Una juez de Sevilla abre juicio contra Asunción y le pone 20 millones de fianza

La juez de Instrucción número 9 de Sevilla, Eloísa Gutiérrez, ha abierto juicio oral contra Antoni Asunción, secretario general de Asuntos Penitenciarios, y contra otros cinco cargos de ese departamento, a los que acusa de rigor innecesario, prevaricación, desobediencia, negación de auxilio y falsedad en documento oficial. La juez ha decretado la libertad condicional de los procesados bajo fianza de 20 millones para cada uno y la obligación de que todos ellos se presenten en el juzgado los días 1 y 15 de cada mes.

Los hechos se remontan al verano de 1991, cuando se registraron en varias prisiones motines violentos con secuestros de funcionarios y asesinatos de reclusos. El 22 de agosto de ese año llegaron a la prisión Sevilla-2 -trasladados desde los centros de Puerto-2, Badajoz y Almería- 13 reclusos considerados peligrosos.

Esposados a la cama

A estos 13 reclusos se les aplicaron una serie de medidas que dieron lugar a la investigación del fiscal de Vigilancia Penitenciaria de Sevilla, Luis Fernández Arévalo, quien recibió una denuncia de torturas de dos de los presos durante una visita al centro penitenciario. Los presos revelaron que permanecieron esposados a sus camas, en algunos casos durante ocho días; que se les impidió ducharse durante dos semanas y que no salieron al patio en 40 jornadas. Asimismo, les fueron retiradas sus ropas y los utensilios de limpieza y aseo.En su descargo, algunos de los procesados han insistido en que "todas las medidas excepcionales que se aplicaron estaban contempladas en el reglamento"; que la actitud de los reclusos era de "extrema violencia" y que cuando éstos llegaron a la prisión su reacción fue destrozar todo cuanto se podía romper y agredir a algún funcionario.

El auto de apertura de juicio oral, firmado por la juez el pasado viernes, recoge cinco de los siete delitos que la acusación popular, representada por la Asociación pro Derechos Humanos, imputaba a los responsables penitenciarios. Esta asociación pide un total de 12 años de cárcel para Asunción, así como 24 años de inhabilitación y 13 millones de indemnización.

Junto al máximo responsable penitenciario, están procesados Gerardo Mínguez, entonces subdirector de la Inspección General penitenciaria; el director de Sevilla-2, Rafael Fernández Cubero, y los subdirectores Antonio de Diego, Isidoro Colón y Jorge Castejón. La juez imputa a los cuatro primeros los delitos de rigor innecesario, prevaricación, desobediencia y negación de auxilio, mientras que a Castejón le atribuye un delito de falsedad en documento oficial.

La instrucción de este sumario ha estado cargada de polémica. En un primer momento, la investigación del fiscal y de la juez fue criticada por Asuntos Penitenciarios. Posteriormente, la Fiscalía General del Estado ordenó a la de Sevilla que retirase los cargos contra Asunción.