El mayor 'lobby' del mundo presiona para que se legalicen en España los grupos de intereses

Hill and KnowIton, la empresa de lohby -grupo de presión en asuntos públicos más importante del mundo se ha mostrado especialmente interesada en la propuesta del CDS para crear un registro público de grupos de interés" en el Congreso de los Diputados. El objetivo es poder identificar con transparencia a las personas o grupos que quieran establecer relaciones con los miembros de la Cámara para informar o ser informados sobre sus intereses concretos.Como empresa líder en este campo, los hombres de Hill and Knowiton han iniciado la presión sobre algunos diputados para demostrar la bondad de la propuesta y su disposición para encabezar ese registro si, finalmente, cuaja el proyecto.

Hill and KnowIton, el gigante norteamericano en el mundo de los lobbies, está radicada en España desde 1979. Oficialmente se presenta como una compañía internacional de consultoría y relaciones Públicas, pero oficialmente también habla de su división de asuntos públicos, que tiene la sede en Washington. Sus últimas colaboraciones institucionales en España las ha desarrollado asesorando a la Junta de Andalucía, para la Expo-92, a través del Gabinete de comunicación Andalucía 92, y al Comité organizador de los Juegos Olímpicos de Barcelona (COOB'92).

En Estados Unidos, la sociedad Hill and KnowIton representa a la Generalitat de Cataluña. Un encargo que, según fuentes de la propia empresa norteamericana, es "muy caro, porque resulta muy difícil encontrar el hombre y el momento adecuado para explicar en Washington algo que interesa a Cataluña".

La actividad de los lobbies, regulada en Estados Unidos y admitida en Gran Bretaña, no ha logrado reconocimiento legal en otros países de Europa, donde la actividad de los grupos de presión, normalmente a través de grandes empresas de consultoría, comunicación y relaciones públicas, despierta serios recelos.

3.000 'Iobbistas' en Bruselas

Sin embargo, la acción de los grupos de presión está presente en numerosos países europeos y Bruselas, sede de la Comunidad Europea, se ha convertido en la capital de los lobbies, con unas 3.000 organizaciones y sociedades dedicadas exclusivamente a defender ante la CE los intereses públicos y privados más diversos.

La propuesta del CDS, firmada por el diputado Rafael Martínez-Campillo, fue presentada el pasado día 7 y despertó notable atención entre los grupos parlamentarios. El Gobierno y el Grupo Socialista, que lo apoyan, decidieron interesarse por el asunto, aunque sin ningún tipo de pronunciamiento y, hasta ahora, sólo a título informativo: quieren saber cómo podría articularse en la realidad un registro de esta naturaleza.

Inocencio Sanromán, el director en Madrid de Hill and KnowIton, reconoce que la mayor dificultad radica en romper la barrera del lenguaje. Los términos grupo de presión o grupo de interés despiertan un amplio rechazo en las sociedades europeas y más específicamente en los países latinos, aunque, por ejemplo, Italia haya institucionalizado, bajo cuerda, una complejísima red de intereses, no siempre legítimos y que todo el mundo admite en privado como parte de la realidad cotidiana. Sanromán defiende la necesidad de crear en nuestro país ese registro público parlamentario de grupos de interés -él sugiere que podrían denominarse "grupos de trasparencia de intereses"- como "la vía de representación de intereses má adecuada, legítima, limpia y abierta".

Admite que en algunas ocasiones la actividad de los lobbies roza la ética o la legalidad y reconoce que uno de los éxitos de la campaña el presidente electo de los Estados Unidos, Bill Clinton, ha sido el anuncio de restringir la actividad de estos grupos que han llegado a copar una gran parte de la política en aquel país.

El representante en España de la compañía norteamericana extrema su defensa de este tipo de actividad y, cuando se le señala la resistencia que el lobby propiamente dicho despierta en muchos países, afirma que "así van, de escándalo en escándalo". Cita a Japón como paradigma de gran país con gravísimos problemas de corrupción.

Sanromán defiende la transparencia como garantía fundamental de este tipo de actividad. Se trata, dice, de buscar la "comprensión mutua" entre dos partes interesadas. "No hay por qué ocultar nada, si las compañías cementeras de Rumanía contratan los servicios de una empresa para demostrar que hay que comprar su producto para construir puentes y los beneficios comerciales que esas compras pueden reportar. Hay que evitar, en cambio, que se den comisiones bajo cuerda para conseguir una contrata de obras".

El proyecto de ley de Arrendamientos Urbanos le parece un ejemplo perfecto para explicar la labor de un lobby: todos los grupos afectados, con intereses contrapuestos, debieran tener la posibilidad de acercarse abiertamente a los diputados y conseguir fórmulas de síntesis que recogieran, al menos en parte, los intereses de cada uno de ellos".