La oposición pretende paralizar los proyectos del PP en los tribunales o en la Comunidad

Al enemigo, ni agua. La oposición municipal no se conforma con negar su voto a los proyectos municipales del PP. Está dispuesta a paralizarlos como sea. Así, el PSOE llevará a los tribunales el proceso de semiprivatización de la empresa funeraria, que ayer se adjudicó oficialmente en pleno. Izquierda Unida pretende acabar con el proyecto de la plaza de Oriente sometiéndolo a un referéndum y apoyando la presión en contra que ejerce la Comunidad. Ni siquiera el PSOE municipal dio su apoyo al pacto en el Consorcio de Transportes que firmó el PSOE regional con el Ayuntamiento. Es la guerra.

El gobierno del PP no logra convencer a la oposición de sus buenas intenciones y debe aprobar en solitario sus proyectos emblemáticos. Eso sucedió ayer con sus propuestas para la plaza de Oriente, la funeraria y el Consorcio de Transportes.-Plaza de Oriente. La oposición no aceptó la propuesta del PP de permitir que el proyecto de Miguel de Oriol quedara exento de cumplir 10 normas del plan general, como la que prohíbe que los jardines de interés se destinen a usos que no son "los naturales".

"Es decir, que con esta misma figura jurídica se podría permitir la construcción de una central nuclear en el parque del Retiro", comentó en el pleno el concejal socialista. José María de la Riva. Al PSOE no le gusta el proyecto. "Pretenden construir una estación de autobuses encubierta en una zona emblemática y un centro comercial al que denominan cultural".

Franco González, de IU, confesó que "hay que agarrarse a donde sea para paralizar el proyecto, aunque sea en detrimento de la autonomía municipal", y por eso recordó que la Asamblea de Madrid aprobó una propuesta en contra de la reforma de la plaza. Izquierda Unida, además, quiere realizar una consulta popular entre los vecinos de la zona.

El concejal de Urbanismo, José Ignacio Echeverría, explicó que la exención del cumplimiento de varias normas del plan general es algo "excepcional para un proyecto excepcional". Echeverría, además, indicó a González que "los acuerdos de un pleno tienen más peso jurídico que la proposición aprobada por la Asamblea de Madrid".

Funeraria. El PSOE insistió en que planteará un recurso contencioso-administrativo contra el proceso de privatización del 49% de las acciones de la empresa funeraria. "Los tribunales decidirán", sentenció el concejal socialista Leandro Crespo, que no quiso ni siquiera entrar a discutir la adjudicación a Funespaña decidida por el PP. "Para nosotros siguen vigentes los acuerdos del pleno de julio [cuando se aprobó por la abstención del PP que la funeraria siguiera siendo municipal]".

Franco González, de IU, sí habló de la empresa adjudicataria, de la que dudó de su solvencia, y ofreció Jocosamente 1.000 pesetas por la funeraria. Según González, Funespaña adquiere la empresa por las 100 pesetas en que valora sus acciones. No obstante, según su oferta, Funespaña se compromete a aportar 200 millones más para ampliar el capital; 3.858 millones para otros conceptos, aunque condicionados, y a asumir la deuda de 6.700 millones con el Banco de Crédito Local. González comentó que la funeraria iba a tener beneficios desde el próximo año. "Esto es mejor que la lotería. Por 100 pesetas, Funespaña ha comprado una empresa rentable".

-Consorcio. La oposición también votó en contra de la ratificación del acuerdo alcanzado por el Ayuntamiento y la Comunidad para garantizar la continuidad municipal en el Consorcio de Transportes. El pacto significa un recorte de las inversiones previstas entre este año y el próximo de unos 13.000 millones.

José Luis Pestaña, concejal de Izquierda Unida, comentó que "el mejor acuerdo para las instituciones [como lo denominó el PP] es el peor para los madrileños. La estrategia del PP, llevar al transporte público a la quiebra, se ha implantado", comentó.

El PSOE también criticó el acuerdo, a pesar de que está respaldado por los socialistas del Gobierno regional. "El único objetivo que ha conseguido el PP es poner menos dinero y lesionar a los madrileños", comentó Eugenio Morales. "Además, en los presupuestos de 1993 faltan 3.400 millones del total que el Ayuntamiento se comprometió a aportar".