Beta Capital.

Estas diligencias tendrán que ser aprobadas por el juez Miguel Moreiras una vez que la querella sea admitida a trámite. De momento, la querella está siendo estudiada por el Ministerio Fiscal que deberá pronunciarse sobre si el Juzgado, de Delitos Monetarios de la Audiencia Nacional, ante el que se ha presentado, tiene competencias para llevar el caso. Uno de los argumentos de la querella para que se presente en la Audiencia Nacional es que "ha causado perjuicio patrimonial en una generalidad de personas en el territorio de más de una audiencia", lo que justifica que vaya a la Audiencia, según el artículo 65 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

La querella criminal se ha presentado por los delitos de falsedad en documento mercantil, falsedad en documento público, estafa, apropiación indebida, maquinación para alterar el precio de las cosas y delito fiscal contra las tres personas mencionadas (Al Sabah, Jaffar y De la Rosa) y Jorge Núñez Lasso de la Vega, Narciso de Mir, Juan José Folchi (ex consejeros de Grupo Torras, además de ocupar varios cargos directivos o de asesoría) y Miguel Soler, ex director financiero de Torras. Otros consejeros, como Manuel Guasch y José María Sot, han quedado fuera de la querella. Javier de la Rosa manifestó ayer que no se pronunciará hasta que el juez Moreiras no admita a trámite la querella, y que responderá con otras acciones legales.