Los promotores de la reforma de la Administración atribuyen su fracaso a Guerra y Solchaga

Ha sido el punto más negro del balance de los diez años de Gobierno socialista. El propio Felipe González, lo ha dicho: "Mi mayor frustación es contemplar la falta de capacidad de respuesta de la Administración a problemas que podrían ser resueltos si no hubiese esas rémoras en el funcionamiento del aparato administrativo". El ex secretario de Estado de la Administración, Teófilo Serrano, y el ex director general de la Inspección, Javier Valero, apuntan doble responsabilidad, política y administrativa, en el fracaso, y destacan la inhibición del ex vicepresidente Alfonso Guerra y del ministro de Economía, Carlos Solchaga. Valero es rotundo al afirmar: "El principal problema de la Administración son sus directivos.

Tanto Varela como Serrano apuntan al Ministerio de Hacienda y a la Ia tradición juridicista y reglamentista de los directivos de la. Administración" como causas principales del fracaso, aunque Serrano añade otro nombre, el del responsable de la comisión de subsecretarios hasta enero de 1991: Alfonso Guerra.Los dos interpretan que la denuncia de Felipe González se refiere a cosas muy concretas: el deficiente funcionamiento de, los servicios de Correos y Telefónica, las listas de espera de la Sanidad y la lentitud de la Justicia. "Eran y siguen siendo los puntos negros de la Administración", dice Valero. González es especialmente sensible al mal funcionamiento de los servicios y, por si fuera poco, los propios corresponsales extranjeros le recuerdan frecuentemente el mal funcionamiento de las comunicaciones en España.

Sin embargo, la reforma de la Administración no es imposible, señala Teófilo Serrano, que recuerda cómo, en la segunda mitad de los ochenta, se consiguió reducir sensiblemente el tiempo de cobro de las pensiones de la Seguridad Social. Para ese momento, el Gobierno ya había aprendido que es imposible hacer una reforma global de la Administración por decreto", señala Serrano. La Ley de la Función Pública, aprobada en 1984, siendo Javier Moscoso ministro de la Presidencia, lo puso de relieve.

Javier Valero destaca que esa ley sirvió "para finalizar con los compartimentos estancos de la Administración y racionalizar la oferta de empleo público", pero ''su puesta en práctica fue un corsé a las necesidades de reconocimiento de la singularidad de cada organización de la Administración". El aluvión de críticas que tuvo la ley y la constatación de que la reforma de la Administración era muy compleja replegó a Felipe González, añade Valero.

En ese momento entra Joaquín Almunia, al que González concede un ministerio específico, de las Administraciones Públicas, y ya no se plantea una reforma global de la Administración sino de sus organizaciones, de manera gradual, y el término "reforma" es sustituido por uno más modesto, la "modernización". "La reforma de la Administración es permanente y no tiene un final", dice Serrano, como conclusión de la experiencia anterior. La Administración crea sus propias auditorías, más de 50, y los impulsores de la reforma pretenden "más autonomía y menos control" en las organizaciones de la Administración.

Serrano, Valero y otros directores generales, con el respaldo de Almunia, ponen en marcha unas experiencias-piloto de reforma en algunas de las organizaciones de la Administración: en la Secretaría General de Turismo, en el Consejo Superior de Deportes, en el Instituto Nacional de Metereología y en el Instituto Geográfico Nacional, en la tramitación del carné de conducir. Pero sólo funciona en el Consejo Superior de Deportes y en Tráfico, gracias al entusiasmo de sus titulares, Javier Gómez Navarro y Miguel Muñoz, según recuerdan Serrano y Valero, y se consiguen algunos éxitos parciales en otras organizaciones, como la agilización en el cobro de las pensiones.

Pero la reforma vuelve a tropezar. Serrano y Valero recuerdan que el ministro Almunia no consigue su objetivo de tener la llave del dinero para llevar adelante la reforma. El ministro de Economía y Hacienda, Carlos Solchaga, y su secretario de Estado, José Borrell, se oponen.

Tropiezo definitivo

Solchaga pide a Almunia que presente planes concretos a los que el Ministerio de Hacienda responderá, pero esos planes parciales son, a su vez, recortados. "Borrell, como controlador del gasto no quiso ceder un ápice de poder y, finalmente, sus directivos no se implicaron en la reforma", dice Valero. Tampoco hay una cobertura política en la comisión de subsecretarios que preside Alfonso Guerra hasta dimitir en enero de 1991, recuerda Serrano.

Valero sitúa en la actitud de los directivos la clave última del fracaso: "El principal problema de la Administración son sus directivos. Hay una tradición juridicista y reglamentista en la que el cumplimiento de la norma es la única Finalidad cuando debía ser un instrumento para conseguir unos servicios accesibles a los ciudadanos. Había que cambiar esta cultura y ha faltado liderazgo político para ello. El problema es que ahora no tiene credibilidad la reforma porque quienes han hecho los proyectos saben que tienen escasas competencias para llevarlos a cabo".