La justicia británica ordena a John Major dar marcha atrás en el cierre de minas de la British Coal

Los sindicatos mineros británicos ganaron ayer su primer pleito judicial contra la orden de cierre de 31 minas de carbón, tomada por el Gobierno de John Major el pasado 13 de octubre. Según el fallo del Alto Tribunal de Justicia de Londres, anunciado ayer por el juez Glidewell en una intervención que se alargó durante más de cuatro horas, British Coal (empresa estatal del carbón) y el propio Gobierno británico actuaron "ilegalmente" en su decisión de cierre.A última hora de la tarde, Michael Heseltine, ministro de Industria y Comercio, admitió que el Gobierno había actuado erróneamente. "Nos equivocamos", reconoció ante las cámaras de televisión, para proseguir: "Una vez decidido que había que reducir la capacidad de British Coal, no consideramos necesario proceder con una consulta". Pero, en un claro revés contra las expectativas de los sindicatos, el ministro insistió en que "hoy no se ha añadido o sustraído nada a la controversia sobre el anuncio de los cierres".

Los líderes de la oposición pidieron la dimisión de Heseltine y de la ministra de Trabajo, Gillian Shephard, en vistas al reconocimiento por parte del juez de los principales puntos en la defensa de los sindicatos. El pasado 13 de octubre, fecha de la drástica decisión, los mineros criticaron "la injusticia, ilegalidad y fallo irracional" de las autoridades que ordenaron el cese de producción sin haber consultado a los empleados o a sus representantes sindicales. Y, una semana más tarde, al tiempo que Heseltine daba marcha atrás en la fecha de cierre de 21 de los 31 pozos sentenciados, la comunidad minera protestó por la "arbitrariedad de la selección".

Arthur Scargill, presidente del Sindicato Nacional de Mineros, aseguró que la sentencia "hace añicos la política del Gobierno conservador" y ofrece "un rayo de esperanza a los mineros". Su abogado, Mark Stephens, defendía la reanudación de las extracciones de carbón. Los planes de reestructuración, definidos sin consulta previa, fueron criticados incluso por miembros del Partido Conservador. La amenaza de cierre de 31 minas e inevitable despido de 30.000 mineros movilizó a la sociedad británica en una de las mayores manifestaciones de los últimos años.