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Los promotores de la reforma de la Administración atribuyen su fracaso a Guerra y Solchaga

Ha sido el punto más negro del balance de los diez años de Gobierno socialista. El propio Felipe González, lo ha dicho: "Mi mayor frustación es contemplar la falta de capacidad de respuesta de la Administración a problemas que podrían ser resueltos si no hubiese esas rémoras en el funcionamiento del aparato administrativo". El ex secretario de Estado de la Administración, Teófilo Serrano, y el ex director general de la Inspección, Javier Valero, apuntan doble responsabilidad, política y administrativa, en el fracaso, y destacan la inhibición del ex vicepresidente Alfonso Guerra y del ministro de Economía, Carlos Solchaga. Valero es rotundo al afirmar: "El principal problema de la Administración son sus directivos.

Tanto Varela como Serrano apuntan al Ministerio de Hacienda y a la Ia tradición juridicista y reglamentista de los directivos de la. Administración" como causas principales del fracaso, aunque Serrano añade otro nombre, el del responsable de la comisión de subsecretarios hasta enero de 1991: Alfonso Guerra.Los dos interpretan que la denuncia de Felipe González se refiere a cosas muy concretas: el deficiente funcionamiento de, los servicios de Correos y Telefónica, las listas de espera de la Sanidad y la lentitud de la Justicia. "Eran y siguen siendo los puntos negros de la Administración", dice Valero. González es especialmente sensible al mal funcionamiento de los servicios y, por si fuera poco, los propios corresponsales extranjeros le recuerdan frecuentemente el mal funcionamiento de las comunicaciones en España.

Sin embargo, la reforma de la Administración no es imposible, señala Teófilo Serrano, que recuerda cómo, en la segunda mitad de los ochenta, se consiguió reducir sensiblemente el tiempo de cobro de las pensiones de la Seguridad Social. Para ese momento, el Gobierno ya había aprendido que es imposible hacer una reforma global de la Administración por decreto", señala Serrano. La Ley de la Función Pública, aprobada en 1984, siendo Javier Moscoso ministro de la Presidencia, lo puso de relieve.

Javier Valero destaca que esa ley sirvió "para finalizar con los compartimentos estancos de la Administración y racionalizar la oferta de empleo público", pero ''su puesta en práctica fue un corsé a las necesidades de reconocimiento de la singularidad de cada organización de la Administración". El aluvión de críticas que tuvo la ley y la constatación de que la reforma de la Administración era muy compleja replegó a Felipe González, añade Valero.

En ese momento entra Joaquín Almunia, al que González concede un ministerio específico, de las Administraciones Públicas, y ya no se plantea una reforma global de la Administración sino de sus organizaciones, de manera gradual, y el término "reforma" es sustituido por uno más modesto, la "modernización". "La reforma de la Administración es permanente y no tiene un final", dice Serrano, como conclusión de la experiencia anterior. La Administración crea sus propias auditorías, más de 50, y los impulsores de la reforma pretenden "más autonomía y menos control" en las organizaciones de la Administración.

Serrano, Valero y otros directores generales, con el respaldo de Almunia, ponen en marcha unas experiencias-piloto de reforma en algunas de las organizaciones de la Administración: en la Secretaría General de Turismo, en el Consejo Superior de Deportes, en el Instituto Nacional de Metereología y en el Instituto Geográfico Nacional, en la tramitación del carné de conducir. Pero sólo funciona en el Consejo Superior de Deportes y en Tráfico, gracias al entusiasmo de sus titulares, Javier Gómez Navarro y Miguel Muñoz, según recuerdan Serrano y Valero, y se consiguen algunos éxitos parciales en otras organizaciones, como la agilización en el cobro de las pensiones.

Pero la reforma vuelve a tropezar. Serrano y Valero recuerdan que el ministro Almunia no consigue su objetivo de tener la llave del dinero para llevar adelante la reforma. El ministro de Economía y Hacienda, Carlos Solchaga, y su secretario de Estado, José Borrell, se oponen.

Tropiezo definitivo

Solchaga pide a Almunia que presente planes concretos a los que el Ministerio de Hacienda responderá, pero esos planes parciales son, a su vez, recortados. "Borrell, como controlador del gasto no quiso ceder un ápice de poder y, finalmente, sus directivos no se implicaron en la reforma", dice Valero. Tampoco hay una cobertura política en la comisión de subsecretarios que preside Alfonso Guerra hasta dimitir en enero de 1991, recuerda Serrano.

Valero sitúa en la actitud de los directivos la clave última del fracaso: "El principal problema de la Administración son sus directivos. Hay una tradición juridicista y reglamentista en la que el cumplimiento de la norma es la única Finalidad cuando debía ser un instrumento para conseguir unos servicios accesibles a los ciudadanos. Había que cambiar esta cultura y ha faltado liderazgo político para ello. El problema es que ahora no tiene credibilidad la reforma porque quienes han hecho los proyectos saben que tienen escasas competencias para llevarlos a cabo".

Nueva tentativa al final del decenio

Pese a su fracaso en el empeño de reformar la Administración, el Gobierno del PSOE inició una nueva tentativa al final del decenio, tras el último reajuste del Ejecutivo en marzo de 1991. La nueva fase que protagoniza el ministro para las Administraciones Públicas, Juan Manuel Eguiagaray, empezó con buen pie, a juicio del ex director general de la Inspección, Javier Valero. "Contó con la cobertura política que le dio un acuerdo de Consejo de Ministros y consiguió, en noviembre de 1991, un pacto con los sindicatos, pero ha vuelto a tropezar con el Ministerio de Hacienda que, además, en un momento de recesión económica no está dispuesto a grandes desembolsos", señalan altos cargos de la Administración actual.En estos momentos, el Ministerio para las Administraciones Públicas -descartada una reforma global de la Administración- está empeñado en llevar adelante un Plan para la Modernización, consistente en 203 medidas concretas, repartidas por ministerios, y destinadas a la mejora de servicios, así como una Ley de Organización de la Administración, que se prevé vea la luz para la primavera.

El Plan de Modernización, que está previsto que culmine en la primavera de 1995, arroja hasta el momento resultados desiguales. Pese a la recesión económica, el grueso del plan continúa, según anunció el ministro para las Administraciones Públicas poco antes de la Navidad.

Sin embargo, desde la Administración se concede mayor importancia a la Ley de Organización. Javier Valero cree que esta ley es "la pieza más importante" porque "con ella se instrumentan las competencias y mecanismos para llevar adelante la dirección por objetivos e ir rompiendo con la cultura juridicista de la Administración". El proceso se ha ralentizado tras el parón de la Ley del Gobierno el pasado mes de junio en la Comisión de Subsecretarios.

Esta ley, cuya pretensión era separar las responsabilidades del Gobierno de las de la Administración, y presentada por el Ministerio para las Administraciones Públicas en mayo naufragó, una vez más, por la oposición del Ministerio de Hacienda. "La pérdida de poder de Hacienda y el aumento del papel de la Vicepresidencia que conllevaba la ley, están en la base de esa oposición", señalan fuentes de la actual Administración.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 3 de enero de 1993

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